El Parlamento griego ha aprobado este viernes un proyecto de ley que reforma el servicio de inteligencia del país (EYP) y prohíbe la venta de programas espía, mientras el Gobierno trata de mitigar el impacto de un escándalo de escuchas telefónicas aún bajo investigación.
El caso ha elevado la tensión sobre el gobierno conservador que se enfrenta a las elecciones en 2023. Surgió en agosto, cuando Nikos Androulakis, líder del partido socialista PASOK, el tercero más grande de Grecia, denunció que el EYP escuchó varias de sus conversaciones en 2021 con un software de vigilancia.
Entonces se creó una comisión de investigación por el escándalo y ahora el nuevo proyecto de ley tipifica como delito la venta o posesión de programas espía y convierte el uso privado de los mismos en un delito grave, castigado con penas de hasta 10 años de cárcel.
Con la nueva ley también se creará una academia de contrainteligencia para la formación del personal del EYP y una unidad para investigar los casos de incumplimiento del deber. Solo el EYP y la unidad antiterrorista pueden solicitar la aprobación de un fiscal para vigilar a personas por una serie de delitos especificados en el proyecto de ley, y un segundo fiscal debe firmar la solicitud.
A partir de ahora, los políticos solo pueden ser vigilados por razones de seguridad nacional y el presidente del Parlamento también debe aprobar tales solicitudes. Los afectados pueden ser informados de la vigilancia tres años después, si los fiscales lo permiten.
El primer ministro lo considera una "valiente respuesta"
El primer ministro Kyriakos Mitsotakis ha calificado el proyecto de ley de "valiente respuesta institucional" a un reto que va más allá de Grecia. Mitsotakis, que puso al EYP bajo su control tras asumir el cargo en 2019, ha pedido disculpas a Androulakis, diciendo que la operación de EYP era políticamente inaceptable a pesar de ser legal y que él la desconocía.
“El caso no está cerrado, está y seguirá abierto hasta que se revele la verdad“
Antes de la votación, el PASOK ha acusado al Gobierno de buscar cómplices al pedir a la oposición que aprobara el proyecto de ley. "El caso no está cerrado, está y seguirá abierto hasta que se revele la verdad", se ha dirigido al Parlamento el representante del partido, Michael Katrinis.
El gobierno anunció su plan de prohibir la venta de programas espía el mes pasado, después de que el periódico de izquierdas 'Documento' informara de que más de 30 personas, incluidos ministros, habían estado bajo vigilancia estatal a través de malware telefónico.
El gobierno ha negado cualquier implicación en el caso.