El primer ministro británico, Boris Johnson, ha dicho que el gobierno seguiría adelante con su plan para deportar solicitantes de asilo a Ruandatras el acuerdo alcanzado con el país, pese a los desafíos legales a los que se ha enfrentado la medida. Sin embargo, el primer vuelo organizado para este martes podría ser bloqueado después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) haya emitido una orden judicial para impedir la deportación de uno de los migrantes que tenía que ir a bordo.
"Creemos que es una asociación sensata la que hemos establecido con Ruanda. Sí, puede llevar un tiempo que funcione correctamente, pero eso no significa que no vayamos a seguir adelante", ha declarado Johnson antes de conocer la sentencia del TEDH.
El primer vuelo programado estaba listo para salir este martes, mientras el gobierno advertía que cualquiera que lo evitara a través de desafíos legales de última hora sería puesto en un avión posterior a pesar de las protestas de los detractores de la medida. Ahora bien, la orden del TEDH, que podría abrir la puerta al resto de migrantes para presentar solicitudes parecidas, podría impedir la salida del vuelo, tal y como ha informado un funcionario del gobierno británico.
De hecho, a pocas horas de que el vuelo saliera de la capital británica, los abogados de grupos de derechos humanos y activistas han llevado su caso al Tribunal Supremo, pero el juez lo ha rechazado. Sin embargo, varios individuos han argumentado con éxito que no deben ser deportados al país africano por motivos de salud o de derechos humanos, lo cual ha reducido el número de personas de las 37 originales a tan solo 7. Hay, además, otros recursos legales en curso.
Reino Unido ha llegado a un acuerdo de 120 millones de libras (148 millones de dólares) con Ruanda para enviar de vuelta a algunos inmigrantes que habían llegado ilegalmente cruzando el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones desde Europa. Ruanda, a cambio, se compromete a tramitar las solicitudes de asilo y acoger a esas personas si así lo desean.
La ONU califica el plan del gobierno de "catastrófico"
El acuerdo impulsado por el gobierno de Johnson ha levantado críticas por parte de opositores políticos, organizaciones benéficas y líderes religiosos, que lo califican de inhumano.
El jefe de refugiados de las Naciones Unidas se ha referido al plan como "catastrófico" y toda la cúpula de la Iglesia de Inglaterra lo ha denunciado de inmoral y vergonzoso. El primado de la Iglesia de Inglaterra, el arzobispo de Canterbury, ha dicho que es "contrario a la naturaleza de Dios" y los medios de comunicación afirman que el Príncipe Carlos ha mencionado en privado que el plan es "espantoso".
También han llegado críticas a la medida del gobierno británico desde las Naciones Unidas. "Está todo mal, todo mal y por tantas razones", ha dicho el alto comisionado de la ONU para los refugiados. "Es un precedente catastrófico para el derecho de asilo".
El gobierno defiende que la medida frenará la inmigración ilegal
El gobierno, por su parte, defiende que la deportación es necesaria para frenar el flujo de inmigrantes que arriesgan su vida en las travesías del Canal de la Mancha y para desarticular las redes de contrabando de personas. El Primer Ministro, Boris Johnson, ha dicho que las ofertas legales estaban socavando los intentos del gobierno de apoyar rutas seguras y legales para venir a Gran Bretaña. También ha abierto la puerta a posibles cambios en la ley si los problemas persistían.
"No vamos a dejarnos amilanar por algunas de las críticas que se han dirigido a esta política, algunas de las cuales proceden de sectores un tanto inesperados, vamos a seguir adelante y a cumplir", ha declarado a los ministros de su gabinete. Según las cifras del gobierno, el año pasado se detectó la llegada de más de 28.500 personas a Gran Bretaña en pequeñas embarcaciones.
Más de 130 personas han recibido avisos de deportación, y 37 de ellas debían ser expulsadas este martes. Las organizaciones benéficas han dicho que entre ellas había personas que huían de Afganistán y Siria, así como de Irán e Irak.
"Habrá gente en este vuelo y si no están en este vuelo, estarán en el siguiente, porque estamos decididos a acabar con el modelo de los terribles de los traficantes de personas", ha dicho la ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, a Sky News. "Lo realmente importante es que establezcamos el principio".
Grupos de defensa de los derechos humanos dicen que esta política pondrá a los migrantes en riesgo. ACNUR ha defendido que Ruanda no tiene capacidad para procesar las solicitudes, y que existe el riesgo de que algunos inmigrantes sean devueltos a los países de los que huyeron. En julio se celebrará una audiencia para determinar la legalidad de la política en su conjunto.
El Tribunal Europeo de DD.HH. impide la deportación de uno de los migrantes
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido una orden para impedir la deportación de uno de los de las personas que iban a estar en el primer vuelo de migrantes desde Gran Bretaña a Ruanda, según ha informado la organización benéfica Care4Calais. Esta orden abriría la puerta a que las seis personas restantes asignadas a ese primer trayecto presenten reclamaciones semejantes.
El tribunal ha decidido "que el solicitante no debe ser expulsado hasta la expiración de un periodo de tres semanas después de que se dictara la decisión final en los procedimientos de revisión judicial en curso", dice la sentencia.
"Esto significa que ahora es posible que los otros seis presenten reclamaciones similares. Estamos muy aliviados", ha declarado la portavoz de la organización, Clare Moseley.
Un funcionario del gobierno, que ha pedido mantenerse en el anonimato, ha dicho que Londres todavía estaba evaluando lo que significaba la decisión del TEDH, pero que era posible que el vuelo no saliera como estaba previsto.