El estado de emergencia anunciado en Perú por 30 días, y a nivel nacional, ha entrado en vigencia este miércoles con la publicación del decreto supremo firmado por la presidenta, Dina Boluarte, y cuatro integrantes del Consejo de Ministros con el fin de recuperar el orden público después de las masivas protestas contra el Ejecutivo y el Congreso.
El decreto que declara el estado de emergencia a nivel nacional ha sido publicado en una edición extraordinaria de la gaceta de normas legales del diario oficial El Peruano tras recibir la aprobación del Consejo de Ministros.
En su primer artículo, precisa que la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Durante el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, detalla en su segundo artículo.
Igualmente, la norma ha dispuesto la suspensión de los estados de emergencia que estaban vigentes en diferentes departamentos del país.
La normativa regula el uso de las fuerzas de seguridad
Con respecto a la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el decreto precisa, en su artículo cuarto, que se efectúa conforme a la normativa vigente que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía y de los decretos que establecen las reglas de empleo y uso de la fuerza de los militares.
En sus considerandos, el decreto supremo señala que el presidente de la República puede decretar el estado de emergencia en caso de "perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación".
En este caso, el Ejecutivo ha adoptado esta medida después de unos cuatro días de violentas manifestaciones y vandalismo en varias regiones del país, con el saldo de ocho muertos, más de 200 policías heridos y un número indeterminado de detenidos y civiles lesionados.
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Aunque el ministro de Defensa, Alberto Otárola, ha señalado que el Ejecutivo evaluaba la posibilidad de dictar un toque de queda, orden de inamovilidad, esta medida no ha sido considerada en la norma publicada.
El decreto también establece un plazo de cinco días, posteriores al término del estado de emergencia, para que la Policía Nacional presente un informe de las acciones realizadas durante el régimen de excepción y los resultados obtenidos.
El decreto como respuesta a las violentas protestas
Otárola ha explicado que la declaración del estado de emergencia responde a "los hechos vandálicos y violentos, toma de carreteras y caminos que ya son actos que se están estabilizando y que están siendo controlados por la Policía Nacional y por Fuerzas Armadas".
"Se requiere una respuesta contundente y la autoridad de parte del Gobierno", ha destacado el ministro en el patio del Palacio de Gobierno en una breve comunicación ofrecida mientras se desarrollaba una reunión del Consejo de Ministros.
"Quiero recordar que la declaratoria del estado de emergencia nacional significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión", ha indicado Otárola.
Esta medida ha sido motivada "para que la ciudadanía pueda tener la seguridad y la certeza de que estamos controlando el orden interno y luego vamos a asegurar el libre tránsito y la paz para todos los ciudadanos", ha señalado al añadir que es necesario proteger las infraestructuras estratégicas para asegurar el bienestar y paz de ciudadanos.
Las protestas producidas en los últimos días, sobre todo en el sur del país, piden la convocatoria de una asamblea constituyente, el adelanto de elecciones, el cierre del Congreso, la dimisión de la presidenta, Dina Boluarte y la liberación del exmandatario Pedro Castillo, detenido desde hace siete días tras el autogolpe de estado fallido.