La Junta de Castilla y León ha acordado este jueves en consejo de gobierno "inadmitir" el requerimiento del Gobierno central sobre el protocolo antiaborto de Castilla y León porque dicho protocolo “no existe”. Insiste, en cambio, que de lo que se trata es de mejorar las "prestaciones" sanitarias, algo que queda a decisión de los propios profesionales y que en ningún modo implicará "coacción" a las mujeres. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido ya "con contundencia" que la Junta "sabe que tiene que responder" al requerimiento.
En rueda de prensa, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido que han sido los Servicios Jurídicos del Ejecutivo autonómico los que han informado a favor de esta decisión, ante la "inexistencia del objeto sobre el que versa el requerimiento", al entender que no hay modificación alguna del protocolo que afecta a la Ley del Aborto. Argumenta también que no existe un “conflicto de competencias” y “no se determinan los preceptos que pretenden ser objeto de requerimiento por parte del Gobierno”.
Por otra parte, ha señalado que el Gobierno central "pretende ampararse en declaraciones políticas que son completamente ajenas a la aprobación de normas", en relación a las explicaciones del vicepresidente, Juan García-Gallardo, sobre este protocolo que él denominó 'provida'.
En un mensaje de Twitter, el presidente de la región, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado que la Junta inadmite el requerimiento "al no haberse producido ningún acuerdo que vulnere la legislación" y exige al Gobierno de Pedro Sánchez que "rectifique y abandone su política de acoso a Castilla y León".
El portavoz de la Junta ha explicado que lo que se acordó la semana pasada "fue una mejora en las prestaciones" a mujeres embarazadas. Precisamente, ha dicho no saber su fue "un error" hablar de "protocolo", porque el protocolo actual no se cambia y la mejora de las prestaciones van dirigidas a todas las mujeres embarazadas.
Respecto al estado de salud de la coalición entre PP y Vox, ha subrayado que "lo importante" es que "todos" tengan la voluntad de seguir trabajando en su "ambito de actuación". Y preguntado por un posible adelanto electoral, ha recalcado que esa decisión "corresponde únicamente" al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y "su criterio se basa siempre en el interés general".
Sánchez: "La Junta sabe que tiene que responder"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido con "lealtad institucional" pero también “contundencia” a la Junta de Castilla y León en la rueda de prensa posterior a la Cumbre Hispanofrancesa que ha dado junto el presidente galo, Emmanuel Macron. Sánchez ha asegurado que la Junta "sabe que tiene que responder al requerimiento” y también "sabe" que el Gobierno de España "va a velar por que se cumplan los derechos de los españoles y las españolas vivan donde vivan".
Sánchez responde con "contundencia" a la Junta de Castilla y León: "Sabe que tiene que responder al requerimiento"
La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha respondido inmediatamente que "un requerimiento no se puede inadmitir", sino que "se contesta o no". Fuentes del Ejecutivo critican que la Junta "se escuda" en que no hay una normativa aprobada al respecto, pero advierten de que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional "prevé la actuación jurídica conocida como la vía de hecho", que permite requerir el cese de un anuncio normativo si "vulnera la ley" o las "competencias".
Con todo, Rodríguez ha pedido "rigor" al Ejecutivo de Castilla y León: "Yo espero que en aras a la relación leal y de cooperación que ha de existir entre las distintas administraciones, se hagan cargo de dar respuesta a ese requerimiento, que es un paso formal, y aclaren", porque hay "distintas versiones".
"Algo aprobaron, entonces lo llamaron protocolo, ahora lo llaman instrucción, y no quieren dar cuenta de lo que es", según ha indicado la ministra-portavoz, para quien el objetivo del PP era "contentar" a sus socios de Vox.