El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha impugnado este lunes ante el Tribunal Constitucional del país el informe que asegura que pudo violar varias leyes anticorrupción en el escándalo del robo millonario en su granja en Phala Phala (norte). En la demanda, Ramaphosa ha solicitado al tribunal, máxima instancia judicial de Sudáfrica, que desestime el informe, que tilda de "ilegal".
El jefe del Estado también ha instado a la Corte a declarar que "todas las medidas adoptadas por la Asamblea Nacional (Cámara baja del Parlamento sudafricano) de conformidad con el informe son igualmente ilegales e inválidas". El informe amenaza seriamente el futuro político del presidente, líder del Congreso Nacional Africano (CNA), que gobierna el país desde 1994, al que la oposición presiona para forzar su dimisión.
Ramaphosa ha emprendido la acción legal mientras el Comité Ejecutivo Nacional del CNA, máximo órgano decisorio del partido, se reunía este lunes para discutir su futuro. La Asamblea Nacional ha aplazado una semana el debate que iba a celebrarse este martes para decidir si seguir con un proceso que podría resultar en una votación sobre la destitución del presidente, si bien no está claro si la sesión se celebrará finalmente tras la decisión de Ramaphosa de impugnar el informe.
Los miembros del comité han pospuesto hasta el 13 de diciembre la sesión para permitir la presencia física de los 400 diputados que componen la Cámara baja, que deben viajar a Ciudad del Cabo (sureste), donde está la sede del Parlamento. Hasta entonces, "deberíamos tener el tiempo adecuado para preparar" la sesión parlamentaria, ha concluido la presidenta de la Asamblea Nacional, Nosiviwe Mapisa-Nqakula.
CNA no apoyará un proceso de "destitución del presidente"
Tras la reunión del Comité Ejecutivo del partido gubernamental en Johannesburgo, el tesorero general del CNA, Paul Mashatile, ha revelado que, si la Asamblea Nacional se reúne para debatir el asunto, sus diputados votarán en contra. "Eso significa que el presidente continúa como presidente", ha recalcado Mashatile en declaraciones recogidas por medios locales, al insistir en que el CNA no apoyará un proceso que conduzca a la "destitución del presidente".
La destitución del jefe del Estado requiere el voto a favor de dos tercios de la Cámara baja, formada por 400 diputados y en la que el partido gobernante controla 230 escaños (el 57,5 %). Los rumores sobre una posible e inminente renuncia de Ramaphosa circulan desde el pasado jueves después de que un panel independiente designado por el Parlamento hallara en un informe pruebas de que el presidente pudo violar leyes anticorrupción.
De hecho, dos ministras llegaron a exigir la renuncia del mandatario, lo que demuestra la división que el escándalo ha provocado en el seno del CNA. El panel de tres miembros, liderado por el expresidente del Tribunal Constitucional Sandile Ngcobo, debía analizar la moción interpuesta contra el presidente por el partido opositor Movimiento Africano de Transformación (ATM, en inglés) en junio de este año.
El presidente de Sudáfrica, acorralado por el 'Farmgate'
La Constitución prohíbe labores profesionales remuneradas
El partido acusaba a Ramaphosa, entre otros cargos, de incumplir la Constitución, que prohíbe a los miembros del Gobierno desempeñar otras labores profesionales remuneradas, después de que el presidente admitiera que se dedica a la venta de animales de presa, al asegurar que la cantidad robada provenía de ese negocio (donde son habituales los pagos en efectivo) y no de una operación de lavado de dinero.
El panel ha señalado que, "a primera vista", el presidente puede haber cometido una "violación grave" de varias leyes anticorrupción, además de haber incurrido en "mala conducta grave" al exponerse a un "conflicto entre sus responsabilidades oficiales y sus asuntos privados", unas acusaciones que Ramaphosa niega rotundamente.
El artículo 89 de la Constitución, que da nombre al panel, permite la destitución de un presidente en ejercicio por motivos de una violación grave de la Carta Magna, mala conducta o incapacidad para desempeñar las funciones propias del cargo.
La oposición ha presentado una moción de censura
El principal partido de la oposición, la Alianza Democrática (DA, por sus siglas en inglés), ha presentado este lunes una moción para la disolución de la Asamblea Nacional, que llevaría a unas elecciones anticipadas. "Llamamos al presidente Ramaphosa a promulgar y establecer fechas para unas elecciones anticipadas que se celebren en 2023", en vez de 2024, cuando están previstas, ha dicho en un comunicado el líder de la DA, John Steenhuisen.
El escándalo estalló el pasado junio, cuando el exjefe de la agencia de inteligencia del país Arthur Fraser interpuso una demanda contra el jefe de Estado, al que acusa de ocultar a la Policía y a la Hacienda sudafricanas un robo de casi 4 millones de euros escondidos en su granja de Phala Phala el 9 de febrero de 2020.
La Presidencia sudafricana ya negó en junio las acusaciones de Fraser y confirmó que se produjo un robo ese día, cuando Ramaphosa asistía a una cumbre de la Unión Africana en Adís Abeba. El mandatario alegó en su respuesta a las preguntas del panel que la suma sustraída fue menor, de 580.000 dólares (alrededor de 550.000 euros).