El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este lunes rechazar las recusaciones de Unidas Podemos y PSOE contra el presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez. Ambos han participado en la votación de su propia recusación.
El tribunal de garantías se ha reunido en un Pleno Extraordinario en el que ha decidido frenar la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial y en el propio tribunal de garantías, aprobados por el Congreso y pendientes de votarse en el Senado, a riesgo de provocar una crisis institucional sin precedentes en democracia.
Así, han rechazado por seis votos a cinco las recusaciones de los dos magistrados conservadores que han pedido PSOE y Unidas Podemos para que se abstengan de votar por su "interés" directo en la causa. Según ha podido saber RTVE, ambos magistrados han votado en sus propias recusaciones.
Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que los magistrados han esgrimido una cuestión técnica: que la relación jurídico-procesal aún no está constituida. De haber sido aceptadas, podría haber paralizado el debate sobre el recurso de los 'populares'.
El pleno extraordinario fue convocado inicialmente el pasado jueves, pero el presidente del TC lo aplazó a instancias de un escrito de los cinco magistrados progresistas con el argumento de disponer del "tiempo indispensable" para estudiar la cuestión, tras el goteo de informes presentados entre la noche del miércoles y la mañana del jueves por PSOE, Vox y Unidas Podemos.
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Ello permitió a los progresistas ganar tiempo y que el Congreso de los Diputados aprobara aquella tarde las enmiendas, incluidas en la proposición de ley que deroga la sedición, que era justo lo que pretendía evitar el PP con su petición al Constitucional de medidas cautelarísimas.
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UP reclamaba la recusación de dos magistrados
Pero no se ha desactivado la amenaza de paralizar la reforma legal, que el Senado tiene previsto debatir el martes en la Comisión de Justicia para aprobarla en pleno el jueves, toda vez que el ponente Enrique Arnaldo, propuesto por el PP para ser magistrado del Constitucional y que ha colaborado con FAES, es partidario de frenar la tramitación.
El pleno se ha pronunciado primero sobre las solicitudes de Unidas Podemos y el Partido Socialista, que han pedido la recusación del presidente del tribunal y del magistrado Antonio Narváez. Ambos están afectados directamente por las enmiendas que el PP quiere paralizar, ya que se han diseñado para facilitar la renovación de magistrados con el mandado caducado y ambos saldrían del tribunal.
De hecho, desde Unidas Podemos consideraban que ambos magistrados debían ser apartados porque tienen un "interés directo", ya que serían los reemplazados por los dos aspirantes nominados por el Gobierno –el ex ministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez– si la reforma queda aprobada.
Ante un posible escenario inédito
Vox también ha seguido los pasos del PP y ha pedido la suspensión de la iniciativa parlamentaria, mientras que el grupo socialista y Unidas Podemos han solicitado personarse en el procedimiento y se oponen a cualquier cautelar que afecte al trámite legislativo.
Según fuentes jurídicas que cita Europa Press, los seis magistrados de la mayoría conservadora se inclinan por dar vía libre a la suspensión de la tramitación parlamentaria, aunque algunas voces advierten de que hay "entusiasmos distintos", mientras que los cinco magistrados de la mayoría progresista no ven con buenos ojos la injerencia en el Poder Legislativo.
A la espera de lo que decida el TC, el Senado ya ha incluido la proposición de ley en su agenda semanal. El Constitucional puede bien denegar la cautelarísima, en cuyo caso la reforma podría ser aprobada de forma definitiva el jueves en la Cámara Alta, o estimarla e impedir la tramitación de la iniciativa, lo que desencadenaría una crisis institucional sin precedentes ya que, en más de 40 años de historia, el TC nunca ha impedido discutir y votar en las Cortes Generales.
Fuentes del Gobierno que cita Efe ven "inimaginable" que el Constitucional paralice la tramitación parlamentaria, puesto que consideran que esta circunstancia generaría una situación de "extrema gravedad" y un "choque entre poderes como nunca se ha visto en democracia".
Los socialistas presentaron a última hora de domingo dos escritos para intentar que el TC no admita el recurso de amparo del PP, alegando que la paralización de la tramitación parlamentaria de la reforma "vulneraría" el derecho de la ciudadania "a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes".
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, mostró el domingo su confianza en que el TC adopte una decisión "justa y con arreglo a la ley" y advirtió de las "graves consecuencias" de que el dictamen sea favorable a los postulados del PP.
Y todo ello con un pleno del Consejo General del Poder Judicial convocado para este martes, en el que previsiblemente se nombren a los dos magistrados que debe designar el órgano de gobierno de los jueces. Con ello se podría evitar que la crisis entre los poderes del Estado saltara por los aires y, al mismo tiempo, convertir en estéril la votación en el Senado.