Gonzalo Fraga, el inspector de Asuntos Internos que comenzó a investigar a José Manuel Villarejo por el caso 'Tándem', ha descrito durante horas el modus operandi del entramado societario que supuestamente lideró el excomisario con un "abuso de la condición policial" para obtener información de manera "ilegal", y ha declarado que la actuación del comisario era "diametralmente opuesta" a la de un agente encubierto porque hasta se anunciaba en Internet.
El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a Villarejo por tres presuntos proyectos de espionaje ha escuchado este lunes el relato policial de la investigación que culminó con su detención a finales de 2017.
Tras descartar haber obtenido evidencias que revelen que el excomisario haya actuado como un agente encubierto, como él mismo defiende, el inspector Fraga ha ido desgranando en calidad de testigo los indicios que obtuvo contra Cenyt -entramado societario de Villarejo sobre el que pivota la causa- y de algunos de los principales acusados que se sientan en el banquillo.
"Hay un abuso de la condición policial", ha resumido el policía en un momento de su interrogatorio, y ha afirmado que el verdadero "valor" de Cenyt era la información que prometía y conseguía, "que estaba fuera del mercado" y "cuya obtención era ilegal".
Cenyt anunciaba que tenía "estrecha relación institucional y operativa"
Ya desde su página web, ha explicado, la sociedad se promocionaba abiertamente como "una unidad de Inteligencia con estrecha relación institucional y operativa" con las Fuerzas de Seguridad y la Administración de Justicia; pero es que además, según el inspector, esos datos que conseguía "se obtienen vía Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO)", cuyo máximo responsable entonces, el comisario Enrique García Castaño, está acusado en el juicio.
"No es que no sea un agente encubierto, es que la actuación que realiza es diametralmente opuesta a la de un agente encubierto, no tiene siquiera puntos en común", ha dicho el inspector.
En opinión de Fraga, ese era el "valor añadido" que vendía públicamente Villarejo, contactos con las fuerzas de seguridad que le darían acceso a datos de bases policiales, una información "fuera de mercado", porque obtenerla era ilegal, y que le permitía cobrar tarifas mucho más elevadas que las facturadas por otras empresas de investigación privada.
De acuerdo con lo expuesto por el inspector, ese método de obtención de información se explicaba "perfectamente" en las reuniones que Villarejo y el abogado de su entramado, Rafael Redondo, mantenían con los clientes, en las que exponían que ellos siempre acudían al "gremio duro" y que conseguir el tráfico de llamadas era delicado y, "a cambio, a la gente hay que untarla".
La información con datos reservados "sale toda de la UCAO"
El inspector ha ido relatando el papel que supuestamente jugó cada acusado de colaborar con Cenyt en los tres supuestos proyectos de espionaje que se juzgan ('Iron', 'Land' y 'Pintor'). Para el testigo, no hay duda de que la información que obtiene Villarejo con datos reservados de bancos, Policía, Hacienda o Seguridad Social "sale toda de la UCAO, a veces por vía directa de García Castaño, a veces vía (Constancio) Riaño y (Antonio) Bonilla", otros dos policías.
Sin embargo, pese a la supuesta implicación de antiguos altos mandos de la UCAO en el caso, el inspector ha afirmado en otra ocasión que "en el fondo, se trataba de encargos que (Villarejo) asumía en el marco de sus actividades privadas", que "no tenían conexión con sus funciones públicas", ni tenían el control del entonces director adjunto operativo, Eugenio Pino.
"Esta es la manifestación del modus operandi de Cenyt", ha resumido, para apostillar que "en el fondo es una perversión del sistema", puesto que era información que supuestamente obtenían con "abuso" de sus funciones policiales para que Villarejo la comercializara a través de su grupo empresarial logrando así un beneficio económico.
Villarejo defiende que actuó por órdenes del Gobierno
El informe de compatibilidad
El fiscal anticorrupción Miguel Serrano le ha interrogado en concreto por el informe de compatibilidad elaborado en 2015 que determinó que Villarejo no necesitaba autorización para compaginar su función policial con Cenyt porque concluía que dicho entramado societario era para gestionar su patrimonio familiar.
Fraga ha enfatizado que ese supuesto es en realidad una excepción legal que, a su entender, no era posible aplicar a Villarejo porque Cenyt tenía un objeto social claro, que era de consultoría y análisis de Inteligencia, no de administración de bienes familiares. Con todo, ha estimado que ese informe fue un "mecanismo de reacción" porque ya empezaban a publicarse noticias sobre el comisario jubilado.
Villarejo, que se enfrenta a 109 años de cárcel, defiende que Cenyt era una estructura autorizada por el Estado para que la usara como tapadera de sus trabajos como agente de Inteligencia para Policía y CNI. Serrano recalcó en las primeras sesiones que, aunque así fuera, lo que es "intolerable" es que se lucrara con ello.