La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a los responsables de la presunta venta irregular de 1.860 viviendas protegidas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo Fidere (filial del fondo de inversión Blackstone) durante la Alcaldía de Ana Botella al carecer de sustento probatorio "suficiente" la acusación ejercida tanto por los afectados como por el PSOE.
Así consta en una sentencia, en la que los magistrados exoneran al exconsejero delegado de la EMVS Fermín Oslé y el apoderado de Fidere Alfonso Benavides de los delitos que les imputaban los afectados por la venta y el PSOE. Ya en junio de 2020 el Tribunal Supremo confirmó la absolución de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y su Junta de Gobierno, tras ser revocada la sentencia que condenaba a Botella y a siete miembros de su equipo a abonar 22,7 millones de euros por la venta en el año 2013.
Precisamente los vecinos afectados consideraban que se habían producido irregularidades en la transacción y que el cambio de propietario afectó a sus condiciones contractuales. No obstante, la sentencia concluye que "la temeridad o mala fe no se pueden identificar con el sostenimiento de una acusación que luego es considerada como no avalada por pruebas suficientes". Y, por tanto, declara que "no existe un perjuicio directo para los inquilinos de las viviendas que fueron vendidas, ya que continuaron con su situación legal en sus contratos de alquiler con Fidere".
Así, añade la Sala que lo que resulta decisivo es "si la acusación, sabiendo que su pretensión carecía de apoyo probatorio suficiente, ocultó de alguna forma esa realidad con la finalidad de que los órganos judiciales recibieran una impresión no correspondiente con ella, sometiendo a los acusados, de manera fraudulenta, a una situación procesal no justificada".
Retira la acusación
El juicio por la venta de 1.860 viviendas protegidas al fondo de inversión Fidere en 2013 tuvo lugar en noviembre de 2021, después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenase su reapertura en 2017 por a partir de los recursos de apelación interpuestos por el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación de Afectados por la Venta de Suelo de la EMVS, que se apoyaban en un informe de la Cámara de Cuentas sobre esa operación inmobiliaria. Este procedimiento fue archivado en 2015, después de que fuera admitida a trámite la denuncia presentada en agosto de 2014 por el PSOE.
Allí, la alcaldesa de Madrid defendió que el equipo directivo cumplió con la legalidad y con el objetivo de mantener el fin social y que se protegieron los derechos de los inquilinos.
Al final del juicio, el Ayuntamiento de Madrid retiró su acusación al considerar que no existía responsabilidad penal sobre las dos
únicas personas que se sentaron en el banquillo de los acusados. Y el fiscal Salvador Ortolá solicitó la absolución de Oslé y Benavides al no concurrir ninguno de los elementos del tipo de los delitos de los que se les acusa. Ortolá criticó duramente que la prueba del juicio se hubiera enfocado en un "tinte melodramático" en lo relativo a la afectación social a los perjudicados por hacerse alusión por ejemplo a "suicidios", tal y como mencionó en su declaración la portavoz de las víctimas, Arantxa Mejías.
La acusación que ejerce la Asociación de Afectados por la Venta de la EMVS, a través del letrado Mariano Benítez de Lugo, solicitó hasta ocho años de cárcel por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude. También pidió que se les condene por el artículo 289 del Código Penal. En su exposición, el abogado consideró que hubo "un claro menoscabo" de intereses a terceros y que el fin social de la EMVS quedó cerciorado, parafraseando a Kant en sus 'Lecciones de Ética' al afirmar que "no hay nada más aberrante que inventarse una norma para esquivar la verdadera".