El Gobierno está preparando un nuevo impuesto para gravar los beneficios extraordinarios de las eléctricas, según ha anunciado este sábado Pedro Sánchez. En las próximas semanas los dos partidos de la coalición del Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos, presentarán una proposición de ley en el Congreso para que este tributo pueda estar en vigor el 1 de enero de 2023.
"Las cargas de esta situación tan dolorosa deben distribuirse con justicia, deben aportar más quienes están en mejores condiciones y lo que no cabe es que algunos resulten beneficiados a costa del perjuicio de las mayorías", ha explicado Sánchez en la rueda de prensa tras un Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado la prórroga del plan anticrisis.
Esta medida no forma parte del decreto del plan, donde sí se incluyen novedades como una ayuda directa de 200 euros a trabajadores, autónomos y desempleados vulnerables, una rebaja del 50% de los abonos transporte estatales y se han prorrogado otras como la bonificación de 20 céntimos el litro en el combustible. Con este anuncio, Sánchez recoge el guante de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que propuso a inicios de esta semana aumentar los impuestos a las eléctricas.
En el Gobierno de coalición, el sector socialista apoyó que las grandes empresas energéticas pagaran más, pero no con un recargo de 10 puntos en el impuesto de sociedades, como pedía Díaz. Finalmente, el gravamen vendrá en forma de un nuevo tributo. La ministra de Trabajo ha celebrado el anuncio minutos después del mensaje de Sánchez. "Activaremos con celeridad un impuesto extraordinario que permitirá que los millonarios beneficios de estas empresas se puedan sumar a la recuperación colectiva", ha escrito en redes sociales.
El impuesto afectaría al ejercicio de 2022
Aunque el tributo entrará en vigor en 2023, afectaría ya al ejercicio de 2022, según el Gobierno. "Es una medida que sintoniza con la opinión publica de nuestro país, con medidas similares de los países europeos de nuestro entorno y que atiende a las recomendaciones de distintos organismos internacionales cono la propia Comisión Europea, la OCDE y el FMI", ha añadido Sánchez.
El presidente no ha concretado cómo será ese nuevo gravamen, que todavía está en estudio, pero ha afirmado que responde a la necesidad de garantizar "un reparto justo de las cargas sociales y económicas" de la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania. "Quienes obtengan réditos indirectos de esta subida de precios deben aportar de forma adicional al esfuerzo colectivo y a la protección de la clase media y trabajadora", ha añadido el presidente.
Ha defendido que este Ejecutivo es "muy incómodo" para "determinados poderes económicos" que "tienen sus terminales políticas y mediáticas", y ha asegurado que no van a conseguir "quebrar" al Ejecutivo pese a que "se le golpea mucho".