El ultraderechista Steve Bannon, que fue asesor del presidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021), ha sido considerado culpable este viernes de desacato al Congreso tras haberse negado a comparecer ante el comité que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio.
Su juicio comenzó el lunes y la pena establecida todavía no se ha precisado. Su difusión, según los plazos en vigor, podría demorarse entre 60 y 90 días.
Bannon, de 68 años, encaraba desde noviembre de 2021 un cargo penal por su negativa a comparecer ante dicho comité y otro por no querer entregar documentos y por ambos ha sido condenado culpable.
La condena puede acarrearle entre 30 días y un año de prisión, así como una multa de hasta 100.000 dólares por cada cargo.
Bannon habló con Trump al menos dos veces la víspera del asalto al Capitolio
El comité quería que testificara porque cree que tenía algún conocimiento previo sobre lo que iba a ocurrir ese 6 de enero, cuando el Congreso tenía previsto certificar la victoria electoral del demócrata Joe Biden en las presidenciales de noviembre de 2020 y Trump había convocado una protesta cerca de la Casa Blanca.
Bannon habló con Trump al menos dos veces la víspera del ataque y ese mismo 5 de enero aseguró en su pódcast que al día siguiente se iba a desatar "un infierno".
Asalto al Capitolio: así fue la noche en la que se vivió un insólito ataque a la democracia de EE.UU.
Aunque al principio quiso acogerse al "privilegio ejecutivo", que protege las comunicaciones de un presidente con su equipo, el comité ya había dicho en octubre de 2021 que el exasesor no estaba cubierto por esa protección ya que en el momento del ataque no ocupaba ningún cargo público.
El juicio en una corte federal del Distrito de Columbia, en el que se encuentra Washington, se inició esta semana con la selección del jurado y este mismo viernes tuvieron lugar las deliberaciones después de que la defensa y la fiscalía expusieran los argumentos finales.
El abogado de Bannon, Evan Corcoran, sostuvo de nuevo que la citación a su cliente era ilegítima y que atendía a motivos políticos.
"No rechazó intencionadamente incumplir la citación, en absoluto. No rechazó intencionadamente incumplir nada", remarcó el letrado, quien trató, además, de levantar sospechas contra la acusación.
Corcoran buscó vincular a la fiscal, Molly Gaston, con una de las principales testigos de la acusación, Kristin Amerling, abogada jefe del comité del 6 de enero, asegurando que hace 15 años trabajaron juntas en el Congreso y pertenecieron al mismo club de lectura.
El veredicto se conoce un día después de la octava y última sesión, hasta septiembre, de la serie de interrogatorios públicos que ese comité inició hace un mes.
El foco estuvo puesto en los 187 minutos que pasaron desde que Trump arengó a la multitud a hacerse oír en el Capitolio hasta que a las 16.17 de esa tarde colgó un vídeo en Twitter donde les dijo por primera vez que debían abandonar la sede del Congreso.
El comité del Capitolio cree que la condena de Bannon reafirma su labor
El comité probó que Trump decidió no frenar rápido el asalto porque le convenía y que en su lugar pasó la tarde viéndolo en la cadena conservadora de televisión Fox News, ignorando las peticiones de sus asesores y de su familia para que intercediera.
Tras conocer la noticia, el presidente y la vicepresidenta del Comité del Congreso de Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio han considerado que la condena a Steve Bannon es una "victoria del Estado de derecho" y reafirma la labor de este órgano.
En un comunicado, el demócrata Bennie Thompson y la republicana Liz Cheney celebran que Bannon fuera declarado culpable de desacato al Congreso tras haberse negado a comparecer ante el comité.
"La condena de Steve Bannon es una victoria del Estado de derecho y una importante confirmación del trabajo de este comité", dice el comunicado.
Y han subrayado, como dijo el fiscal del caso, que Bannon eligió "la lealtad a Donald Trump por encima del cumplimiento de la ley".
Thompson y Cheney han considerado que de la misma manera que todos los responsables de los acontecimientos del 6 de enero de 2021 deben rendir cuentas "quien obstruya" su investigación "debe afrontar las consecuencias".
"Nadie está por encima de la ley", han concluído.