La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2023 y líder de Podemos, Ione Belarra, ha remitido al Gobierno su propuesta para mejorar el decreto anticrisis, que incluye reducir el precio del abono de transporte público a 10 euros, aumentar un 15% las pensiones no contributivas de forma inmediata y prohibir los cortes de suministros a las familias vulnerables.
Según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, estas son las propuestas normativas que ha enviado este mismo lunes a los ministerios competentes y al de la Presidencia para que se incluyan dentro del Plan de Respuesta sobre el Impacto de la Guerra, que el Ejcutivo va a prorrogar y actualizar, según ha avanzado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en una entrevista en La Hora de la 1.
Además de las medidas que ya están en marcha, Belarra ha incluido estas tres propuestas adicionales para proteger a las familias ante la fuerte escalada de los precios y ha pedido que tanto la prórroga del Plan como las nuevas medidas se extiendan hasta final de año.
De esta forma, insta a incrementar el periodo de aplicación del decreto anticrisis más allá de los tres meses adicionales anunciados la semana pasada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Bajada del transporte e incremento de las pensiones
En concreto, la también secretaria general de Podemos solicita que se reduzcan hasta los 10 euros todas las modalidades de abono de transporte público, tanto urbano como interurbano, emulando así el planteamiento de Alemania.
La bajada se sufragaría a través de la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por importe de 560 millones, que financiaría esa partida extraordinaria.
A su vez, la propuesta de Belarra enfatiza en la necesidad de aumentar con carácter inmediato un 15% las pensiones no contributivas y que esa mejora se incorpore a la nómina de julio. La idea es garantizar que las prestaciones más bajas puedan hacer frente al alto índice de inflación y que no vean mermada su capacidad adquisitiva hasta final de año.
La semana pasada el Gobierno se comprometió con Bildu a incrementar un 15% las pensiones no contributivas, de viudedad, orfandad o invalidez, y una garantía para impedir que el nuevo fondo público de pensiones se financie con fondos de la Seguridad Social, a cambio de su abstención en esta norma.
Modificación del Bono Social
Igualmente ha pedido que se apruebe de forma urgente una modificación del Bono Social con el objetivo de ampliar su extensión a dos millones de familias y que se agilice su acceso mediante la automatización de los trámites y el intercambio de información entre las administraciones.
Junto a ello, exige que se prohíba el corte de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua en la vivienda habitual de las familias vulnerables cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de sus titulares, como la pobreza sobrevenida o el agravamiento de la situación social o económica.
Para ello, propone poner en marcha un protocolo "obligado" de comunicación por el que la empresa suministradora deba comunicar su intención de cortar el suministro previamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para que haga una comprobación de renta y pida un informe a los servicios sociales.
En el caso en el que se certifique la vulnerabilidad, no podrá procederse al corte del suministro de electricidad, agua y gas.
Prorrogar otras medidas
Respecto a las medidas que ya contiene el real decreto de respuesta económica a la crisis provocada por la guerra de Ucrania, que se aprobó a finales de marzo, incide en continuar con el descuento en los carburantes, el aumento de un 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital o el límite de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda al 2%.
De momento, los integrantes de la coalición ya han desplegado contactos para fijar los términos de la prórroga del decreto anticrisis, en el que se han deslizado planteamientos para desplegar cierta progresividad en algunas medidas.
Por ejemplo, el ministro de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, abrió la puerta a que el Gobierno introduzca una mayor progresividad en la bonificación del combustible para que esta medida sea más eficaz y llegue a quienes "verdaderamente" lo necesitan. De esta forma, aludió a que se estaba debatiendo como precisar dicha medida.