El Tribunal Supremo ha avalado este martes el mantenimiento de la fábrica de Ence en Lourizán (Pontevedra) al respaldar la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo la prórroga de 60 años concedida a la compañía para la ocupación de la franja de dominio público marítimo-terrestre en la que están sus instalaciones. Ence es una empresa de celulosa y energía dedicada a la transformación de madera procedente de cultivos forestales para uso industrial.
El Supremo había fijado para esta jornada la votación y el fallo de los dos recursos de casación presentados por la empresa a las sentencias de la Audiencia Nacional que anularon tal licencia y la resolución, facilitada a la prensa, considera ahora que se pueden prorrogar las concesiones anteriores a la Ley General de Costas de 1988, como es el caso, siempre y cuando consten informes medioambientales favorables. En el asunto analizado, especifica el dictamen, "constaban informes favorables de la Administración en esa materia".
Los magistrados del Supremo dan respuesta así a los recursos presentados tanto al procedimiento seguido a instancia de Greenpeace España como al iniciado por el Ayuntamiento de Pontevedra. Ambos han terminado en sendas sentencias de la Audiencia Nacional que anularon la prórroga que, a principios de 2016, le otorgó el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy para que la fábrica continuase su actividad en la ría de Pontevedra hasta el año 2073.
Reacciones desde Greenpeace España y la Xunta de Galicia
Greenpece España ha lamentado la decisión porque considera que "permitirá a Ence seguir dañando la ría de Pontevedra" al avalar la prórroga de 60 años concedida por el entonces Gobierno en funciones de Mariano Rajoy. Para la ONG, esta prórroga fue un regalo del entonces ministro del ramo, Miguel Arias Cañete. "Esta sentencia no permitirá que se libere el dominio público marítimo-terrestre de la ría de Pontevedra de una actividad altamente lesiva y que resulta incompatible con la Ley de Costas, pues podría desarrollarse en cualquier otro lugar", ha valorado en un comunicado la ONG.
Asimismo, Greenpeace defiende que "la presencia de Ence en la ría no está justificada tal y como declaró la Audiencia Nacional y a pesar de la decisión del Tribunal Supremo", pues, según argumenta, "impide recuperar la marisma de Lourizán para el patrimonio natural gallego, para el bien común y restaurar el desastre generado en los últimos 60 años".
Por otro lado, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha celebrado esta victoria de "muchas, muchas familias que van a poder seguir viviendo y trabajando en Pontevedra y en Galicia", como ha indicado en su perfil de Twitter.
La continuidad de la factoría en Pontevedra ha supuesto un debate abierto tanto en la sociedad de Pontevedra -con manifestaciones a favor y en contra- y en el ámbito político, y ha incluido cambios de postura, incluso desde la Administración autonómica. De hecho, Alberto Núñez Feijóo reivindicó en su día la retirada de la factoría de su actual emplazamiento, pero cambió de postura en el año 2015, poco antes de las elecciones municipales, como previamente habían hecho los populares en el ámbito local.
Desde entonces, la Xunta de Galicia llegó a manifestarse partidaria de analizar un posible cambio de emplazamiento, pero oídos los argumentos de la empresa, secundan la versión de que no hay otra ubicación posible para albergar la factoría y esgrimen que cualquier traslado supondría un cierre con el consecuente efecto en "miles" de empleos.
La empresa muestra su satisfacción
Por su parte, Ence ha mostrado su "satisfacción" tras conocerse este martes la decisión del Supremo. En un comunicado, celebra que el alto tribunal "haya despejado la incertidumbre" sobre el futuro de su proyecto industrial en Galicia y aporte la "seguridad necesaria" para acometer sus planes de futuro en Pontevedra.
"Ence seguirá centrada en crear riqueza y empleo sostenibles en Galicia a través de la actividad de esta planta, que se mantendrá siempre a la vanguardia en eficiencia, mejores tecnologías disponibles y sostenibilidad", aseguran desde la compañía.
La reversión de los deterioros de activos y provisiones de gastos registrados en los estados financieros de 2021, como consecuencia de las sentencias de la Audiencia Nacional, tendrá, según Ence un impacto positivo estimado de 169 millones en el beneficio de la empresa. La dirección de la fábrica pastera celebra que este complejo industrial "vaya a formar parte" del futuro de Pontevedra y de toda Galicia, un futuro al que la empresa "quiere aportar valor, contribuyendo al desarrollo sostenible e incluyendo y escuchando a todos.
A este respecto, Ence sostiene que va a entablar "de forma proactiva" un diálogo abierto con la sociedad pontevedresa, "escuchando la voz de todos y respondiendo a las inquietudes de nuestro entorno", según su presidente, Ignacio de Colmenares.
"Juntos tenemos que ser capaces de visibilizar todo lo que aportamos a esta comunidad, así como de continuar avanzando y mejorando", ha añadido De Colmenares. Ence hace extensible esta invitación al diálogo "a los colectivos más críticos con nuestra actividad", a los que el presidente de la compañía invita a reunirse con ellos, "para buscar puntos de encuentro y vías de colaboración, en beneficio de toda la sociedad".
Otros recursos analizados con respecto a viviendas
Asimismo, ha habido otros recursos analizados en la reunión celebrada en Madrid, también relativos a la prórroga de concesiones de dominio público marítimo-terrestre, pero referentes a viviendas. Se trata concretamente de un caso de viviendas ubicadas en la playa Babilonia, en Guardamar del Segura (Alicante).
La misma Sección ha ratificado la resolución de la Administración, también apoyada por la Audiencia Nacional, de denegar la prórroga porque en esos casos la denegación venía amparada con informes medioambientales "desfavorables". No obstante, el contenido íntegro de las sentencias, que contarán con el voto particular de la magistrada Ángeles Huet, se conocerá, ha comunicado el alto tribunal, en los próximos días.