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El Gobierno británico veta las cámaras de seguridad fabricadas en China

  • La presidenta del comité de Asuntos Exteriores del Parlamento aplaude la medida

  • El Ejecutivo advierte a sus ministerios y departamentos que evalúen si es necesario reemplazarlas de manera inmediata

RTVE.es/EFE
2 min.

El Gobierno de Reino Unido ha ordenado este jueves a todos sus ministerios y departamentos dejar de utilizar en ubicaciones "sensibles" cámaras de videovigilancia fabricadas por empresas chinas, a las que Pekín exige por ley cooperar con sus servicios de Inteligencia.

Oliver Dowden, el ministro sin cartera de más alto rango en el Gobierno de Rishi Sunak, ha afirmado en la Cámara de los Comunes que esos equipos "no deberían estar conectados a las redes principales de los departamentos" y que sus responsables deben evaluar si es necesario reemplazarlos de forma inmediata.

"Las consideraciones sobre seguridad son siempre vitales en el entorno de este tipo de lugares, por lo que estamos dando pasos para prevenir que se materialice cualquier riesgo de seguridad", ha afirmado Dowden ante los diputados.

Las empresas tienen "la obligación de compartir los datos con sus gobiernos"

El comisionado para Videovigilancia y Biometría del Ejecutivo, Fraser Sampson, ya alertó en junio de que los sistemas tecnológicos públicos están construidos sobre una base de "asbesto digital", en referencia al material empleado en algunas construcciones que puede provocar efectos adversos en la salud.

"Casi todos los aspectos de nuestras vidas están ahora mismo bajo vigilancia a través de avanzados sistemas que se han diseñado y han sido adquiridos a compañías controladas por otros gobiernos", ha alertado Sampson.

Esas empresas tienen "la obligación de compartir los datos con sus gobiernos en el marco de su legislación nacional", añadió.

La presidenta del comité de Asuntos Exteriores del Parlamento, la conservadora Alicia Kearns, ha dado la bienvenida a la medida anunciada por el Gobierno. "Eliminar las cámaras de vigilancia chinas de este edificio es un paso en la dirección correcta, pero debemos ir mucho más allá", ha afirmado la diputada, quien ha abogado por extender las medidas a todas las "entidades públicas y autoridades locales".

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