El comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), el liberal belga Didier Reynderes, ha llegado este miércoles a Madrid para intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde hace casi cuatro años. Su visita durará tres días e incluirá contactos políticos para desencallar las negociaciones, pero también reuniones con jueces e instituciones judiciales.
En rueda de prensa antes de viajar a Madrid, el comisario ha explicado que su único papel será el de "forzar el diálogo" entre los partes involucradas en la renovación del órgano de los jueces. "Los cambios en España deben ser decididos por los partidos políticos españoles. Lo que podemos hacer es animar a las partes a entrar en un diálogo, incluyendo a la oposición, para conseguir la mayoría necesaria para sacar adelante la reforma", ha señalado Reynders.
Según el comisario de Justicia de la UE, "lo ideal" a ojos de Bruselas es que la renovación del CGPJ sea decidida en su mayoría por los propios jueces, tal y como recomiendan los estándares europeos, sin esperar a que se lleve a cabo una reforma más profunda en el sistema de selección.
Se reunirá con cinco ministros y la oposición
Durante su visita a España, prevé reunirse con cinco miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El primero de ellos ha sido el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, con quien ha abordado la situación del Estado de Derecho en la UE, la futura Presidencia española, las sanciones europeas y la investigación de los crímenes de guerra tras la agresión rusa contra Ucrania
También se citará con la vicepresidenta primera y titular de Economía, Nadia Calviño; la ministra de Justicia, Pilar Llop; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, según han informado distintas fuentes oficiales.
El Gobierno espera que al PP "se le caiga la cara de vergüenza" ante el comisario europeo de Justicia "cuando tenga que dar explicaciones" por el bloqueo del CGPJ
Además, hablará con los principales grupos de la oposición. Así, se reunirá con el vicesecretario de Institucional del PP, el eurodiputado Esteban González Pons, quien le expondrá de nuevo la propuesta judicial que Alberto Núñez Feijóo envió a Moncloa y que busca, según los 'populares', "avanzar" en una mayor profesionalización e independencia de la Justicia, y mantendrá un encuentro con la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, y el portavoz parlamentario del partido naranja, Edmundo Bal.
Reynders también participará en una conferencia del Foro Nueva Economía y acudirá a una reunión de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la Unión Europea del Congreso para hablar del informe del Estado de derecho en la UE de 2022, publicado el pasado mes de julio.
Reuniones con jueces
Asimismo se reunirá con el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, con el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano, y con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El jueves por la mañana se verá con dos de las cuatro asociaciones de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), para abordar la situación de bloqueo que atraviesa el CGPJ, que permanece en funciones desde diciembre de 2018.
El viaje de Reynders se produce apenas dos semanas después de que la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Estado de Derecho, Vera Jourová, que ya estuvo en Madrid en junio, respaldara en una carta a Lesmes y avisara de que el "correcto funcionamiento de las instituciones del Estado" -como el órgano de gobierno de los jueces- "no debe formar parte del debate político y menos aún ser rehén de ese debate".
La renovación del CGPJ es una "prioridad" desde hace años para Bruselas, que también considera urgente que "inmediatamente después" se reforme el sistema de designación de los vocales del órgano, de modo que sean elegidos en su mayoría por los propios jueces, en línea con los estándares europeos.
Así figura cada año en el informe en el que el Ejecutivo comunitario evalúa la salud democrática en la Unión Europea y así lo han dicho --en público y en sus contactos directos con el Gobierno, oposición y asociaciones de jueces-- tanto el propio Reynders como Jourová.
Pese a las reiteradas llamadas al diálogo desde Bruselas, la falta de avances ha llevado a los servicios comunitarios a notificar su preocupación en una "recomendación" específica dentro del informe anual sobre España.
La UE se implica en el diálogo
"Podemos también implicarnos en el diálogo, no solamente pedir que haya un diálogo sino tratar de acercarles. Ya lo hemos hecho e intentaré hacerlo en esta visita", aseguró el pasado martes en declaraciones a varios medios, entre ellos Europa Press, en los márgenes de una reunión a 27 sobre el Estado de derecho en la UE.
"Intentamos organizar un diálogo entre fuerzas políticas porque el cambio del CGPJ necesita mayorías tales que requiere de la colaboración entre las principales fuerzas políticas", explicó el comisario, para quien es tan urgente que "se pongan en marcha" los nuevos nombramientos como que se aborde "muy rápidamente" la reforma del sistema.
En cualquier caso, en sus llamadas de atención, Reynders trata de remarcar que la situación en España "no es en absoluto" comparable a la situación de otros Estados miembro en los que, como ha ocurrido con Polonia, Bruselas ha iniciado procedimientos más severos tras constatar una "regresión" en su sistema democrático.
Se descartan sanciones
Por otra parte, fuentes comunitarias consultadas por Europa Press remarcan que a ojos del Ejecutivo comunitario no hay base jurídica para actuar contra España porque no existe una regresión sobre la legislación existente, como sí sucede con las reformas de Budapest y Varsovia para interferir en el sistema judicial.
Tampoco contemplan que la situación afecte al desembolso de fondos de recuperación de la Unión Europea para España en tanto que los hitos y condicionalidad está ya negociada.
Preguntado días antes de su viaje por las consecuencias para España si persiste el bloqueo, Reynders descartó también la perspectiva de procesos sancionadores como el del artículo 7, que se activó contra Hungría y Polonia por riesgos sistémicos en el Estado de derecho. Sólo en caso de que la situación "durante años no mejorara", dijo el comisario, el Ejecutivo comunitario "tendría que pensar en otros instrumentos" para presionar a España.
Además de esta cuestión, el comisario quiere abordar con las autoridades el uso del software de espionaje 'Pegasus', programa supuestamente utilizado para espiar a líderes independentistas y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por cuya utilización en distintos Estados miembro se ha creado una comisión de investigación en el Parlamento Europeo.