La Iglesia ha reconocido tener un millar de inmuebles cuya titularidad no le consta o que corresponden a un tercero, y ha acordado con el Gobierno su devolución, según han comunicado ambas partes este lunes, después de que el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, se haya reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - La Iglesia reconoce mil bienes inmatriculados que no le corresponden - Escuhar ahora
Entre esas propiedades no se incluyen los grandes templos que la Iglesia puso a su nombre entre 1998 y 2015, aprovechando una reforma del Gobierno de José María Aznar, como la Mezquita de Córdoba o la catedral de Sevilla, según ha podido saber RTVE.
La Iglesia ha hecho un estudio "exhaustivo" del listado de bienes
Un comunicado conjunto del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y de la Conferencia Episcopal informa de algunos detalles de ese acuerdo sobre las inmatriculaciones de bienes, al que se ha llegado tras intensificarse desde agosto de los trabajos de la comisión creada por ambas partes en relación con este asunto.
El Gobierno remitió el pasado año al Congreso un listado de bienes inmatriculados (registrados por vez primera) por la Iglesia católica entre los años 1998 y 2015 sobre el que la Conferencia Episcopal ha hecho, según ambas partes, un estudio "exhaustivo" con consultas a las diversas diócesis.
Así, se han catalogado los bienes, se han dividido por diócesis y se han verificado los procesos de inmatriculación de cada uno de los bienes, informa la nota conjunta.
De ese estudio realizado por la Iglesia se ha concluido que hay un conjunto de bienes que considera que pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre el mismo. En concreto, admite no tener constancia de ostentar la titularidad de unos 1.000 de los 34.961 bienes inmatriculados que aparecen en el listado hecho público por el Gobierno.
Los datos de estos bienes ya han sido facilitados al Gobierno por parte de la Conferencia Episcopal y, tras ello, el Ejecutivo pondrá en conocimiento de las entidades locales y de los registros esta información para que se puedan iniciar los procesos de regularización que, en su caso, pudieran corresponder. A estos efectos, la Iglesia ha manifestado su compromiso de colaboración con el fin de facilitar esos procesos.