El Gobierno de Austria ha decidido "suspender" al menos durante tres meses la obligatoriedad para todos los mayores de 18 años de vacunarse contra la COVID-19, una medida impuesta por ley que regía oficialmente desde el pasado 1 de febrero, aunque hasta el 15 de marzo no iba a empezar a controlarse su cumplimiento.
Así lo han anunciado este miércoles el ministro de Sanidad, el ecologista Johannes Rauch (Verdes), y la ministra de Asuntos Constitucionales, Karoline Edtstadler (ÖVP), tras una reunión del Consejo de Ministros.
La decisión de hacer la vacunación obligatoria se anunció en noviembre, antes de la aparición de la contagiosa variante ómicron en Austria. La tensión en las unidades de cuidados intensivos ha disminuido desde entonces. Austria fue el primer país de la Unión Europea de establecer este tipo de medida.
La suspensión fue decidida por el gabinete en base a un informe de una comisión de expertos según quienes actualmente no hay "ninguna razón para poner en marcha la vacunación obligatoria".
"La Comisión recomienda suspender la vacunación obligatoria hasta su próxima evaluación", que se hará dentro de tres meses, ha indicado Rauch en su primera rueda de prensa tras asumir funciones este mates en sustitución del dimitido Wolfgang Mückstein.
El ministro de Sanidad asegura que se requieren "más pruebas"
El ministro ha explicado que para tomar una "decisión definitiva" se requieren "más pruebas y conocimientos científicos sobre la duración de la eficacia de las vacunas contra el coronavirus, así como sobre el propio virus".
"Por otro lado, la vacunación obligatoria es también una cuestión del momento adecuado", ha añadido tras subrayar que el informe de los expertos "muestra claramente que la vacunación sigue siendo el medio por el que podemos controlar la pandemia a largo plazo".
Por su parte, Edstadler ha precisado que ante la variante ómicron del SARS-CoV-2, la vacuna obligatoria no responde al principio de "proporcionalidad" entre los beneficios que aporta a la sociedad y las limitaciones a las libertades individuales que exige la Constitución.
Y ha añadido que hay muchos argumentos de que puede haber "vulneración de derechos fundamentales no justificado".
No se abolirá la ley de momento
Al mismo tiempo, ha defendido la ley adoptada, que de momento no se abolirá, sino que permanece suspendida temporalmente y es posible ponerla en marcha rápidamente en cualquier momento que se considere necesario.
"Nos permite reaccionar de forma rápida e inmediata ante el virus, porque no sabemos qué más tiene planeado el virus para nosotros", dijo.
La suspensión se decide a pocos días de finalizar el 15 de marzo la fase inicial prevista en la citada ley, un periodo de transición e información previo a los controles sobre su cumplimiento.
En consecuencia, de momento no se aplican las multas planeadas para los no vacunados, de 600 euros (685 dólares), hasta cuatro veces por año.