El PP ha ofrecido renovar la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la normativa en vigor y para ello ha puesto, entre otras condiciones, la derogación íntegra, antes del jueves, de la reforma del Poder Judicial "pactada con ERC" por la que se permite nombrar a miembros del Tribunal Constitucional, pese a estar en funciones, y una futura ley para cambiar el modelo de elección que parta de la propuesta de los jueces.
El partido de Alberto Núñez Feijóo ha enviado este lunes al Gobierno una propuesta de renovación y reforma del poder judicial, anunciada en rueda de prensa por el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, que ha argumentado que después de tres años de bloqueo cambiar simplemente los vocales del CGPJ con un "pacto secreto" dejaría "todavía más cuestionada" la independencia judicial.
"No basta con renovar las instituciones, sino que tenemos que hacer un esfuerzo para regenerarlas y reformarlas", ha declarado González Pons en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección presidida por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.
González Pons ha señalado que el PP exige la retirada de la proposición de ley "unilateral" del PSOE para renovar el TC que se vota el jueves en la Cámara Baja y que el "Gobierno ha pactado con ERC". En ese caso, ha proseguido, el PP estará dispuesto a "negociar la renovación del CGPJ y del TC con respecto a le ley actualmente en vigor.
El dirigente del PP ha señalado que "simultáneamente" su partido pide que haya una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que "garantice la regeneración y la reforma del modelo de elección del CGPJ".
El PP "combate" las "puertas giratorias" entre política y Justicia
El PP también defiende que el nombre del presidente del órgano de gobierno de los jueces sea decidido por los vocales, de forma que "no exista un pacto político previo" por el que los políticos deciden en quién recae ese cargo, según Pons, que ha dicho que el PP "combate" hasta donde puede "las puertas giratorias" entre la política y la Justicia.
En su iniciativa, el PP propone que el fiscal del Estado no pueda estar en política en los cinco años anteriores a ser elegido para el cargo y que pueda ser recusado por esa causa.
Uno de los puntos del documento pide la "regulación" de las llamadas "puertas giratorias", de manera que los jueces y magistrados que sean nombrados "para cargos de elección política o de gobierno, con rango superior al de director general", no puedan reingresar al servicio activo hasta transcurridos dos años a partir del cese en los referidos cargos y que no puedan ser nombrados vocales del CGPJ quienes hayan desempeñado cargos vinculados a la política en los cinco años inmediatamente anteriores.
Un nuevo modelo de elección en un plazo de seis meses
Además, González Pons ha asegurado que el PP exige que en el plazo de seis meses, el nuevo CGPJ elegido con la ley en vigor, proponga al Congreso un nuevo modelo de elección para el futuro, "pactado entre los jueces y las asociaciones judiciales".
La negociación de los vocales se haría en el Congreso, entre los grupos, de acuerdo con la propuesta del PP, y no entre el Gobierno y un partido, y que "el nuevo Consejo elegido con la ley en vigor proponga un nuevo modelo de elección" en el plazo de seis meses.
El PP plantea que en la proposición de ley se incluya, como requisito para ser nombrado magistrado del Tribunal Supremo, una antigüedad de 25 años de servicio activo en la carrera judicial, sin que pueda computarse a estos efectos los años de servicios especiales de cualquier tipo.
También insta a la "regulación de la Comisión de Calificación" que se establezca "nuevamente" con la finalidad de "recabar información de los candidatos" a puestos discrecionales, para "motivar justificadamente" los nombramientos.
Todos los altos cargos de la carrera judicial pasarán a ser nombrados por mayoría de tres quintos (13 de votos de los 21), según la propuesta enviada por el PP al Gobierno para la renovación y reforma del poder judicial.