El Congreso de Perú ha negado este jueves al presidente Pedro Castillo el permiso para que viaje a Bogotá, donde tenía previsto acudir el próximo 7 de agosto a los actos de transmisión de mando del mandatario electo de Colombia, Gustavo Petro.
En total, 67 congresistas han votado en contra de concederle el permiso a Castillo, 42 congresistas lo han hecho a favor y ha habido 5 abstenciones.
Al tomar la palabra en el pleno, los diputados han esgrimido diferentes argumentos para negar el permiso; algunos han afirmado que existía riesgo de fuga, puesto que la Fiscalía está investigando a Castillo por varios casos de posible corrupción, mientras que otros han alegado que hay "una crisis presidencial sin precedentes".
"Estamos en una crisis presidencial sin precedentes y creo que este momento debería el presidente enviar (a Colombia) a su vicepresidenta o el canciller, pero creo que el presidente debe estar aquí, dar la cara y declarar y explicar los actos en que se encuentra", ha dicho al tomar la palabra la expresidenta del Congreso María del Carmen Alva, del partido derechista Acción Popular.
"Hay un sentimiento mayoritario de que Castillo debe irse" - Escuchar ahora
Por su parte, el congresista Juan Carlos Martin Lizarzaburu, del fujimorista Fuerza Popular, ha afirmado que Castillo "se va a querer fugar" si acude a Colombia, por lo que ha pedido que "mande al canciller y se quede asumiendo la responsabilidad".
En ese mismo sentido se expresó su compañero de bancada Héctor Ventura, quien ha afirmado que "hay un evidente peligro de fuga".
El mandatario insiste en su inocencia ante fiscal que lo investiga por corrupción
Por su parte, Katy Ugarte, del partido Perú Libre con el que Castillo llegó a la Presidencia, ha afirmado que el jefe de Estado peruano "viene colaborando en las investigaciones que la Fiscalía ha abierto en su contra" y ha subrayado que "él jamás huiría del país". "Pido a mis colegas no dejarse llevar por el odio ni las teorías irracionales", ha reclamado sin éxito.
Precisamente, Castillo ha acudido a la Fiscalía, donde ha expresado que no forma parte "de ninguna red criminal", según ha aclarado después.
De acuerdo con la denuncia abierta en la fiscalía, Castillo es sospechoso de haber concedido los ascensos a dos oficiales del Ejército, tres de la Fuerza Aérea y dos de la Policía Nacional de forma irregular y con la participación del exministro de Defensa Walter Ayala y su exsecretario presidencial Bruno Pacheco, implicado también en otros casos contra el mandatario.
Pacheco se entregó a la Justicia en julio, después de varios meses prófugo, y se ha ofrecido como colaborador de la Fiscalía en las investigaciones abiertas contra Castillo, que incluyen el delito de organización criminal, entre otros.
El jefe de Estado, que cumplió un año en el Ejecutivo el pasado 28 de julio, es también investigado por presuntas irregularidades en la adjudicación de la construcción del puente Tarata y en la compra de biodiesel.
También en el supuesto plagio de su tesis de maestría, en los ascensos militares y en la supuesta obstrucción para la búsqueda y captura del exministro Juan Silva y su sobrino Fray Vásquez, implicados en estos casos.