La presidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, y la mayoría independentista de la Mesa han retado este miércoles al Tribunal Constitucional (TC) al contabilizar verbalmente el voto delegado del diputado de JxCat Lluís Puig, que reside en Bélgica.
Pese a que el TC anuló la delegación de voto acordada por la Mesa en marzo del año pasado, la portavoz de Junts en la Cámara catalana, Mónica Sales, ha ejercido el voto delegado de Puig, huido por el 1-O.
Antes de producirse esa votación, Borràs ha expresado que "de acuerdo con el acuerdo adoptado por la mayoría de la Mesa, el voto de Puig será añadido al cómputo de votación en base al sentido de voto que fija la portavoz de su grupo parlamentario, que es quien tiene hecha la delegación de voto".
La presidenta del Parlament ha contabilizado verbalmente el voto delegado, al anunciar de viva voz que el decreto de integración de centros educativos a la red de titularidad de la Generalitat había sido validado por 134 votos a favor; no obstante, dicho voto no se ha visto reflejado en el marcador electrónico de la Cámara, que mostraba solo 133 votos favorables.
Ahora está por ver si este voto constará oficialmente en el acta del pleno, por lo que los miembros independentistas de la mesa se han emplazado a estudiar un acuerdo para que el voto de Puig quede registrado.
El debate del decreto ha comenzado tras retomarse la sesión plenaria, que ha estado paralizada durante más de una hora por la presentación cuatro peticiones de reconsideración de PSC-Units, Vox, Cs y PP sobre la delegación de voto de Puig, que han sido rechazadas por la mayoría independentista del órgano rector de la Cámara.
Junts y ERC acordaron mantener el voto delegado
El paso siguiente deberá ser la publicación de las votaciones de este pleno en el Boletín Oficial del Parlament y en los diarios de sesiones, algo que aún está en el aire, aunque fuentes de ERC y JxCat han dicho a EFE que confían en que se producirá finalmente.
Un acuerdo de cuatro puntos suscrito el martes entre los miembros de ERC y JxCat en la Mesa contempla mantener el voto delegado y emplaza a que la Mesa acuerde asumir la responsabilidad de la publicación definitiva de las votaciones, para así eximir así a los funcionarios de posibles consecuencias legales.
Pero este último aspecto todavía no está cerrado, ya que ERC y JxCat pactaron reunir nuevamente la Mesa del Parlament a lo largo del pleno para acordar definitivamente esta cuestión, algo que según fuentes parlamentarias podría producirse incluso al final de las votaciones del jueves por la tarde.
Un posible delito de desobediencia
Quien advirtió a los miembros independentistas de la Mesa de las posibles consecuencias penales fue el letrado mayor, Miquel Palomares, que tomó la palabra para alertar de la "ilegalidad" de dicho acuerdo, según han confirmado diversas fuentes parlamentarias.
Palomares avisó de que desoír al TC podía suponer un delito de desobediencia y de usurpación de funciones, con posibles penas de entre uno a tres años de cárcel, y añadió que éstas podrían verse incluso incrementadas si, además de mantener la delegación de voto, la Mesa asumía además la responsabilidad de la publicación oficial de las votaciones en el Boletín Oficial y los diarios de sesiones.
Por parte de la CUP, en una intervención por la tarde, la diputada Laia Estrada ha considerado "fantástico" que la Mesa haya "defendido" los derechos de Puig, pero ha reclamado también "valentía" para hacer frente al Constitucional cuando "tumba leyes sociales" catalanas.
Vox se querellará y Cs acude al Constitucional
De momento, Vox ha anunciado que se querellará por desobediencia contra los miembros de la Mesa en el caso de que no se reconsidere la decisión de mantener el voto de Puig.
Y Ciudadanos ha registrado un escrito ante el Tribunal Constitucional en el que piden que se deduzca testimonio, para que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pueda proceder, en su caso, a exigir responsabilidades por prevaricación y desobediencia contra Borràs y otros miembros de la Mesa.