La defensa del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado por el caso de los ERE, ha solicitado este viernes la suspensión de su entrada en prisión por padecer un cáncer de próstata de "imposible tratamiento en la cárcel", según ha confirmado el letrado a TVE.
Este jueves la Audiencia Provincial de Sevilla dio un plazo a Griñán de diez días para que ingrese voluntariamente en prisión para cumplir su condena de seis años de cárcel por malversación, un plazo que terminará el próximo 1 de enero.
El expresidente andaluz, al igual que los otros siete condenados por este caso, había pedido un plazo más largo para esperar a que se resolviera su petición de indulto, pero fue rechazado por la Audiencia de Sevilla, que desestimó los recursos de súplica.
Enfermedad "detectada en estos días"
En el escrito dirigido a la Audiencia, al que ha tenido acceso EFE, la defensa de Griñán pide esa suspensión "a la vista de la grave enfermedad detectada en estos días" y por "las necesidades de tratamiento prescrito para la misma". La defensa del expresidente de la Junta ha presentado la solicitud vía telemática y este viernes lo hará de manera presencial.
Amparándose en el artículo 80.4 del Código Penal, Griñán pide la "suspensión excepcional del cumplimiento de la pena privativa de libertad" y subsidiariamente el aplazamiento del ingreso en prisión "en tanto que el tratamiento médico que se ha prescrito para la enfermedad que padece no pueda ser convenientemente desarrollado por los servicios médicos del centro penitenciario".
En el escrito se adjuntan los informes médicos y se indica que el diagnóstico del cáncer de próstata se produjo con posterioridad a la presentación del recurso de súplica que fue rechazado este jueves y se asegura que el tratamiento prescrito "no puede ser realizado en el centro penitenciario".
Alega "principio de humanidad"
Alega que el "principio de humanidad" inspira el sistema penal de todo Estado de Derecho y que en determinadas circunstancias el cumplimiento de la pena "puede llegar a producir sufrimientos físicos o morales de intensidad superior a la admisible y en consecuencia puede implicar una vulneración efectiva del derecho fundamental a la dignidad personal".
"Tal es el caso de que, atendida la edad de mi representado (Griñán tiene 76 años), fuera obligado a afrontar en la soledad del entorno penitenciario la nueva y desgraciada circunstancia vital que los exámenes médicos le han descubierto", añade. Insiste el escrito en que Griñán "no representa, ni en este momento ni en ningún caso, peligro alguno de que vaya a incurrir en la comisión de nuevos delitos" y pide que la Audiencia resuelva de manera urgente esta solicitud.
La Sección Primera de la Audiencia dictó un auto, fechado este jueves, en el que desestima los recursos de súplica presentados por ocho de los condenados a cárcel por este caso, todos ellos ex altos cargos de la Junta de Andalucía, contra la resolución en la que el tribunal denegó suspender las penas privativas de libertad mientras se tramita el indulto.
La Audiencia de Sevilla acuerda que un forense informe sobre la situación de Griñán
Ante la nueva petición de Griñán, la Audiencia de Sevilla ha acordado que un forense informe sobre si el ingreso en prisión del condenado puede tener incidencia en el desarrollo de la enfermedad alegada o en el tratamiento prescrito.
En una providencia dictada este viernes, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla se pronuncia sobre el escrito presentado por la defensa de Griñán a fin de que se suspenda la ejecución de la pena de prisión impuesta por el caso de los ERE.
Una vez vista la documentación médica aportada, el tribunal acuerda librar oficio al Instituto de Medicina Legal a fin de que, "por el forense designado al efecto, examinada la documentación y con reconocimiento del paciente si fuera necesario, se emita informe valorando si el ingreso en centro penitenciario pudiera tener incidencia en el desarrollo de la enfermedad o en el tratamiento prescrito".
En base al resultado del informe forense, el tribunal decidirá sobre la petición de suspensión planteada por la defensa del ex presidente de la Junta.