El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decretó el Estado de Excepción el 27 de marzo de 2022 con el objetivo de acabar con las maras. Estas pandillas, originarias de Estados Unidos en los años 80, llegaron a Centroamérica tras las deportaciones de los 90.
En El Salvador, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se ha reducido a poco menos del 8, una de las más bajas de América Latina.
En diciembre de 2022, Honduras, su vecino, seguía su ejemplo para hacer frente al mismo problema: es el segundo país del mundo con más asesinatos por cada 100.000 habitantes con una tasa del 36,33.
En el séptimo episodio de Españoles en conflictos viajamos, junto a Almudena Ariza, a Honduras para conocer cómo se convive con esta situación.
La violencia de las maras
La cantidad de miembros activos en las pandillas, según estimaciones de Human Rights Watch, podría llegar a ser 40.000 en 2022. Gran parte de ellos pertenecen a las dos maras mayoritarias: la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla Callejera 18 (Barrio 18).
Entre ellos se libra una auténtica guerra por controlar el territorio y el tráfico de drogas que se traduce en 3,439 víctimas de homicidio en 2022. A ello hay que sumarle que, según cifras de Alliance for Peace and Justice Honduras, en 2019, solamente el 24% de los casos de homicidio fueron investigados y el 13% llegaron a una condena.
El impuesto de guerra
Una guerra que está financiada, principalmente, por la extorsión. Según un estudio de 2022, titulado “Impuesto de guerra: El fenómeno de la extorsión y la respuesta estatal en Honduras”, se mueven 18,270 millones de lempiras al año solo por este delito.
Unas cifras que representan el 16% de la recaudación tributaria para Honduras en 2022.
Según el mismo estudio, el 9% de los hondureños son víctimas de extorsión en algún momento, lo que sería equivalente a 206,623 hogares afectados por este delito.