Las exportaciones de material de defensa desde España se acercaron a los 3.300 millones de euros, un 9% menos que en 2020 y una cifra alejada del récord de 2017, cuando se superaron ampliamente los 4.000 millones. Son algunos de los datos de la estadística de "Exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso" en 2021, que presentó este miércoles la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, en la Comisión de Defensa, tras su comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados.
El informe, al que ha tenido acceso DatosRTVE, es elaborado anualmente por la Secretaría de Estado de Comercio, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En él, se evidencia que los más de 3.200 millones de euros en los que están cifradas las exportaciones de material de defensa del pasado año han supuesto un 22,6% de todo el presupuesto autorizado para este tipo de actividades comerciales, que asciende a cerca de 15.000 millones para todo 2021.
Desde la Secretaría apuntan a que buena parte de los fondos que no han sido empleados reside en transacciones no materializadas a lo largo del año, y ponen como ejemplo el envío de ocho aviones a Francia, cuatro a Países Bajos y otras operaciones de repuestos o asistencia en programas de cooperación. Méndez expresó en su presentación que estas "podrían hacerse en un futuro, como el año que viene".
Francia y Países Bajos, junto con Gran Bretaña y Alemania, son precisamente los destinos principales de las exportaciones de armas de España. La Unión Europea en su conjunto es el principal mercado de nuestro país, acaparando algo más de la mitad de las operaciones y, junto con los territorios miembros de la OTAN, concentran en torno a siete de cada diez euros.
Echando un vistazo a los datos de la Secretaría de Estado de Comercio sobre exportaciones realizadas a nivel global, Australia, Arabia Saudí, Canadá, Italia, Emiratos Árabes Unidos y República Checa completan el top 10 de territorios a los que más material de defensa español ha llegado.
Las exportaciones con Arabia Saudí, Emiratos Árabes e Israel, bajo la lupa
Precisamente el envío de material a territorios como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos fue duramente criticado en el Congreso el miércoles, donde el grupo parlamentario de ERC alegó que exportar armas a esos países "no es invertir en seguridad".
Las críticas van en línea con la petición de parar las exportaciones a estos países que hacen organismos como Amnistía Internacional (AI). En su “Análisis de las exportaciones españolas de material de defensa y otro material de 2021”, al que también ha tenido acceso DatosRTVE, resalta que ambos continúan encabezando “la coalición internacional que interviene en Yemen desde marzo de 2015”.
Preguntada por algunos grupos parlamentarios sobre los posibles desvíos hacia el conflicto yemení, Xiama Méndez ha expresado que no tienen constancia sobre ello. También ha defendido las exportaciones con Arabia y Emiratos, ya que “no existe ningún tipo de embargo contra ellos”, sino una resolución de 2015 en materia de sanciones contra las personas que participaron en el golpe de Estado del país.
Amnistía Internacional pide también el cese de las actividades con Israel. Las exportaciones con este país en 2021 ascendieron a 3,5 millones de euros, pero la organización es partidaria de congelar futuras operaciones hasta que se esclarezca si hay riesgo de que puedan ser usadas “para violaciones graves del derecho internacional humanitario o abusos graves contra los derechos humanos”.
Armas de doble uso, caza, deportivas o policiales: la otra cara de las exportaciones
Al margen del material de defensa, el informe de la Secretaría de Estado de Comercio también recoge el mercado de otro tipo de armas made in Spain. Las exportaciones autorizadas de armas de doble uso –es decir, aquellas que se pueden emplear para fines civiles y militares, y también para programas de armas nucleares o de destrucción masiva– ascendieron a los 344 millones de euros el pasado año, de los que se emplearon más de 232, un 67% del total.
Amnistía Internacional también muestra su preocupación ante el envío de otro tipo de equipos, como el de antidisturbios o de uso policial, cuyas ventas están valoradas en casi medio millón de euros. La institución considera que la evaluación del riesgo que se ejerce para determinar su venta es “insatisfactoria”, pues afirma que la gran mayoría acaba en cuerpos de seguridad a los que AI ha atribuido casos de uso excesivo de la fuerza: Chile, República Democrática del Congo, Perú y Túnez.
En cuanto a la caza y tiro deportivo –rifles, escopetas, revólveres, etc.–, las exportaciones sobrepasan los 100 millones de euros. Aunque son elevadas las licencias autorizadas a países como Sudáfrica (21), Brasil (196) o México (4), Amnistía se centra especialmente en uno: Estados Unidos. España concedió 52 licencias por valor de más de 682 millones de euros, una cifra casi seis veces superior a la de 2020, y que se materializó en más de seis millones en armas cortas, cartuchos y cañones.
La Comisión y las organizaciones demandan más transparencia
Pese al descenso en el número de exportaciones frente a otros años, España fue el noveno vendedor mundial de armas convencionales entre 2017 y 2021, y sus exportaciones representaron el 2,5% del total global. Son datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés).
Los grupos parlamentarios que conforman la Comisión de Defensa han celebrado los avances conseguidos respecto a otros años, como la inclusión del protocolo de verificación ex post, que asegura que el material enviado a un país no abandona dicho territorio. La propia ministra ha confirmado que ya se ha puesto en marcha este mismo año y que podrán conocerse algunas de las conclusiones “en las próximas semanas”.
Sin embargo, tanto ellos como organismos como Amnistía Internacional, además del fin del envío de armas a ciertos países, demandan más transparencia, más tiempo para analizar estos datos y la puesta en marcha de "medidas concretas", como la aprobación de una nueva ley de acceso a la información en poder del Estado, que reemplace a la Ley de Secretos Oficiales de 1968.