La prórroga hasta el 31 de diciembre del plan 'anticrisis' para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania, que incorpora nuevas ayudas con un coste de 9.000 millones de euros, ha salido adelante este jueves en el Congreso gracias al apoyo del bloque de la investidura y la abstención del PP, que ha sido confirmada por fuentes del partido minutos antes de la votación. No obstante, las críticas al Ejecutivo han sido generalizadas por la falta de negociación.
Con 186 votos a favor, 51 en contra y 108 abstenciones, se convalidan así las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado mes de junio como el cheque de 200 euros para las rentas bajas, el aumento del 15 % de las pensiones de jubilación y viudedad no contributivas, la gratuidad de los abonos de transporte estatales operados por Renfe o la reducción del 10 % al 5 % del IVA de la luz. Y siguen en vigor la bonificación de 20 céntimos por litro en los combustibles, el límite del 2 % a la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda o la prohibición de recurrir al despido objetivo por causas relacionadas con el aumento de los costes energéticos. Además, se ha aprobado por amplia mayoría su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Se trata de unas medidas que, según el Gobierno, van a contener en 3,5 puntos el alza de los precios. Esto es, que evitarán que el IPC, que en junio cerró en el 10,2 % -su mayor nivel desde abril de 1985-, se dispare hasta el 14 o el 15 %. Y que tendrán un coste para las arcas del Estado de más de 9.000 millones de euros, que se sumarán a los 6.000 millones aprobados en el mes de marzo.
Durante el debate de la norma, el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, ha pedido a los grupos una convalidación "pacífica" porque es "de sentido común" ayudar a familias para las que "cada vez es más difícil llegar a fin de mes" y a empresas, a "continuar con su negocio", y las Cortes "no pueden mirar para otro lado". Asimismo, ha asegurado que "los próximos meses van a ser complejos" y por ello "es tiempo de buscar consensos y estar de acuerdo en lo esencial que es ayudar a nuestros conciudadanos, sumar al esfuerzo colectivo".
Abstención sorpresa del PP
La sorpresa de la tarde ha llegado de la mano del PP, que ha decidido abstenerse, facilitando así la aprobación de la norma. Fuentes 'populares' han confirmado a RTVE que es "insuficiente e incompleto", puesto que carece de medidas específicas para las clases medias" y porque "persiste en no abaratar el coste de la Administración con el Ejecutivo más caro de la historia". No obstante, se han inclinado por la abstención por "la rectificación de Pedro Sánchez respecto a la bajada del IVA a la electricidad" y por "la puesta en marcha de ayudas directas a las rentas más bajas".
Respecto a las medidas fiscales, que no incluyen la bajada en el IRPF que reclama el presidente 'popular', Alberto Núñez Feijóo, han asegurado que no pueden "avalar unas tesis económicas que podrían endosar nuevas subidas de precios a la energía y los hidrocarburos" ni "apostar por la aceleración en la descarbonización". Tampoco "existen garantías", han señalado las mismas fuentes, de que el "inconcreto y difuso" impuesto a las entidades financieras no se acabe trasladando a los ciudadanos con encarecimientos de sus créditos, reducción de la retribución de sus ahorros, restricción del crédito o generación de sobrecostes en comisiones bancarias.
"¿Se ha parado a pensar en la importancia del gasto público sobre la inflación?", ha preguntado anteriormente el diputado popular Jaime de Olano, que ha pedido al Gobierno que ayude a las clases medias deflactando el IRPF y reduzca la estructura ministerial, "la más grande de la historia de la democracia".
Los grupos critican la falta de negociación
Lo cierto es que la mayoría de grupos parlamentarios han criticado la falta de negociación de las medidas del decreto, como es el caso del PNV, cuya diputada Idoia Sagastizabal ha considerado que, aunque positivo, es "pan para hoy y hambre para mañana", al tiempo que ya se queda viejo con las modificaciones anunciadas por Sánchez. Se ha referido así al incremento al 100 % de la rebaja en el transporte público, que el decreto sitúa en el 50 %, un extremo en el que coincide la diputada de Ciudadanos María Muñoz, quien lo ve "obsoleto", así como "cortoplacista".
"Llegará un momento en el que el Gobierno no tendrá capacidad de maniobra y tendrá que dejar que la inflación devore a empresas y familias o tendrá que llevar a cabo recortes dolorosos", ha dicho Muñoz.
Por su parte, la diputada de Bildu Mertxe Aizpurua ha valorado las medidas introducidas en el decreto como los descuentos en el bono social o la prohibición de despido en empresas beneficiarias de ayudas, pero las sigue viendo "insuficientes" y pide otras "estructurales". Mientras que el diputado de BNG Néstor Rego ha pedido también reformas estructurales en el mercado eléctrico, mientras que el de ERC Joan Margal ha reclamado valentía al Gobierno y le ha advertido: "Si son puro marketing, no cuenten con nosotros".