La Mesa del Parlament de Cataluña ha acordado este jueves la suspensión de la presidenta de la cámara, Laura Borràs, acusada de prevaricación y falsedad documental por su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). ERC, PSC y la CUP han votado a favor de aplicar un artículo 25.4 del reglamento del Parlament, que obliga a suspender a un diputado si se le abre juicio oral por corrupción.
La decisión de la Mesa implica su suspensión inmediata como presidenta y diputada, una suspensión que estará en vigor mientras dure el juicio. Borràs ha calificado la suspensión de "injusta" y "extremadamente grave", acordada por "cinco diputados que no han venido hoy vestidos de diputados, sino de jueces hipócritas". "Han aplicado un artículo que sabían que no podían aplicar para apartarme políticamente", ha afirmado en un discurso muy duro contra los miembros de la Mesa.
Ha insistido en que el artículo 25.4 no se aplica a su situación ya que no está investigada, como sí ocurrió en un principio, por malversación, por lo que no considera que se trate de un caso de corrupción. Cree que el caso es una "persecución política" que los diputados del Parlament han fomentado. Considera que se ha vulnerado su derecho fundamental a la presunción de inocencia ni a la representación política, y cree que los diputados de PSC, ERC y CUP han aplicado este "infame" artículo "con ligereza" para "hacer desaparecer una adversaria política".
La dirigente de Junts se ha negado a dimitir frente a las presiones de la oposición, de sus socios de ERC e incluso de diputados de su propio partido. "Los que me quieran muerta, me tendrán que matar y ensuciarse las manos", señaló en redes sociales. Borràs ha recibido, antes de la reunión, el apoyo de la plana mayor de su partido y de unos 300 manifestantes que se han concentrado a las puertas del Parlament. Allí ha acudido también el expresident de la Generalitat, Quim Torra.
Acusada de fraccionar contratos para adjudicárselos a un amigo
El martes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó la apertura de juicio oral contra Borràs. Está acusada de los delitos de prevaricación y falsedad documental por fraccionar contratos de la ILC, que dirigió hasta 2018, para adjudicárselos a un amigo. Esta decisión ha tensado aún más la relación entre los dos socios en el Govern.
El president Pere Aragonès (ERC) sugirió a mediados de julio que si un dirigente de su partido estuviese en su misma situación judicial, se "apartaría" del cargo y pondría la institución siempre "por delante". Unos días más tarde, señaló que la corrupción "no tiene sitio" en Cataluña, tras lo cual añadió que "las instituciones son para la mayoría, no para una o dos personas".
Tanto los republicanos, como la CUP y los partidos de la oposición, pidieron a Borràs que se apartara voluntariamente. El PSC reclamó que se marchara "para no perjudicar a la oposición", mientras que la CUP se lo pidió para evitar que el Parlament quede "manchado" por un juicio por corrupción.
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Según sostuvo la Fiscalía en su escrito al TSJC, entre marzo de 2013 y febrero de 2017 Borràs, "con abuso de sus funciones" como directora de la ILC, aprobó el gasto y acordó la adjudicación de estos 18 contratos menores "sin justificar que se tratara de la propuesta más ventajosa", ya que "era plenamente conocedora" de que detrás de ellos "se escondía" su amigo Isaías Herrero.