La reforma judicial planteada por el Gobierno de Israel, encabezado por Benjamin Netanyahu e integrado por varios partidos ultraderechistas y ultraortodoxos, ha sumido al país en su mayor crisis constitucional desde su fundación en 1948.
La legislación ha provocado las mayores protestas de la historia de Israel, con un récord de 650.000 asistentes en la noche de este domingo, después de que Netanyahu cesara al ministro de Defensa, Yoav Gallant, por pedir frenar su tramitación.
La propuesta, impulsada por el ministro de Justicia israelí, Yariv Lenin, tiene entre sus principales núcleos entregar al Parlamento un mayor control sobre el aparato judicial, lo que se ha denunciado como un intento del Gobierno de coalición de aprovechar su dominio de la Kneset para condicionar la administración de justicia.
El Instituto para la Democracia en Israel ha explicado que el "objetivo explícito" de la propuesta es "debilitar la capacidad del aparato judicial de supervisar la acción de las ramas ejecutiva y legislativa", lo que podría poner en peligro el sistema democrático y las libertades civiles en el país.
La 'cláusula de anulación'
Se trata de uno de los aspectos que más polémica ha desatado, ya que convertiría los fallos del Tribunal Supremo sobre una legislación aprobada por la Kneset en una "recomendación" que el Parlamento podría saltarse en caso de que la corte dictara que una ley es "inconstitucional".
Israel no cuenta con una Constitución formal y tiene una batería de leyes básicas que regulan la separación de poderes, que el Supremo emplea como punto de partida a la hora de determinar si las leyes aprobadas por el Parlamento se ajustan a este marco legal o son una violación del mismo.
Los que se oponen a la ley ven esta cláusula como una clara violación de la separación de poderes y la independencia judicial, así como una seria amenaza para la democracia del país.
La propuesta de ley que incluye esta cláusula recibió la luz verde hace dos semanas y su aprobación definitiva se ha retrasado para mayo, después del receso parlamentario por la Pascua Judía.
Cambios en el nombramiento de jueces
Otro de los aspectos más criticados de la propuesta es la introducción de cambios a la hora de designar a los integrantes del Comité de Nombramientos Judiciales para dar al Ejecutivo la autoridad para seleccionar a los integrantes del Tribunal Supremo.
Actualmente, el comité responsable de recomendar el nombramiento de jueces está compuesto por nueve miembros, entre magistrados en ejercicio, representantes del Colegio de Abogados de Israel, miembros de la Kneset y del Gobierno, de forma que se requiere un acuerdo entre todos para elegir a los jueces.
Este sistema fue implantado en 1953, cuando el Gobierno y la Kneset cedieron sus competencias a la hora de nombrar a jueces, que hasta entonces dependía de la recomendación del Ministerio de Justicia y ratificación del Parlamento de la propuesta del Gobierno en el caso de los integrantes del Tribunal Supremo.
La reforma busca ampliar a 11 los miembros del comité y cambiar la composición del comité: tres jueces independientes y dos legisladores de la oposición. Esto otorgaría al Gobierno una mayoría de seis miembros sobre 11.
Asesores legales de los ministerios
La propuesta busca que los asesores legales de los ministerios sean nominados por los partidos políticos. Hasta ahora eran expertos independientes supervisados por el Ministerio de Justicia.
Además, las opiniones de esos asesores dejarán de ser vinculantes y de obligado cumplimiento. De esta forma, los ministros tendrán control total para elegir y despedir a los asesores, lo que para los detractores de la reforma implica una clara politización de los controles judiciales.
La oposición denuncia que esta vía convertiría a los asesores en apéndices de los partidos que controlen los ministerios, en lugar de figuras públicas independientes cuyo objetivo es dar opiniones legales sobre las acciones que adopten los ministerios y que están subordinados a la Fiscalía General.
Según el Instituto para la Democracia en Israel, esta situación implicaría que, una vez que se presenten propuestas por parte de los ministerios, no se podrá asumir que han sido analizadas de forma adecuada y en línea con las leyes del país, incluidas las leyes básicas.
Limitar el alcance del concepto de "razonabilidad"
La reforma también contempla limitar el alcance del concepto de "razonabilidad" por el que los tribunales pueden someter por iniciativa propia a revisión judicial cualquier decisión gubernamental, incluyendo el nombramiento de cargos públicos, en base a si consideran las medidas razonables o irrazonables.
El Tribunal Supremo consideró en enero "irrazonable" el nombramiento como ministro del Interior y Sanidad del líder ultraortodoxo Aryeh Deri, meses después de que fuera condenado por fraude fiscal y eludiera la cárcel a cambio de un acuerdo de culpabilidad en el que se comprometía a dejar la política.