El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que impute a la vicepresidenta de la Generalitat valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por la actuación del departamento que dirige en un caso de abusos sexuales a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido.
Según ha informado el TSJCV, el juez ha acordado elevar este viernes exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, único órgano judicial capaz de imputar a Oltra por ser aforada.
En la resolución hecha pública este viernes, contra la que cabe recurso, y a la que ha tenido acceso RTVE, el instructor considera que no resulta ya posible "progresar en la investigación" sin que la vicepresidenta del Consell "sea oída como investigada, sin perjudicar su derecho constitucional de defensa y sin perjudicar el derecho de acción de las partes acusadoras y de defensa de las partes acusadas".
"Indicios racionales y sólidos" de su participación
El magistrado señala que existen "indicios racionales y sólidos" de la participación de Oltra en una iniciativa para desacreditar el testimonio de la menor víctima de los abusos en un centro público de acogida a manos del exmarido de la dirigente valenciana.
En concreto, en este procedimiento se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió la menor tutelada entre los años 2016 y 2017. Por este caso, se siguen diligencias contra 13 investigados, entre altos cargos de la Conselleria y trabajadores del centro donde ocurrieron los hechos.
La menor acosada, representada legalmente por un histórico dirigente de la formación ultra España 2000, y con Vox como acusación popular, ha iniciado un proceso judicial contra la Conselleria de Igualdad por la supuesta omisión del deber de custodia y protección, y para determinar si se produjo un delito en la elaboración de un informe interno -que desacreditaba su versión- sobre lo sucedido.
En dicha exposición razonada, que consta de 71 folios, el juez instructor indica que conoce que la misma sala a la que dirige su escrito ya desestimó en mayo de 2011 una demanda de Cristina Seguí y la Asociación Gobierna-te, por los mismos hechos, y recoge que en su pronunciamiento la sala ya calificó de "sospechosa la actuación del personal directivo de la Conselleria, particularmente de quienes ordenaron y llevaron a cabo lo calificado como instrucción parajudicial".
En la misma, el instructor cree que "no existió en la Conselleria ninguna voluntad real de esclarecer los hechos, sino, por el contrario, de ocultarlos, con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos". Y añade que "haciendo caso omiso, de hecho, a la niña, incluso desacreditándola, el beneficiario directo del proceder de los funcionarios era el marido -entonces- de Oltra".
Por otra parte, el juez expone que los hechos afectaban de "forma muy relevante a Oltra" tanto en el plano personal, como en el de sus responsabilidades políticas "ante la carencia de cualquier protocolo en la Conselleria para proceder en supuestos tan graves como el del abuso sexual continuado de una niña tutelada y en tanto que, por esta actuación de los funcionarios a su cargo, no salieron entonces a la luz graves hechos, penalmente relevantes, atribuidos a su marido".
Oltra considera que "no hay ilegalidad"
No obstante, Oltra ha afirmado que no puede haber sentencia condenatoria porque "no hay ilegalidad, no hay ilícito ni hay indecencia".
Tras la decisión del tribunal, la vicepresidenta de la Generalitat ha negado lo ocurrido "rotundamente" y ha dicho que también "lo niegan los hechos". Además, considera que se trata de una querella de la extrema derecha, de Vox y de España 2000, y a su "estela" se apunta el PP porque "no le ha venido bien no seguir gobernando y saqueando la Comunidad Valenciana", ha apuntado.
Pese a la petición del Partido Popular, Oltra ha rechazado dimitir y considera que "el PP está rabioso porque estuvimos trabajando mucho para que se viera todo el desastre en corrupción, malversación y desvío de dinero de los valencianos, mientras no había dinero para dependencia, discapacidad o las familias".
En este contexto, ha querido recordar que la última vez que fue imputada fue debido a la querella "de un señor del PP -Rafael Blasco- que acabó en la cárcel por robar los fondos de cooperación".
Ximo Puig habla de "normalidad jurídica"
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha enmarcado este viernes en la "normalidad judicial" la petición judicial y no se ha mostrado preocupado por la estabilidad del Gobierno valenciano. "Muchas veces han llegado al TSJCV cuestiones que finalmente no han ido más allá", ha señalado a los medios.
"Pero yo soy respetuoso, ahora y siempre, con la justicia", ha añadido el president, quien ha destacado que en el Gobierno valenciano creen "en la justicia, en la democracia, en la separación de poderes", y será el alto tribunal valenciano el que finalmente tomará una decisión ante el instrumento legal que se ha planteado.
Puig ha insistido en que la petición del juez forma parte del funcionamiento de la justicia, en la que creen "absolutamente", y ha defendido que hay que ser "respetuosos con el quehacer de la justicia, con la responsabilidad judicial".