La ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha insistido este miércoles en la medida de limitar el precio de alimentos básicos, mientras que parte del sector primario prefiere que se rebaje el IVA de estos productos.
Díaz ha destacado que se trata de una medida necesaria en un contexto de elevada inflación, donde los alimentos se han encarecido hasta un 800%. "Nunca he hablado de una intervención de precios, sino una medida diferente que tiene que ver con un acuerdo entre las distribuidoras y las asociaciones de consumidores y usuarios", ha señalado este miércoles.
Además, ha destacado que es un mecanismo legal, tal y como ya indicó este martes, y que ya se aplicó con éxito en Francia durante el mandato de Nicolás Sarkozy. Ha anunciado que comenzará una ronda de reuniones con distribuidoras y asociaciones de consumidores a partir de este lunes, aunque este mismo jueves ya va a hacerlo con una de ellas.
Sin embargo, esto no parece convencer a parte del sector primario, que opta por una bajada de impuestos de los alimentos y controlar la subida de precio de los mismos desde el momento de recogida hasta que llega al supermercado.
Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha rechazado la propuesta de Díaz e incluso ha indicado al Canal 24 Horas que "empieza a parecer una programación soviética" en alusión a la cantidad de productos que se pretende incluir dentro del límite de precios.
Por otro lado, en una entrevista en TVE el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha advertido de que la alimentación es competencia suya e insiste en que la medida es ilegal.
El sector de la pesca pide un IVA superreducido
El sector de la pesca tampoco está a favor del mecanismo y Javier Garat, presidente de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), prefiere no alterar el sistema de mercado. "Si quiere ayudar realmente a los ciudadanos y al sector de la pesca, el Gobierno tendría que reducir el IVA del pescado y bajarlo al IVA superreducido, como existe en otros productos básicos y no afectar a la libertad de mercado y de competencia que existe en España", ha señalado este miércoles.
En su intervención, que forma parte de la tramitación del Proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, ha instado a los políticos un espíritu "constructivo", que aprovechen la oportunidad de este trámite para ampliar su conocimiento sobre un sector "del que España puede presumir de estar a la cabeza de la Unión Europea". Ha señalado que es "una actividad esencial y estratégica comprometida con suministrar un alimento saludable a la población, incluso en los escenarios más complejos".
"Más que topar los precios, tendrían que reducir los impuestos", matiza María del Carmen Díaz Rodríguez, presidenta de la Federación Nacional de Pesca Artesanal de España (FENAPA). Tienen que bajar el IVA. "Llevamos reclamando la bajada del IVA del pescado, que está actualmente en el 10%, que lo bajen mínimo al 4%" explica a TVE. También pide un mayor control desde el productor hasta el consumidor para que el precio no se dispare.
El sector agricultor y ganadero pide que se cumpla la Ley de Cadena Alimentaria "para que agricultores y ganaderos cobremos los costes de producción, y a partir de ahí tiene nuestro total apoyo para controlar la especulación", explica a TVE Lorenzo Ramos, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).
Reuniones con grandes distribuidoras
Para ponerlo en marcha, Díaz ha explicado que ya tiene previstas reuniones en los próximos días. "Me reúno el lunes con grandes distribuidoras del país y con asociaciones de consumidores y usuarios", ha indicado, matizando que precisamente este jueves se reúne de forma urgente con Carrefour, que se lo ha solicitado expresamente. Asimismo, ha añadido que los productores no participarán en la reunión.
Díaz ha insistido en que no se trata de una intervención de precios, sino de llegar a un acuerdo sobre una cesta de compra básica y de calidad con precios limitados. Ha señalado que lo planteado en Francia en esta línea es un modelo "razonable y positivo para todo el mundo".
No obstante, ha reconocido que aún no ha abordado este tema con patronal y sindicatos de forma formal y ha apuntado a la necesidad de tener también en cuenta a los productores, que le han pedido un mayor control en el avance del precio de los alimentos a lo largo de la cadena de distribución, es decir, desde el productor hasta que llega a los supermercados.