La Fiscalía Europea ha señalado este miércoles que la decisión de la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, de dividir en dos la causa en la que se investiga el contrato de emergencias vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso "no se ajusta a la legislación de la Unión Europea" y anuncia que continúa con su investigación.
En un comunicado, la Fiscalía Europea dice que "ha tomado nota" de la decisión de 28 de marzo de Delgado, pero apunta que la fiscal general europea, Laura Codutra Kovesi, "quiere expresar su preocupación por el procedimiento" que condujo a esa decisión.
Recalca que la decisión sobre un conflicto de competencias entre un organismo nacional y un organismo europeo fue tomada por la FGE que es el superior jerárquico del organismo nacional (la Fiscalía Anticorrupción) y, por tanto, "parcial en el procedimiento en curso". Lamenta asimismo que haya decidido por decreto "sin escuchar a ambas partes en el conflicto de competencia" durante la Junta de Fiscales de Sala.
Asimismo, indica que dado que la ley española que regula este procedimiento, que se refiere a la interpretación y aplicación del derecho de la Unión, no prevé recurso alguno, esto impide que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ejerza su mandato exclusivo de garantizar la correcta interpretación del derecho de la UE y, por tanto, "constituye un desafío a la supremacía del derecho de la UE".
La Fiscalía Europea quiere investigar posible malversación de fondos europeos
A juicio del organismo europeo se ha podido cometer un delito de malversación de fondos europeos, algo con lo que no está de acuerdo Anticorrupción, pues considera que el dinero público fue empleado "indudablemente" en la compra de mascarillas en pleno azote de la pandemia.
Concepción Sabadell, exfiscal Anticorrupción del caso Gürtel y ahora representante española en la Fiscalía Europea, pidió la semana pasada al actual fiscal en la materia, Alejandro Luzón, la investigación abierta por el contrato de compraventa de mascarillas a la Comunidad de Madrid por valor de 1,5 millones de euros del que Tomás Díaz Ayuso había cobrado 55.000 euros.
La decisión que tomó Delgado de dividir la causa se produjo después de que la Fiscalía Europea hubiera planteado a Delgado que si tenía dudas sobre quién tiene la competencia de investigar elevase una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Ayuso critica la "guerra entre fiscalías" y tiene "sensación de indefensión"
Ayuso ha valorado este comunicado de la Fiscalía Europea ante los medios durante su visita al Parlamento Europeo: "Aquí no hay nada irregular, aquí se ha hecho todo conforme a derecho y ahora lo que es una guerra entre fiscalías que es ajena a la Comunidad de Madrid". Ha pedido a ambos organismos "que se aclaren" y que digan "cuándo acaba" todo.
"Hay una sensación de indefensión porque no sabes quién opina el qué, o en qué lugar te piden información", ha expuesto, y ha incidido en que todo se ha hecho "conforme a derecho" en lo relativo a ese contrato. "Todo está bien y si alguien nos pide más información actuaremos, como hicimos al comienzo de toda esta historia", ha sentenciado.
"Hay indefensión, insisto, porque no sé qué hacer", ha reiterado, y ha insistido en que "no hay caso": "Y quizás como no hay caso, parece que habido también interés en prolongarlo, en políticamente erosionar y está generando una sensación de ensuciar porque siempre queda el pero, parece que algo queda, la sospecha".
La presidenta madrileña ha dicho desconocer "los pormenores" de estas discrepancias entre fiscalías y ha asegurado que "es todo realmente extraño" y ha insistido: "Yo creo que nunca había sucedido algo así, hay una guerra entre fiscalías y desconocimiento por completo de qué sucede".
A su juicio, hay "una guerra política para intentar desgastar", pero ella, ha dicho, seguirá "trabajando" y "mirando hacia adelante" y trabajando "por los intereses de Madrid".
Antes que ella, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha apuntado por su parte que la Fiscalía Europea está "adulterando" su función con su insistencia de hacerse cargo de la investigación del contrato, al tiempo que ha opinado que "ningún juez en España, con lo que hay ahora, hubiera admitido a trámite una querella por malversación de caudales públicos".