La defensa de Juana Rivas ha presentado este viernes una querella por presunto "maltrato institucional" contra el juez Manuel Píñar, que la condenó inicialmente a cinco años de prisión por la sustracción de sus dos hijos menores de edad después de que los sacara de Italia en 2016 sin permiso paterno.
La querella, interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se presenta por un delito continuado de prevaricación judicial y atentado contra la integridad moral (maltrato institucional) por las supuestas "ilegales decisiones" adoptadas por el juez "durante la tramitación de la ejecutoria", según detallan los abogados en un comunicado.
El caso de esta madre de Maracena (Granada) llegó hasta el Tribunal Supremo, que rebajó de cinco a dos años y medio la pena de prisión y que más tarde avaló el indulto concedido por el Gobierno en noviembre del año pasado, pese al recurso presentado por su expareja contra esta medida de gracia.
La defensa alega una "clara falta de imparcialidad y objetividad"
Según ha informado el abogado, la querella se fundamenta, entre otros hechos, en que el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, "careciendo absolutamente de competencia para ello", tramitó en su día un expediente de indulto "con la única intención de informar negativamente sobre dicho beneficio, con absoluta parcialidad (alterando intencionadamente la realidad) y ocultando la propia existencia de ese expediente a la defensa".
Agrega la querella que, sabiendo "perfectamente" que la sentencia condenatoria firme que se despachaba en la ejecutoria de Juana Rivas fue dictada por el Supremo, usurpó las atribuciones del alto tribunal, dando lugar a la existencia de dos expedientes de indulto paralelos: "uno debidamente informado por el Tribunal Supremo, y otro al que jamás debió darse curso, y que fue informado con manifiesta parcialidad por el querellado".
Además, en el procedimiento penal dictó varias resoluciones "a sabiendas de su injusticia, con clara falta de imparcialidad y objetividad", en referencia al auto del 27 de mayo de 2021 por el que abrió la ejecutoria y, "sin trámite alguno", acordó la busca, captura e ingreso en prisión de la querellante, y al emitido con anterioridad, el 9 de mayo de 2021, en el que estableció que no había lugar a la suspensión de pena.
El juez dio credibilidad "sin fundamentos" a presuntos abusos sexuales al menor
Para la defensa de Rivas, estas decisiones se amparan en "tres absolutas falsedades", entre ellas que la querellante no se había arrepentido de su conducta, cuando según el abogado consta lo contrario en los informes penitenciarios "e incluso reconoció su error en medios de comunicación".
La otra "falsedad" es que había reiterado la conducta de sustracción de menores en el extranjero, "cuando la realidad es que no tiene ningún otro procedimiento en ningún país del mundo", y lo más grave, dice, que "habría permitido el abuso sexual de uno de sus hijos", una acusación, agrega el letrado, "tan infundada y cruel" que constituye un atentado contra la integridad moral de Rivas.
Según Aránguez, para comprender la "ausencia de imparcialidad" del magistrado debe tenerse en cuenta que Rivas le conocía desde hace años, dado que era amiga de las hermanas del magistrado –una de ellas llegó a asesorar jurídicamente a la expareja de Juana, señala el abogado–, y que tuvo siempre con ella "una relación tensa por su falta de sintonía ideológica".
Y pone como ejemplo algunos de los comentarios difundidos por el magistrado en abierto a través de su página personal en la red social Facebook, en las que se advierte, dice, su "marcada antipatía hacia las políticas de igualdad y contrarias a la violencia de género", y otras declaraciones a la prensa en las que, "sin fundamento ni base legal alguna", da credibilidad a los abusos sexuales al menor "con la intención de menoscabar la dignidad e integridad moral" de Rivas.