La Justicia andorrana investiga al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y a los que fueran sus ministros de Interior y Hacienda, Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, respectivamente, a raíz de una querella por supuestas "coacciones", "extorsiones" y "chantaje" a la Banca Privada d'Andorra (BPA) para obtener "información bancaria secreta" de políticos catalanes durante el procés, dentro de la conocida como Operación Cataluña.
La investigación deriva de una querella, admitida a trámite en 2020, que presentaron el Institut de Drets Humans d'Andorra, la asociación de profesionales del derecho Drets y el expresidente de BPA, Higini Cierco, según han informado las entidades denunciantes.
La jueza de instrucción número 2 de Andorra, Stéphanie Garcia Garcia, ha expedido comisiones rogatorias para notificar la querella a los denunciados y les da quince días para que designen representación letrada que ejerza en Andorra, advirtiéndoles que de no hacerlo se les nombrará uno de oficio, han explicado el Institut de Drets Humans d'Andorra y Drets en un comunicado.
En la comisión rogatoria, del 20 de mayo de 2022, constan como querellados Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez y el exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó.
También ha acordado la juez remitir de nuevo comisiones rogatorias al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y al exinspector jefe Bonifacio Diez, que ya fueron citados en su día, pero no se presentaron.
Dirigida inicialmente contra la "policía patriótica"
Según recoge dicho escrito, los hechos denunciados en las querellas están relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantaje desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada d'Andorra (BPA) para conocer "mediante vías ilegales" información "bancaria secreta protegida por la legislación andorrana" de varios gobernantes de Cataluña y sus familiares.
Esta causa se inicia en 2016, cuando responsables de BPA denuncian que policías españoles les amenazan con cerrar la entidad y su filial española, Banco Madrid, si no les facilitan las cuentas bancarias en el Principado de la familia Pujol, del expresidente de la Generalitat Artur Mas y del líder de ERC Oriol Junqueras, entre otros.
La querella, que inicialmente se dirigía contra los miembros de la llamada "policía patriótica", se amplió posteriormente a raíz de las incorporaciones de nuevos denunciantes, entre ellos la familia Pujol y después de que el excomisario de Policía José Manuel Villarejo implicara directamente a los responsables de la "policía patriótica". La justicia andorrana admitió a trámite esa ampliación en agosto de 2020.
Coacciones, amenazas, extorsión, chantaje y falsedad documental
Así, los querellados están investigados por presuntos delitos de coacciones, amenazas, extorsión, chantaje y falsedad documental.
Según un comunicado de los abogados impulsores de la querella, la justicia andorrana ha ampliado la querella interpuesta por dos entidades, Juristes Drets y l'Institut de Drets Humans d'Andorra (Idha), a la que posteriormente se adherieron el presidente de Banca Privada d'Andorra (BPA), Higini Cierco i Noguer, y el ceo de la entidad, Joan Pau Miquel.
La denuncia sostiene que el Gobierno español habría extorsionado a los responsables del BPA, amenazándoles con forzar el cierre de la entidad y de su filial española Banco Madrid -ambos ya clausurados- si no facilitaban la información exigida.
Según los querellantes, el Gobierno de Rajoy envió también supuestamente información falsa sobre BPA a la oficina de control de delitos financieros de Estados Unidos, al FinCEN (Finanzas Crime Enforcement Network), al tiempo que "intimidaba" al Gobierno andorrano y a sus ministros en una visita oficial al Principado en enero de 2015, para precipitar el cierre de la entidad.
Además, investiga a Fernández Díaz y sus subordinados por coacciones, amenazas, extorsión y chantaje. El delito de coacciones de órganos constitucionales está castigado en el código penal andorrano con hasta 10 años de cárcel.