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Así afecta la reforma del delito de sedición a los condenados y huidos por el 'proces'

  • La modificación permitiría anticipar el regreso a la política de Junqueras y otros políticos independentistas

  • Abriría un nuevo escenario para Puigdemont y los huidos, aunque podrían ser condenados por malversación

ALBERTO LEÓN
4 min.

La proposición de ley para la reforma del delito de sedición presentada este viernes por los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, supone un nuevo escenario para los políticos condenados y huidos de la justicia por el referédum unilateral del 1 de octubre de 2017.

Según la propuesta del Ejecutivo, el actual delito de sedición, castigado con penas de entre 5 y 15 años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación, será reemplazado en el Código Penal por otro de "desórdenes públicos agravados", con entre tres y cinco años de prisión y de seis a ocho de inhabilitación.

Si la iniciativa sale adelante -para lo cual deberá contar con mayoría en el Congreso de los Diputados-, los más beneficiados serán los nueve políticos ya juzgados e indultados por el 'procés' ya que, aunque sus indultos están recurridos, con el cambio legislativo sus penas se considerarían cumplidas.

Hay que recordar que la condena más alta recayó en el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC Oriol Junqueras, que fue sentenciado a 13 años de prisión y otros tantos de inhabilitación, mientras que otros líderes independentistas fueron condenados a penas de entre 12 y nueve años de prisión.

Estos nueve dirigentes también se verán beneficiados de la rebaja de la pena de inhabilitación -que siguen cumpliendo, ya que el indulto solo se refiere a la pena de cárcel- por lo que podrían regresar a la política antes de lo previsto, ya que los efectos serían retroactivos.

De este modo, Oriol Junqueras, que con el actual Código Penal no podría ejercer un cargo público hasta julio de 2031, estaría en condiciones de hacerlo entre 2024 y 2026. Lo mismo sucede con el resto de líderes independentistas.

Puigdemont y los huidos de la justicia

Un caso diferentes es el de los políticos que están huidos de la justicia, como es el caso del expresident Carles Puigdemont, ya que en ningún momento han sido juzgados ni han pisado la cárcel de forma preventiva.

En Bruselas, además de Puigdemont, se encuentran los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, todos ellos procesados por sedición, malversación y desobediencia, excepcto Puig, a quien no se le atribuye la sedición.

Aunque fueran juzgados por el nuevo delito de desórdenes públicos y beneficiarse de unas penas menores, también podrían ser condenados por malversación, delito castigado con hasta 12 años de cárcel y 20 de inhabilitación.

La reforma podría facilitar su extradición a España para ser juzgados pero lo más probable es que tuvieran que ingresar en prisión provisional debido al riesgo de fuga, evidente en su caso.

En todo caso, su futuro judicial está en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que deberá pronunciarse en próximas fechas sobre la cuestión prejudicial que planteó el juez Pablo Llarena respecto al alcance de las euroórdenes.

Un caso diferente es el de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, huida a Suiza, ya que en su caso no está procesada por malversación, por lo que la pena que tendría que afrontar sería únicamente de entre tres y cinco años de prisión.

Todos los huidos podrían beneficiarse de la reducción de los años de prescripción de las penas, que se quedaría en diez años tanto en el caso de la malversación como en el caso de los desódenes públicos, mientras que actualmente es de 20 en el caso de la sedición.,

Puerta abierta a que no sean juzgados

Incluso algunas interpretaciones sugieren que la derogación del delito de sedición conllevaría que los huidos no podrían ser juzgados por el 1-O.

Es el caso del presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, quien en rueda de prensa este viernes ha señalado que "si se aprueba la ley, nadie podrá ser acusado y juzgado por el delito de sedición", aunque se ha mostrado cauto al considerar si esta medida repercutiría o no en Puigdemont.

Posteriormente, en declaraciones a RAC1, Asens ha pedido que se aproveche para modificar el delito de malversación para facilitar el regreso a España del expresident.

En la misma línea, el abogado penalista Miquel Capuz, ha advertido en TVE de que, si se deroga la sedición, los condenados por este delito lo dejarían de estar. "Una cosa es derogar la pena y otra cambiar el artículo del código penal", ha señalado.

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