La Ley Audiovisual que reforma la producción para, entre otras cosas, atraer negocio a España, ha sido aprobada definitivamente este miércoles en el Senado gracias al apoyo del PNV y la abstención del PP y Unidas Podemos, pese a que los productores independientes la consideran una "sentencia de muerte".
El rechazo de todas las enmiendas (288, además de 14 votos particulares) presentados en la Cámara Alta ha permitido que la nueva ley quede solo pendiente de su publicación en el BOE para trasponer al ordenamiento jurídico español la directiva europea sobre la prestación de servicios de comunicación audiovisual, ante la evolución de la realidad del mercado y la llegada de las plataformas. Ha sido convalidada por 125 votos a favor, 28 en contra y 103 abstenciones.
Tal como ya ocurrió en el Congreso, los socios de Gobierno -PSOE y Unidas Podemos- han dividido su voto, y estos últimos se han abstenido, al igual que el PP (lo han justificado con que es preferible una "mala" reforma a ninguna), situación que ha favorecido la aprobación de la ley. La iniciativa salió adelante en el Congreso en mayo, gracias también a la abstención de la formación 'morada' y los 'populares'. Por su parte, han votado en contra Vox, ERC y PdeCat.
El PSOE defiende que la producción independiente "está garantizada"
La ley obliga a las televisiones y grandes plataformas a destinar el 5 % de sus ingresos en España a producción audiovisual y un 70 % de esa cuota (3,5 % del total) a la producción independiente en lengua oficial o cooficiales. Además, impone a las plataformas con sede en España una cuota del 30 % de producción europea en su catálogo; de ese porcentaje, el 50 % debe ser en lengua oficial o cooficiales (15 % del total) y de esa subcuota, un 40 % en lenguas cooficiales (6 % del total).
En su campaña en contra, los productores llevaron su protesta a Cannes y promovieron un manifiesto que firmaron más de 350 creadores y trabajadores del cine y la televisión, entre ellos Pedro Almodóvar, Paco León, Icíar Bollaín o Antonio Resines por suponer una "sentencia de muerte para la industria audiovisual española tal y como la conocemos". Según ellos, con esta norma se impulsa "una mayor concentración de la industria, en torno al duopolio actual (Grupo Atresmedia y Mediaset España) y las grandes plataformas multinacionales y se aleja de la visión europea que pretende garantizar la diversidad cultural, promoviendo la existencia de un tejido empresarial independiente, regulando el ecosistema del audiovisual".
Frente a ello, el senador socialista Xoaquín Fernández Leiceaga ha pedido no tener "miedo", ya que "la producción independiente no solo está garantizada, sino que va a tener muchos más recursos en el futuro". Así, ha asegurado que en la Ley del Cine quedará regulada la denominación de la producción independiente "y por tanto los efectos que ustedes dicen no se van a producir", al igual que lo ha señalado el ministro de Cultura, Miquel Iceta, en unas declaraciones en otro contexto. Esta Ley se ha tramitado a través del Ministerio de Economía, aunque las críticas han llegado al departamento de Iceta.
Todos contra la definición de productor independiente
Por su parte, el senador de Más Madrid Pablo Gómez Perpinyá ha recogido la voz de los productores -un apoyo que ha sido transversal, de PNV a Vox o ERC- y ha remarcado que se va a permitir producir dentro de las cuotas de la producción audiovisual independiente a televisiones y plataformas: "la cuestión técnica es una sentencia de muerte", ha subrayado. Así, se ha referido a los 17.000 empleos que temen que se pierdan y a la precarización de los 7.000 restantes. "Ustedes entienden la producción con una perspectiva de mercado, nosotros como una instantánea y testimonio imprescindible de lo que somos y seremos".
Mientras que el senador del PP Javier Puente ha afirmado que son un "partido de Estado" y por eso se abstienen en una ley por la que la Comisión europea ya ha llevado a España al Tribunal de Justicia Europeo, por los retrasos en la transposición de la directiva de 2018, además de que necesaria para obtener fondos europeos.
El senador de EAJ-PNV Luke Uribe-Etxebarria se ha felicitado por haber logrado "revertir su espíritu y tendencia recentralizadora" de la ley, y aunque ha reconocido que "no es la Ley que hubiéramos querido, es notable y sustancialmente mejor que el proyecto que salió de los hornos del Gobierno". Además de los citados aspectos, la ley refuerza la protección de los menores-los programas no recomendados solo podrán emitirse entre las 22:00 y las 6:00 horas-; prohíbe la publicidad subliminal y restringe la de bebidas alcohólicas, así como la de esoterismo paraciencias.