El mes pasado El Salvador inauguró una polémica macrocárcel, denominada Centro de Confinamiento de Terrorismo (CECOT), para contener el problema de la violencia protagonizada por las maras o pandillas callejeras. El presidente de Colombia la definió hace unos días como "campo de concentración". En una entrevista concedida a RTVE, el ministro de Justicia salvadoreño la ha calificado de "monumento a la justicia".
"Sé que se son imágenes que molestan, que chocan, pero el CECOT es el monumento más grande que haya hecho este país a la justicia", ha declarado el ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro.
Es la mayor prisión de América Latina, con capacidad para 40.000 reclusos y pretende aliviar el hacinamiento en otras cárceles, desbordadas por los 65.000 detenidos bajo el régimen de excepción. Muchos de ellos, de manera arbitraria, tal y como defienden familiares y distintas ONG. Además, se han producido más de 100 muertes bajo custodia.
"Allí, cuando usted llega al penal, le dicen: 'Bienvenidos al infierno'", explica a TVE el exrecluso Manuel Alfaro, que pasó siete meses en una prisión de El Salvador. "En una celda para 12, éramos 40, dormíamos unos encima de otros".
La prisión no tiene patio ni áreas de recreo
En la nueva macrocárcel habrá hasta 120 presos en celdas de 100 metros cuadrados. El penal no cuenta con patio, ni con áreas de recreo para los reclusos.
"Son cárceles que buscan torturar, que buscan castigar y reforzar esta idea de que las pandillas no se merecen nada más que la aniquilación y el castigo", apunta a TVE la directora del programa de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista, Verónica Reyna.
Un discurso de mano dura que da réditos al gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele y que, en el caso de la cárcel, apunta también a los jóvenes.
"No es un futuro en este país pertenecer a este tipo de estructuras", defiende Villatoro.
Los símbolos de las pandillas también han desaparecido de las calles, es difícil encontrar graffitis, o "placazos", como lo llaman los integrantes de estos grupos. El Ejecutivo de Bukele también ha querido borrar su rastro de las paredes del país.