La ley trans del Gobierno se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción en la coalición de PSOE y Unidas Podemos por las reticencias de parte de los socialistas y de un sector del feminismo, que consideran que la norma “borra” a las mujeres. Esta semana, su tramitación parlamentaria no ha estado exenta de polémica por el retraso del Partido Socialista a esta ley, ante la “máxima preocupación” de sus socios ‘morados’. Un retraso que está provocando un gran malestar entre las personas del colectivo, representadas en la Plataforma Trans, que ha declarado al PSOE ‘partido non grato’ y ha convocado una manifestación para este sábado, mientras que la política y activista trans Carla Antonelli ha solicitado su baja del PSOE. Los socialistas han salido tras todo esto a aclarar que no tocarán el derecho de libre autodeterminación de género.
La autodeterminación de género, a debate
Van ya más de dos años de polémica con críticas a esta ley dirigida por la ministra de Igualdad, Irene Montero, con la colaboración y el trabajo de la Plataforma Trans, asociaciones y familias del colectivo. Y el eje central de esta división radica en dos puntos fundamentales de la ley.
El primero y principal es la libre autodeterminación de género, que permite el cambio registral de sexo a voluntad sin necesidad de informes médicos ni del tratamiento hormonal por dos años que hasta ahora es obligatorio. Este punto supone “despatologizar” a las personas trans en línea con los dictámenes de la OMS (que en 2018 dejó de considerar la transexualidad una enfermedad), el Consejo de Europa o la Sociedad Española de Psiquiatría, entre otros, que recomiendan eliminar la obligatoriedad de tratamientos médicos o diagnósticos para cambiar de sexo registral.
En segundo lugar, que los menores de entre catorce y dieciséis años solo necesitarán la autorización de uno de sus progenitores o tutor legal e, incluso si no lo obtienen, “será nombrado un defensor judicial, en los términos establecidos en la legislación civil”. En España el Constitucional avaló en 2019 que los menores “con suficiente madurez” puedan cambiarde sexo en el registro civil y el pasado verano un magistrado concedió a un niño de ocho años el cambio registral de sexo ante su “situación estable de transexualidad”.
En España, la libre autodeterminación de género está ya reconocida en la mayoría de comunidades autónomas, de distinto color político: Madrid, La Rioja, Castilla- La Mancha y Canarias lo incluyenen su normativa mientras que Andalucía, Baleares, Cantabria, Extremadura, Murcia, Navarra, País Vasco, la Comunidad Valenciana y Cataluña tienen leyes propias al respecto. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de mayoría conservadora, emitió un informe preceptivo a la ley (aunque con retraso) en el que advierte de que puede discriminar a las mujeres y pide que se eleve a 18 el límite de edad para que una persona pueda solicitar por sí misma el cambio de sexo registral.
El PSOE dice que no la tocará pero plantea otras “dudas”
Finalmente, el PSOE ha aclarado que no tocará el derecho de autodeterminación de las personas trans, pero insiste en que hace falta dotarle de una mayor “seguridad jurídica” ante los previsibles recursos ante el Constitucional de PP y Vox (Alberto Núñez Feijóo ya ha dicho que derogará la ley si llega hay un gobierno ‘popular’) y cuestiona que se equipare ciertas violencias en el colectivo LGTBI con la violencia de género. Por su parte, la ministra de Justicia, Pilar Llop, también ha pedido tener en cuenta la “perspectiva de infancia”.
Esta decisión va en contra de lo que piden algunas voces dentro del socialismo, como la de la exvicepresidenta del Gobierno y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Calvo, que creen que el reconocimiento de la libre autodeterminación de género puede suponer un retroceso en los derechos de las mujeres que ha conseguido el movimiento feminista.
Precisamente, La Asociación Española de Feministas Socialistas (FEMES) ya ha mostrado su malestar y ha acusado este viernes al partido de "cobardía" y de "huir hacia adelante" al aceptar mantener la autodeterminación de género. También ha considerado “ruin” excusar sus diferencias con Unidas Podemos respecto a la ley únicamente en lo relativo a la violencia de género.
El retraso de los socialistas a la ley y la baja de Carla Antonelli
Lo cierto es que el PSOE accedió a llevar esta ley pactada con Unidas Podemos (con la autodeterminación como eje) al Consejo de Ministros el pasado 27 de junio y ambos acordaron tramitarla por la vía urgente. El pasado 6 de octubre, la ley superó los vetos de PP y Vox en el Parlamento e inició el trámite parlamentario de enmiendas parciales, cuyo plazo inicial debió concluir el pasado miércoles. Sin embargo, en la Mesa del Congreso, el PSOE votó esta semana junto con el PP y Vox para retrasar este plazo al próximo 26 de octubre.
La primera reacción a este movimiento fue la baja del PSOE de Antonell, la primera persona trans en ocupar un escaño en el Congreso y un referente en la lucha LGTBI dentro del Partido Socialista que se ha mostrado muy crítica con el sector representado por Calvo. Antonelli lamentó que “hay gotas que colman los vasos”. “No en mi nombre ni en el de mi militancia”, dijo en un comunicado de Twitter: "Prefiero ir por la calle y mirar de frente a mis compañeros trans que agachar la cabeza de la vergüenza por haberles traicionado y haberme traicionado a mí misma, que es cuando ya nada queda y la vida pierde su sentido".
Antonelli criticó que se trataba de una nueva “maniobra” del PSOE con el fin de acabar “recortando” derechos en esta ley. Después de que el PSOE anunciara que no tocaría la autodeterminación de género, mostró su alegría por que el PSOE hubiera "reflexionado" y dio las gracias a Pedro Sánchez por "oír" a las personas trans: "La ley no se toca sino para mejor, ahora toca cerrar plazos enmiendas".
Preocupación en Unidas Podemos y manifestación del colectivo trans
Pero el temor inicial de Antonelli de que se recortara la ley también ha estado presente en Unidas Podemos. La ministra Montero aseguró el jueves en TVE que está viviendo “con muchísima preocupación” el retraso del PSOE a la ley porque “pone en riesgo” que la norma pueda estar aprobada antes de final de año (y en 2023 se inicia un ciclo electoral que podría frenarlo todo) y advirtió: “No vamos a consentir ningún derecho en el retroceso en derechos de la norma pactada”.
También la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, recalcó la urgencia de aprobar lo antes posible la ley y advirtió al PSOE de que esta norma es igual de "clave" que la reforma laboral en cuanto a reconocimiento de derechos.
Y mientras, el retraso en esta ley esta provocando un gran “sufrimiento” al colectivo trans, según denunció Montero. Este sábado hay convocada una manifestación a las 18.00 horas desde la Plaza de Pedro Zerolo hasta Callao en Madrid en protesta por el retraso del PSOE a la ley, y también hay convocadas alguna concentraciones frente a las sedes del Partido Socialista en distintos territorios.
La presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha pedido este viernes al PSOE que se "baje del autobús de la transfobia" y no coincida "con los mismos fundamentos teóricos de la ultraderecha". Y la presidenta de la Euforia-Familias Trans Aliadas, Natalia Aventín, ha advertido de que todos "los bulos" sobre la ley son perjudiciales para las vidas sociales de los menores trans y sus familias.
Tanto las personas trans como una parte del feminismo llevan muchos meses manifestándose frente al Congreso de los Diputados a favor y en contra de la ley con distintos argumentos.
Las personas trans: "Somos y no nos 'hacemos' hombre o mujer"
La Plataforma Trans defiende que las personas trans “son” y no “se hacen” hombre o mujer por cambiar su cuerpo o su nombre en el registro civil y no pueden ser consideradas como “enfermas mentales” exigiendo un requisito de un diagnóstico médico y tratamiento, lo cual es una “violación de su dignidad y altamente disriminatorio”.
Y recuerda que no todas las personas trans quieren cambiar su cuerpo para parecerse más a un hombre o una mujer que han nacido con el sexo correspondiente: “Aquello de que hemos nacido en el cuerpo equivocado es un dogma que nos ha impuesto la sociedad para sentirnos inferiores y que quisiéramos someter a nuestros cuerpos a cambios para encajar, cambiándonos desde fuera sin mirar lo que había dentro”.
Además, denuncia que obligar a las personas a hormonarse durante dos años si no quiere para que se reconozca su identidad supone una "esterilización de facto", entre otras cuestiones.
Parte del feminismo: "Ser mujer no es un sentimiento"
Cabe recordar que no todo el feminismo está en contra de esta ley, pero sí una parte como la que representa la llamada ‘Alianza contra el borrado de las mujeres’, que encabeza la histórica diputada socialista Ángeles Álvarez y que defiende el sexo biológico al nacer y niega la identidad de género.
“Ir al registro y declararme mujer (sin informe ni tratamiento) no es un derecho”, han dicho en las manifestaciones. A su juicio, “ser mujer no es un sentimiento en la mente de un hombre”, porque entonces "cualquier cosa puede ser considerada mujer". A su juicio, la identidad de género es “una construcción social y cultural” por el que se identifica a las mujeres con los estereotipos sexistas.
Esta entidad también se ha mostrado contraria a que se pueda considerar a mujeres trans víctimca de violencia machista y cree que no deberían beneficiarse de las ventajas de las leyes de género. Lo cierto es que, en el ordenamiento jurídico, cuando una persona trans accede al cambio de nombre y sexo adquiere los mismos derechos del nuevo sexo legal. Entre el amor de estas asociaciones feministas también está que haya hombres que cambien su identidad por la de una mujer para cuestiones como entrar en las cárceles femeninas o para medidas de inserción.