El hermano de la presidenta madrileña, Tomás Díaz Ayuso, declaró en sede judicial antes de Semana Santa en el marco de la investigación de un contrato de emergencia de la Comunidad de Madrid para adquirir mascarillas.
El fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, preguntó a Díaz Ayuso por la licitación del contrato, que ascendió a un importe total de 1.512.000 de euros y fue adjudicado a la empresa Priviet Sportive, S.L. para que trajese el material sanitario de China.
Durante el interrogatorio, que tuvo lugar el pasado 6 de abril, el investigado defendió su labor en las operaciones y negó que la presidenta tuviese conocimiento del dinero que cobró ni participación durante el proceso de adjudicación.
La citación de Díaz Ayuso se suma, además, a la del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quien ya dio explicaciones ante la Fiscalía el pasado 8 de abril.
El consejero prestó declaración en calidad de testigo y defendió que desde la Consejería de Sanidad se actuó en todo momento de forma "honrada". De este modo, aseguró que todos los contratos de emergencia se tramitaron con "transparencia" y fueron "acordes" a la legislación sobre contratación en el sector público.
Por su parte, el propietario de la empresa, Daniel Alcázar, también ha comparecido tanto en Anticorrupción como ante la Fiscalía Europea, ante las cuales ha defendido la legalidad del contrato con el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Cobró 55.000 euros de la empresa Priviet Sportive
La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias el 22 de febrero para dilucidar si hay indicios de delito en el contrato para la compra de mascarillas que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con el hermano Isabel Díaz Ayuso y por el que habría cobrado 55.000 euros tras las denuncias de los grupos parlamentarios de la izquierda en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos).
Desde el Ejecutivo madrileño han defendido desde que saltó la polémica que Tomás Díaz Ayuso cobró más IVA de la empresa Priviet Sportive no por obtener un contrato con la Administración regional, sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario. Aseguran que se trató de "una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación", ya que la ley prohíbe que haya intermediarios y comisiones en un contrato de emergencia.
En total, hubo una primera entrega con 182.000 mascarillas el 15 de abril y otro lote de 68.000 mascarillas el 20 de ese mes, ha explicado después el Gobierno regional en una rueda de prensa.