El Gobierno valenciano ha presentado alegaciones al plan del Tajo al considerar que contiene defectos en la tramitación que pueden determinar su nulidad de pleno derecho. Por ello, el Consell que preside Ximo Puig ha pedido al Consejo de Estado que emita un informe desfavorable sobre el proyecto de real decreto que afecta al plan hidrológico en el que se incluye la regulación del trasvase Tajo-Segura.
La petición del Consell se basa en las alegaciones elaboradas por la Abogacía de la Generalitat, que ya han sido remitidas al órgano consultivo del Gobierno, en las que se acreditan "defectos acaecidos en la tramitación del proyecto" en referencia al hecho de cambiar, posteriormente y sin aviso previo, un texto que fue sometido a votación y aprobado por el Consejo Nacional del Agua.
En concreto, se refiere al cambio de redacción que sufrió la disposición adicional novena del proyecto de real decreto y, sobre todo, en la manera en que se llevó a cabo ese cambio. El primer texto de esa disposición vinculaba el establecimiento de los caudales ecológicos a una valoración previa del estado ambiental que presentasen las masas de agua, que fue aprobado mayoritariamente en la reunión del Consejo Nacional del Agua del pasado 29 de noviembre.
Sin embargo, con posterioridad a ese encuentro, se procedió a efectuar una nueva redacción del texto que no es la que había sido sometida a debate y votación en el seno del Consejo Nacional del Agua, según indica la Generalitat.
24 horas - Trasvase Tajo-Segura: "La propuesta de revisión progresiva no fue aceptada con carácter general" - Escuchar ahora
Ribera: la condicionalidad "fue rechazada mayoritariamente"
Preguntada por esta cuestión, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha respondido que el texto del decreto recoge lo que "se acordó mayoritariamente" en dicha reunión. "En el último minuto hubo una propuesta de modificación de ese consenso y esa propuesta fue rechazada mayoritariamente por el Consejo Nacional del Agua", ha afirmado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Ha reivindicado, además, que "esta planificación hidrológica, a diferencia de las anteriores, responde por primera vez a la realidad del cambio climático", y se prepara para los "dos excesos" que provocará esta crisis: "Ciclos muchos más largos de extrema sequía y periodos de inundaciones enormemente duros".
Ribera ha explicado que el plan hidrológico incluye una inversión de 1.100 millones de euros para Murcia, 540 millones para Alicante y 44 para Almería, destinados predominantemente a aumentar la capacidad de desalación y así compensar la reducción del agua del trasvase. "Lo peor sería pensar que dependemos exclusivamente de que haya agua en cabecera de Tajo, porque nos encontraríamos teniendo que reducir el trasvase a cero durante meses", ha añadido.
"Grave perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura"
El nuevo texto "impone unos incrementos fijos e inamovibles de los caudales ecológicos hasta el año 2027 sin tomar en consideración ningún análisis previo del estado de las aguas con el consiguiente y grave perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura", argumenta.
El trasvase, la principal infraestructura de este tipo en España, ha sido fundamental en el último medio siglo para transportar agua al sureste de la Península, y así crear la conocida como "Huerta de Europa" en Alicante, Murcia y Almería. El cambio que prepara el Gobierno supondría un descenso del agua que llegaría a la zona y pondría en riesgo 15.000 empleos, según el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura.
Ese texto modificado de manera unilateral por el Ministerio para la Transición Ecológica, sin comunicar con anterioridad el contenido de ese cambio ni al Gobierno valenciano ni al propio Consejo Nacional del Agua, es el que finalmente ha llegado al Consejo de Estado, por lo que la Generalitat entiende que "no ha sido sometido a los principios de participación ciudadana y concertación" y que, por tanto, podría haberse producido "una nulidad de pleno derecho en la emisión del informe preceptivo".
La Abogacía de la Generalitat sostiene que se ha tomado "una decisión arbitraria basada en la libre voluntad de la Administración redactora de la norma" y que durante el proceso "se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, lealtad institucional, buen gobierno y transparencia", principios amparados por la Constitución y por el régimen jurídico de las administraciones públicas.
Por estos motivos, pide que se introduzca de nuevo la versión original de la disposición adicional novena, relativa a los caudales ecológicos, que resulta "fundamental" para garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura.
Por su parte, desde la cartera que dirige Teresa Ribera defienden la necesidad de aumentar el caudal ecológico para cumplir con cinco sentencias del Tribunal Supremo que así lo reclaman, y también para afrontar una situación de sequía que será cada vez más común con el cambio climático.
Castilla-La Mancha replica que la tramitación fue correcta
El Consell no ha sido el único que ha alegado al Consejo de Estado. También lo ha hecho Castilla-La Mancha, comunidad de la que sale el trasvase -de los embalses de Buendía y Entrepeñas, en Guadalajara, concretamente-, y que tradicionalmente se ha opuesto a ampliar la capacidad de esta infraestructura.
Alega que el secretario de Estado anunció previamente a la votación del plan hidrológico en la reunión del Consejo Nacional del Agua que se eliminaría la condicionalidad para aplicar los caudales ecológicos. Por lo tanto, una vez hecho este anuncio, "cualquier argumento que pretenda condicionar la implantación de caudales ecológicos en el río Tajo carece de validez".
Cree que la disposición adicional novena vulnera las competencias de las confederaciones hidrográficas, el principio de participación pública de la Directiva Marco del Agua, y la doctrina del Tribunal Constitucional así como la del Tribunal Supremo.
También Andalucía, comunidad que recibe agua del trasvase para la zona de la huerta almeriense, ha pedido personarse ante el Consejo de Estado para presentar alegaciones. La consejera andaluza de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha tachado de "hachazo grandísimo" la decisión del aumento del caudal ecológico. "Vamos a defendernos ante esta situación de injusticia", ha señalado Crespo.