Las ayudas acordadas entre el Gobierno y la banca para minimizar el impacto de la subida del euríbor en las familias con hipotecas variables son voluntarias, si bien algunas de las principales entidades bancarias ya han anunciado su adhesión, con el fin de que entren en vigor el próximo 1 de enero de 2023.
Las negociaciones se iniciaron en el mes de septiembre, ante la subida sin precedentes del euríbor -que ya se sitúa en niveles cercanos al 3 %-, y se dilataron varios meses, hasta que la pasada semana se aprobaron en el Consejo de Ministros. En las conversaciones participaron la Asociación Española de Banca (AEB), que integra a Santander, BBVA o Sabadell; la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), donde se encuentran CaixaBank o Unicaja; y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), que reúne a las principales cajas rurales del país.
En opinión de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, es el momento "de arrimar el hombro", por lo que se mostró confiada de que el máximo número de entidades se sumarían en las próximas semanas.
Pero, ¿quiénes pueden beneficiarse?
Se beneficiarán de las mismas los hogares con ingresos hasta 25.200 euros al año (tres veces el IPREM) que dedican más de un 50 % de su renta mensual al pago de la hipoteca y hayan visto como la cuota de su préstamo ha subido más del 50 %; aquellos con una renta inferior a 25.200 euros que dediquen más del 50 % al pago de la hipoteca, pero no cumplan el criterio actual del incremento de un 50 % del esfuerzo hipotecario; y los que ingresen hasta 29.400 euros anuales, cuya carga hipotecaria suponga el 30 % de su renta y hayan tenido una subida de al menos el 20 %.
No obstante, todo dependerá en último término de si la entidad en cuestión ha decidido sumarse al protocolo. En caso contrario, las medidas no tendrían efecto.
¿En qué consisten las ayudas?
En primer lugar, el protocolo incluye medidas que mejoran el actual Código de Buenas Prácticas, aprobado en 2012. Así, se permitirá reestructurar el préstamo hipotecario con un tipo de interés más bajo durante la carencia del principal de cinco años, se ampliará a dos años el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda y se contempla la posibilidad de una segunda reestructuración, en caso necesario.
Los hipotecados temen que la banca no responda a las medidas del Gobierno
Aquellos hogares con renta inferior a 25.200 euros al año (tres veces el IPREM) que dediquen más del 50 % de su renta mensual al pago de la hipoteca también podrán sumarse a partir de ahora a este protocolo. En este caso, se beneficiarán de una carencia de dos años, un tipo de interés menor y un alargamiento del plazo de hasta siete años.
Asimismo, el Gobierno y la banca han acordado un nuevo Código de Buenas Prácticas temporal para las familias de clase media en riesgo de vulnerabilidad que podrán congelar durante 12 meses la cuota, tendrán la posibilidad de beneficiarse de un tipo de interés menor sobre el principal aplazado (aunque aún no se han dado detalles) y un alargamiento del plazo del préstamo de hasta siete años (sin superar los 40 años).
¿Qué bancos se han sumado?
Los primeros en sumarse fueron Caixabank y Banc Sabadell, cuyos consejos de administración así lo ratificaron solo dos días después de aprobarse las medidas. Posteriormente lo hicieron Unicaja Banco y el Banco Santander y, por último, ING ha anunciado que se unirá al protocolo. Todos ellos han mostrado su intención de contribuir a "aminorar" el efecto derivado de la situación económica adversa actual, marcada por la subida de tipos y por la escalada de la inflación.
Asimismo, en los últimos días también lo han hecho otras cajas como Kutxabank, Cajasur Banco, Abanca, Ibercaja Banco, Caixa Ontinyent y Colonya Pollença. De esta forma, las entidades se adherirán a la ampliación del Código de Buenas Prácticas vigente y también al nuevo, que tendrá un régimen transitorio con una duración de dos años.
¿Están obligados a ofrecerme esas ayudas?
Sí. Los bancos que han anunciado su adhesión estarán obligados a ofrecer las ayudas a sus clientes, siempre que cumplan los requisitos establecidos.
¿Quién controlará su cumplimiento?
Con este objetivo, el Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que tendrá competencias para resolver conflictos de buenas prácticas y capacidad sancionadora si, por ejemplo, se incumplen las medidas de ayudas a las familias hipotecadas.