Pavol Szalai, responsable en Reporteros sin Fronteras de la situación de los periodistas de la Unión Europea y los Balcanes, habla para RTVE.es de la detención de la reportera Ariane Lavrilleux, arrestada en Francia por publicar una investigación que desvela una operación secreta gala con Egipto en la que se produjeron ejecuciones extrajudiciales.
PREGUNTA: ¿Cómo se encuentra la periodista Ariane Lavrilleux?
RESPUESTA: Pude hablar con ella antes y después de nuestra rueda de prensa, que celebramos con ella en los locales de Reporteros sin Fronteras. Fue para ella una oportunidad de hablar de su detención y el registro de su casa. Y es realmente impresionante. Es una mujer decidida y tiene mucho valor. Y ha resistido a todas las presiones del Estado francés para que revelara sus fuentes. Es absolutamente impresionante, y va a seguir luchando por una mejor protección de la confidencialidad de las fuentes de los periodistas en Francia.
P: ¿Entienden que sus derechos fueron violados?
R: Sus derechos como persona fueron violados porque consideramos que fue encarcelada y registrada ilegítima y arbitrariamente. Tal vez fue un procedimiento legal, pero se abusó de la legislación para socavar la confidencialidad de las fuentes. Y, por supuesto, durante el tiempo que estuvo en la celda, no pudo trabajar y no pudo, como periodista, contribuir al interés público y al derecho a la información del público. Así que la libertad de prensa en Francia también fue víctima de este procedimiento arbitrario del servicio de inteligencia francés.
P: ¿Cuál es ahora su situación legal?
R: Después de 39 horas de arresto, fue puesta en libertad. Y actualmente no está procesada. Desafortunadamente, aún existe la posibilidad de que sea acusada y procesada por comprometer el secreto de la defensa nacional. Y estamos tomando medidas como organización para sacar lecciones de esta situación. En primer lugar, hemos hecho propuestas para cambiar la legislación francesa con el fin de proteger mejor a los periodistas contra los intentos de revelar sus fuentes. Y, en segundo lugar, estamos pensando en una acción legal para impugnar este procedimiento al que se ha sometido a Ariane. Así que seguimos muy de cerca el caso, por supuesto. Estamos en contacto con ella y divulgamos y haremos todo lo posible para que Ariane no sea perseguida y acosada por su legítimo trabajo de periodista.
P: ¿En qué medidas están pensando concretamente?
R: La confidencialidad de las fuentes es una piedra angular de la libertad de prensa y está protegida por la legislación francesa. Desgraciadamente, esta protección es insuficiente. Existe una exigencia imperativa de interés nacional que puede servir para romper o violar la protección de las fuentes. Y el problema es que este requisito de interés nacional que prevalece sobre la protección de las fuentes es muy vago. Así que permite el abuso del procedimiento, que probablemente es lo que hemos visto en el caso de Ariane. Lo que proponemos es que esta noción se elimine de la legislación francesa y se sustituya por una lista de delitos muy precisa cuya prevención puede justificar un intento por parte del Estado de revelar las fuentes. También proponemos sancionar los intentos ilegítimos de revelar las fuentes. Porque, hoy en día, lo único que puede ocurrir legalmente a la policía o a las autoridades, si hacen intentos de revelar fuentes o dibujos, es que el procedimiento sea anulado. Pero nosotros proponemos sancionar a estas personas por estos atentados a la libertad de prensa.
P: En el caso de Ariane, ¿cuánto ha pesado que su investigación afectase al ministerio de Defensa?
R: El papel del ministerio de Defensa, que presentó la denuncia que condujo a la detención de Ariane, es proteger los secretos de interés nacional. Pero el papel del periodista es investigar en favor del interés público. Y esta investigación y otras suyas tienen un enorme y, sin duda, un interés público. Es decir, se trata de actuaciones del Estado francés en Egipto en la venta de armas y, también, a terceros países, incluida Rusia. Así que tenemos que hacer todo lo posible para que este secreto de defensa nacional, no sea un pretexto para socavar la piedra fundacional de la libertad de prensa.
P: Reporteros sin Fronteras ha denunciado la situación de Pablo González, periodista español preso en Polonia desde marzo de 2022 y acusado de espionaje. Y también han llamado la atención a la situación de Julian Assange en el Reino Unido ¿Cómo valoran la situación de la libertad de prensa en Europa en los últimos tiempos?
R: Efectivamente, en Reporteros sin Fronteras seguimos ambos casos de Pablo González en Polonia y Julian Assange encarcelado en el Reino Unido. Y luchamos mucho para que Julian Assange no sea extraditado a EEUU. Yo diría que gracias a las iniciativas de las instituciones europeas y gracias a la movilización de periodistas de toda Europa, incluida nuestra organización, la cuestión de la libertad de prensa es ahora un tema que se debate en Bruselas en las instituciones europeas, y tenemos varias iniciativas de la Comisión Europea para proteger mejor a los periodistas, incluidas sus fuentes. Fíjese en la propuesta de la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, que incluye un artículo sobre la protección de las fuentes y que es muy ambiciosa. Cuando hablamos de la propuesta de la Comisión, nos alegramos de que ahora sea un tema de actualidad en Europa.
Pero sí, lo que hemos observado, especialmente con motivo de la publicación de la Clasificación de la Libertad de Prensa de este año, es que en la UE cada vez con más frecuencia se utilizan el interés nacional, la seguridad del Estado, los secretos de defensa, como pretexto para perseguir arbitrariamente a periodistas y a sus fuentes, como Assange. Aunque el Reino Unido ya no forma parte de la UE, sí lo hace Europa en general. También lo hemos visto en Grecia, donde los periodistas fueron vigilados arbitrariamente con un software muy potente llamado Predator. Y antes de eso tuvimos el caso de Pegasus, y el objetivo es siempre el mismo: identificar las fuentes de los periodistas con el pretexto de proteger la seguridad nacional. Así que esto, por desgracia, se ha convertido en una cuestión transeuropea que ahora ha crecido más a la sombra de la guerra en Ucrania. La agresión rusa a Ucrania no puede ser un pretexto para limitar la libertad de prensa en Europa.