La profunda crisis desatada en el PP a causa de las informaciones que apuntan a un supuesto espionaje por parte de Génova a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y la respuesta de la lideresa madrileña en la que acusaba a Pablo Casado de "crear corrupciones" para destruirla han propiciado el anuncio del secretario general de los populares, Teodora García Egea, de la apertura de un expediente informativo que podría acabar, incluso, con su expulsión del partido.
La apertura de la investigación ha sido comunicada en rueda de prensa por Egea, quién no ha dudado en calificar de "gravísimas" y "casi delictivas" las acusaciones de Ayuso contra Casado y el propio partido.
Según el Reglamento de Régimen Disciplinario y de Garantías del Partido Popular, un afiliado puede ser expedientado siempre que haya cometido una "infracción disciplinaria" tipificada en los Estatutos Nacionales del Partido. A continuación, repasamos algunas de las infracciones y sus posibles consecuencias.
La sanción podría terminar incluso con la expulsión de Ayuso
Tal y como recoge el Artículo 18, Pablo Casado puede suspender "provisionalmente" al expedientado de "todas las responsabilidades que ostente en el partido", en caso de que lo considere oportuno durante el transcurso de la investigación.
Dicha suspensión cautelar de afiliación y funciones de carácter provisional puede ser acordada en caso de que la expedientada "haya incurrido en infracciones muy graves y graves".
"Nunca pude imaginar que se atacara de una forma tan cruel e injusta a la dirección de un partido que le ha dado todo", ha declarado este jueves Egea. Según recoge el artículo 5 del reglamento, se consideran infracciones graves si se realiza "una manifestación en los medios de comunicación que suponga descrédito, menos precio o descalificación de cualquier afiliado al Partido".
En caso de que el Comité considere que se han incurrido en infracciones "muy graves", el PP podría suspender la afiliación o inhabilitar a Ayuso durante un periodo de tiempo entre cuatro y seis años e incluso expulsarla de manera definitiva.
Además, pueden considerarse como muy graves si se incurre en "cualquier forma de corrupción en el ejercicio de cargos públicos", se manifiesta "deslealtad" o desobediencia a los "órganos de gobierno y representación del partido".
Si el expediente considera que tras estas declaraciones, Ayuso ha cometido una infracción "leve", las sanciones podrían ser una suspensión de entre un mes y un año, inhabilitación para desempeñar cargos por el mismo periodo de tiempo, o un simple apercibimiento verbal o escrito.
Tres meses de plazo para dictar sentencia
El plazo de tramitación del expediente disciplinario iniciado este jueves no puede exceder de tres meses desde el inicio, si bien, y por "circunstancias excepcionales", puede ser prorrogado un mes más.
En cualquier caso, el expediente va a ser coordinado por un instructor designado por el Comité Nacional de Derechos y Garantías que tenga la licenciatura o grado de Derecho.
Según ha confirmado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, la encargada de la coordinación va a ser Andrea Levy. "Esperemos que se den los informes y documentación que se reclamen y que se den las explicaciones oportunas", ha señalado a la prensa.
Levy se va a encargar de recabar todos los datos, antecedentes y documentos que puedan estar relacionados con la causa. Una vez recogidos los datos, informes y pruebas, la instructora designada puede archivarlo o formular cargos y propuestas de sanción en caso de que se haya incurrido en alguna infracción.