Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) no son un cuerpo dado a las protestas colectivas. “Nadie quiere hacer huelga”, reconocen, pero llevan más de tres semanas de “lucha titánica” contra el Ministerio que dirige Pilar Llop para exigir una adecuación salarial respecto a las funciones que han adquirido desde 2009 y que antes correspondían en exclusiva a los jueces. Mientras, los efectos de la huelga indefinida que comenzó el 24 de enero están causando estragos en la Administración: calculan que se han suspendido ya 146.000 vistas y juicios y que llevará meses recuperar la actividad normal. Justicia se reúne con los letrados este jueves y la ministra espera tener un "diálogo honesto" con ellos, aunque el Ministerio cree que ya ha cumplido con la adecuación salarial y sus peticiones no están "justificadas". Los letrados advierten de que no pararán hasta que no se cumpla con sus reivindicaciones.
Cuando un ciudadano acude a la justicia por un despido o una reclamación de cantidades, por ejemplo, el letrado está presente durante casi todo el proceso, sobre todo desde que asumieron buena parte de las funciones de los jueces en 2009 y en sucesivas reformas (especialmente la de 2015). Ellos admiten las demandas a trámite tras comprobar que cumplen con los requisitos, asumen el señalamiento para poner fecha a los juicios, han asumido el impulso procesal de los asuntos y la ejecución forzosa de las resoluciones cuando la parte demandada no quiere cumplir con las medidas del juez. El juez, más allá de sus funciones propias, solo interviene en estos procesos cuando lo requiere el letrado ante algún tipo de posible defecto y es el único que tiene competencia para inadmitir una demanda.
Los paros están posponiendo todos estos procesos. En las más de tres semanas que lleva la huelga indefinida, los LAJ han registrado máximos de 85% de personas que han secundado la huelga y mínimos de 73%; por contra, el Ministerio ha notificado entre un 33,92% y un 18,9% de seguimiento. La diferencia de cifras varía en parte porque los letrados contabilizan en los paros a quienes están de baja o de permiso. Con todo, dicen que se ha paralizado en torno a un 65% de la actividad procesal.
Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Cuatro semanas de huelga de los letrados de la Administración de Justicia: "El Ministerio no ha querido convocarnos antes" - Esuchar ahora
"Cuando vuelva, me encontraré 300 demandas acumuladas pendientes"
“Se están suspendiendo unas 10.000 vistas en todas las jurisdicciones cada día. Van desde despidos, reclamaciones de cantidad, pensiones de invalidez o discapacidad, bodas… afecta a todo. Y eso sin contar las demandas que no se están incoando, que no entran y que son muchísimas”, señala a RTVE.es Rafael Lozano, uno de los miembros del Comité de Huelga. “Cuando vuelva a mi juzgado, probablemente me encontraré unas 200 o 300 demandas acumuladas pendientes, algo que va a pasar en todas las jurisdicciones salvo en la penal, donde la huelga afecta un poco menos” porque interviene con los derechos fundamentales de la persona, añade.
La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) indicaba este miércoles que son ya 146.000 las vistas y juicios suspendidos, 19.000 sólo en la Comunidad de Madrid o 6.000 en Galicia, por ejemplo. La huelga ha obligado también a suspender este miércoles el juicio en Las Palmas contra cuatro acusados de violación grupal a una joven en mayo de 2015. La semana pasada, tuvo que ser igualmente suspendida la declaración de tres imputados en el caso 'Acuamed' que lleva el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.
Juan José Yáñez, miembro también del Comité de Huelga y de UPSJ, explica a RTVE.es: “Aún vamos a tardar en valorar el alcance tan grande que tiene esta huelga porque el colapso se va a multiplicar. Ahora mismo, en las bandejas de entrada de los juzgados hay una cantidad gigantesca de escritos y demandas”, cuando las agendas de los juzgados antes de la huelga ya estaban “muy llenas” y se estaban “señalando (juicios) para 2024 o 2025”.
Exigen cobrar el 85% que un juez: “Tenemos la misma responsabilidad”
El motivo de la huelga son los supuestos “incumplimientos” del Ministerio de Justicia con los letrados respecto a los compromisos que habrían adquirido en la primavera del año pasado relativos a una adecuación salarial para cobrar en proporción a lo que cobran los jueces (piden un 85%) y a suprimir dos de los cinco grupos de destino poblacional que condicionan uno de los complementos que reciben los letrados. Los letrados reivindican también la negociación colectiva.
Sin embargo, no hay un documento escrito y firmado que recoja ningún acuerdo de aquellas negociaciones y desde el Departamento de Pilar Llop aseguran que la adecuación salarial que piden los letrados y que también recogían los Presupuestos Generales del Estado de 2021 ya está zanjada.
Los letrados cobran un salario base, según se recoge en los Presupuestos Generales de 2023, de entre 18.437,52 euros brutos al año (1.536,46 euros al mes), hasta los 20.878,44 euros (1.739,87 mensuales) en función de la categoría. Estas cifras no contemplan los complementos retributivos que los letrados suelen cobrar. La diferencia con lo que cobra un juez no es mucha, ya que los jueces y magistrados cobran respectivamente entre 20.878,44 y 23.861,7 euros.
Sin embargo, el Comité de Huelga señala que la gran diferencia de salarios está en los complementos retributivos, que no son “proporcionados ni correctos”: “Un letrado que está empezando cobra en torno a 1.800 euros en su primer destino. Un juez en las mismas condiciones puede cobrar casi el doble”.
“Yo no quiero cobrar como un juez”, explica Nuria, letrada de un juzgado de instrucción de Móstoles (Madrid), pero se queja de que, teniendo en cuenta los complementos retributivos, cobra tan solo “diez euros más” al mes que el cuerpo de la Administración de Justicia inmediatamente inferior en categoría, el de Gestión Procesal”. “Y eso que tienen la mitad de responsabilidad que tengo yo, que tengo que pagar el seguro de responsabilidad civil y penal en su horquilla más alta como lo hace un juez”, expone.
El Ministerio dice que ya ha cumplido
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado este miércoles en el Congreso ante una interpelación urgente del PP que está "en condiciones" de tener un "diálogo honesto" con los letrados, pero ha destacado las mejoras laborales que ya han aplicado desde su departamento a este cuerpo de funcionarios.
Aunque el Ministerio dice que ha habido más de 30 reuniones, desde el Comité de Huelga critican que esta sea la primera tras el inicio del paro indefinido y llega “demasiado tarde”, puesto que los contactos se extinguieron, dicen, el pasado mes de otoño. Aún así, celebran la reunión y esperan que el Ministerio acceda a sus condiciones. Sin embargo, el choque a día de hoy sigue siendo patente.
Desde el Ministerio, explican que el salario de los letrados de la Administración de Justicia oscila entre 39.011,80 euros y 60.823,70, “productividad, complementos y sustituciones aparte”. A esto, Yáñez responde que “solamente alcanzan las retribuciones más elevadas los letrados del Tribunal Supremo”, mientras que los 4.300 restantes “están en la parte baja de la franja".
Justicia añade que se ha realizado un incremento retributivo de 206,87 euros al mes relativo exclusivamente a la adecuación salarial por las nuevas funciones adquiridas, lo que supone un incremento del 5,26% de media en su salario anual (2.482,44 euros anuales). “Se cumple así el acuerdo sindical del 15 de diciembre de 2021”, asegura. El Comité de Huelga apunta a esta subida como la principal causa del conflicto, puesto que se pretende subir con un incremento del 5,26% “14 años de funciones que implican una sobrecarga del 70% del trabajo” de los letrados, algo con lo que no están de acuerdo.
Justicia señala también que, a esta subida, hay que sumar la del 9,5% que experimentan todos los funcionarios públicos. Por lo que, en total, entre 2022 y 2024, la subida del salario de estos profesionales es de un 14,76%. Apuntan además que la retribución en concepto de entradas y registros ha subido “más del 300%”, ya que ha pasado de 30 a 110 euros. Por su parte, Yáñez asegura que estas entradas y registros no se están cobrando “salvo que se trate de entradas simultáneas en cuanto a la intervención de un letrado que no esté de guardia”.
El Ministerio indica asimismo que las retribuciones del régimen de sustituciones han pasado de 700 a 1.600 euros “de media”. Y añaden que el Ministerio ya incluyó su modificación respecto a los letrados en el plan anual normativo de 2022 y “ha iniciado la tramitación de los reales decretos que regulan las retribuciones del cuerpo, con la finalidad de asimilarlo al sistema de retribución de las sustituciones para las carreras judicial y fiscal”.
Con todo, dice el Ministerio que un letrado de la Administración de Justicia “cobra entre un 63,33 y un 83,94% de lo que cobra un juez o un fiscal. Esta diferencia de retribuciones se justifica en la diferencia de funciones, responsabilidades y tipo de oposición de ambos cuerpos”.
“Justicia: "Cualquier tipo de reclamación por parte de los letrados no está justificada"“
Por todos estos motivos, Justicia entiende que “cualquier tipo de reclamación salarial por parte de este colectivo no está justificada, ni responde a los intereses del Servicio Público de Justicia”, ni tiene como objetivo “mejorar” dicho servicio.
Al igual que el Comité de Huelga, Nuria tampoco está de acuerdo con los argumentos del Ministerio y dice que los compañeros que están en huelga están “hundidos”. “Es una lucha titánica la que se tiene contra el Ministerio en este momento”, asegura, y destaca que la mayoría de responsables de la huelga “no son liberados sindicados”: “Nos pueden dar por todos los lados”.