La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha anunciado que este martes el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que tendrá competencias para resolver conflictos de buenas prácticas y capacidad sancionadora si, por ejemplo, se incumplen las medidas de ayudas a las familias hipotecadas que el Ejecutivo ha aprobado si las entidades financieras decidan sumarse a las mismas.
"Le vamos a dar competencia para resolver los conflictos que puedan surgir", ha explicado Calviño en una entrevista en Las Mañanas de RNE en la que ha detallado que con esta figura se crea "otra red de seguridad y otra medida de protección adicional" para la ciudadanía, para que se puedan resolver de "manera ágil" los problemas "sin tener que acudir a los tribunales". Y es que, según la vicepresidenta, el plazo máximo para dictar una resolución será de 90 días, salvo algunos casos excepcionales.
Calviño ha subrayado que la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero supondrá la puesta en marcha de un mecanismo que unificará los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).
Con resoluciones vinculantes
La futura figura estará dotada de autonomía e independencia y resolverá las reclamaciones de los clientes que no hayan quedado satisfechos con la respuesta que le hayan dado los servicios de atención al cliente de sus entidades financieras.
El texto, que se someterá a la aprobación del Consejo de Ministros en segunda vuelta, mantiene que las resoluciones de la Autoridad de Defensa serán "vinculantes" para las entidades financieras cuando los importes reclamados sean inferiores a 20.000 euros. Este mecanismo, además, será gratuito para los clientes. Cuando las resoluciones no sean vinculantes, por ser de una materia no relacionada con las normas de conducta o de cuantía superior a 20.000 euros, estas tendrán el valor de "informe pericial" si se deciden aportar en un procedimiento judicial en defensa de sus intereses.
Con el fin de evitar abusos, la autoridad podrá imponer multas de hasta 500 euros en caso de inadmisión reiterada al mismo reclamante durante un periodo de un año presentando reclamaciones que resulten infundadas.
Las reclamaciones serán ante un único organismo, ya sea para cuestiones bancarias, de seguros o de inversión financiera, que hasta ahora se presentaban ante el Banco de España, la Dirección General de Seguros y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, respectivamente.
Calviño ha señalado que espera que esta nueva figura entre en funcionamiento el próximo año y ha explicado que es una medida de protección adicional para los clientes de las entidades financieras, que evitará que tengan que recurrir ante los tribunales.
Financiado por los bancos
En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Calviño ha insistido en que esta medida va a proteger a más de u millón de hogares, el equivalente a un tercio de viviendas que tienen hipotecas a tipo variable.
Esta autoridad estará financiada por los bancos, que abonarán una tasa de 250 euros por cada reclamación, y los clientes recibirán una atención personalizada y gratuita. Este sistema también servirá “para reforzar la vigilancia de la conducta de las entidades financieras”, ha indicado, recordando en todo caso que si el cliente no queda satisfecho con la atención recibida, seguirá teniendo la opción de ir a los tribunales.
“Lo que hacemos es completar la red de protección de los ciudadanos” con respecto a los compromisos adquiridos por las autoridades financieras en febrero, ha explicado Calviño. “Se ha producido un alza muy acelerada del euríbor y, con ello, de la carga financiera de hogares que tienen hipotecas a tipo variable”, ha indicado, de forma que el Gobierno, con esta nueva autoridad y las medidas de alivio para las hipotecas también aprobadas este martes, pone a disposición "un menú de opciones" adecuado a la situación de cada particular.
No obstante, Calviño también ha querido matizar que la situación financiera es muy diferente a la de 2008 y ha habido un crecimiento de la cartera de hipotecas fijas. “Hoy, tres de cada cuatro hipotecas se concede a tipo fijo”, ha señalado, argumentando que el porcentaje de hogares que dedican una parte importante al pago de hipotecas también ha disminuido “sustancialmente”.
La autoridad contará con un comité consultivo, que será un órgano de asesoramiento y estará integrado por un presidente y un vicepresidente, además de 12 miembros representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios, las patronales del ámbito financiero y representantes de las comunidades autónomas, así como por dos expertos independientes, del ámbito académico, con conocimientos en materia financiera.
Las medidas para los hipotecados
Respecto al paquete de medidas para aliviar la carga hipotecaria a las familias más vulnerables y de clase media y que será aprobado también este martes en Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera ha dicho que espera que se sumen todas las entidades porque es momento de "ayudar y de arrimar el hombro", y ha avisado del "coste reputacional" que puede tener no adherirse a dicho acuerdo.
Calviño ha explicado que no se ha confirmado el acuerdo con todo el sector bancario porque algunas patronales bancarias no pudieron consultar este lunes por la noche con todos sus miembros el texto del acuerdo, que amplía y refuerza la protección a las familias más vulnerables afectadas por la subida de los tipos de interés y que también da un marco de protección a las familias hipotecadas de clase media.
La vicepresidenta ha indicado que se ha buscado que el Real Decreto que se aprobará este martes tenga un impacto reducido desde el punto de vista de la calificación de créditos y no cause un "impacto significativo" en las entidades financieras.
Calviño ha apuntado además que habrá unos mecanismos para verificar que las entidades que se sumen a estas buenas prácticas cumplen con las mismas, entre los que está la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, así como una comisión de control específico para vigilar que se cumplen las medidas.