El bono joven del alquiler será “un pequeño alivio” para cuadrar las cuentas al final de mes de unos 70.000 jóvenes en España, según los cálculos del Gobierno. Estela Robles, de 26 años, vive de alquiler en Cáceres mientras termina sus estudios y cuenta a RTVE.es que esa ayuda de 250 euros “no solucionará todos sus problemas”, pero sí le permitirá “vivir más relajada”: “Es lo que destinaba a comer todos los meses”.
Sin embargo, los límites establecidos en la edad (35 años), la renta (24.318 euros anuales) o el precio del alquiler (600 euros, ampliable a 900 en las zonas más tensionadas) dificultará que la ayuda llegue a todos los que lo necesitan. Es el caso de Javier Sánchez. Tiene 36 años y su sueldo no le da para pagarse un alquiler, por lo que cree que esta medida le deja en tierra de nadie: demasiado mayor para el bono joven y demasiado joven para considerarle vulnerable, asegura a TVE.
Las claves del bono joven: hasta 250 euros para alquilar o compartir piso y retroactivo
Como la de Javier, son muchas las voces que, a raíz del anuncio del Gobierno este martes, han alertado de la limitación de la medida y de las consecuencias que podrían tener en el mercado del alquiler. Según el Consejo de la Juventud de España (CJE), esta ayuda “no da respuesta a su objetivo principal”: mejorar la tasa de emancipación de las personas jóvenes en España. De acuerdo a sus cálculos, solo el 1,7 % de los 2,8 millones de jóvenes emancipados podrán beneficiarse de estas ayudas. Mientras que, si va dirigida a las personas jóvenes no emancipadas, “solo lograría un 0,7 % de alcance entre los 6,7 millones de jóvenes sin emancipar en España”.
“El CJE considera que esta medida es completamente errónea y puede convertirse en una especie de lotería en la que solo un puñado de personas jóvenes en España podrá tener fortuna y beneficiarse de las ayudas”, denuncia el organismo, ya que “no solo su alcance es muy limitado e insuficiente, sino que es errónea”. En la misma línea se ha posicionado este miércoles la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, pues en su opinión "es más fácil que te toque la lotería” que recibir una de estas ayudas.
Precisamente el Consejo de la Juventud destacó en diciembre que la tasa de emancipación se situó en el primer semestre de 2021 en el 14,9 % del total de personas jóvenes entre 16 y 29 años. A su vez, el colectivo en España acumula una de las tasas de paro más altas de la Unión Europea, el 31,1 % en el tercer trimestre de 2021, según la Encuesta de Población Activa (EPA); son los jóvenes los que más contratos temporales firman (una de cada tres nuevas rúbricas) y también tienen los salarios más bajos (1.207 euros brutos de media al mes en 2020, según el INE). Por lo que se hace urgente atajar este “grave problema estructural” cuanto antes, alegan desde el CJE.
Apenas llegará a las grandes ciudades
Los expertos consultados también denuncian que una gran parte de los inquilinos que viven en zonas muy tensionadas como Madrid o Barcelona se quedará, en la práctica, fuera de la posibilidad de optar a estas ayudas, que serán de un máximo de 250 euros. En este caso, por los límites en la renta del alquiler.
Según datos de Fotocasa, la oferta de viviendas por debajo de los 600 euros en Madrid es tan solo del 1,4 % y en Barcelona se antoja todavía más escasa, del 0,8 %. Mientras que si tenemos en cuenta el límite hasta los 900 euros, en caso de que las comunidades autónomas así lo establezcan, la medida seguiría dejando fuera a una parte significativa de los pisos en alquiler en ambas ciudades, ya que solo el 29 % de los pisos de Madrid están por debajo de esa cifra y el 18 % de los de Barcelona.
Su directora de Estudios, María Matos, explica que el precio medio del alquiler en Barcelona se encuentra cerca de los 1.345 euros al mes para 80 m2 y en Madrid en los 1.198 euros, cifras que superan con creces el máximo permitido para poder acogerse a esta ayuda. “El esfuerzo salarial que tienen que dedicar los jóvenes a pagar una renta en estas ciudades es de más del 55 %”, añade Matos, quien cree que “sería conveniente” ampliar este límite de renta en las zonas más tensionadas para que llegue a un mayor número de personas.
Precisamente el Real Decreto-ley publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) indica que "la Comisión de Seguimiento podrá acordar la aplicación de un límite máximo de la renta arrendaticia o precio de cesión superior a 900 euros mensuales, en función del número de personas jóvenes que convivan en la vivienda, cuando en la misma convivan dos o más personas jóvenes que sean beneficiarias y que por tanto hayan suscrito, todas ellas, el correspondiente contrato de arrendamiento o cesión de la vivienda", lo que abre la puerta a que se amplíen las ayudas.
En el otro extremo, Ciudad Real y Ourense son las ciudades con los alquileres medios más bajos: 433 euros y en 458 euros al mes, respectivamente, lo que hace que la oferta de vivienda para poder pedir el bono joven sea “mucho más amplia que en Madrid o Barcelona”, subrayan desde el portal inmobiliario. De hecho, en Ciudad Real, la capital de provincia más barata de España, el 94 % de la oferta en alquiler disponible en Fotocasa está por debajo de los 600 euros y el 99 % se encuentra dentro del límite de los 900 euros.
La medida aprobada por el Gobierno también incluye a los pisos compartidos, cuyo precio del alquiler no podrá exceder los 300 euros mensuales, límite que las comunidades podrán ampliar hasta 450 euros. Sin embargo, la misma problemática vuelve a estar presente en las ciudades más tensionadas. Por ejemplo, en Madrid y Barcelona, donde la oferta de habitaciones en una vivienda compartida por un precio menor a los 300 euros es "muy difícil de encontrar", según estima Fotocasa: en el caso de Madrid capital la oferta es del 24 % y en Barcelona capital es tan solo del 8 %.
Amenaza con subidas de precios
A estos problemas relacionados con el lugar donde residen los potenciales beneficiarios, se añade otro que podría ocasionar que las rentas aumenten. “Los arrendatarios, sabiendo que existe este bono joven, aprovecharán para subir el precio de los alquileres”, explica en los micrófonos de RNE la portavoz del Sindicato de Inquilinos de Barcelona, Carme Arcarazo, quien califica la medida como un “bono rentista”, pues a su juicio se trata de “una transferencia de dinero público a bolsillos de los arrendadores”.
Por ejemplo, en Francia, se aplicó una medida similar y provocó el efecto contrario: “por cada euro dedicado al bono, 78 céntimos fueron destinados al rentista y 22 céntimos al inquilino”, cuenta Arcarazo. En la misma línea se posicionó este martes el líder de Más País, Íñigo Errejón: "Es un bizum a los caseros", escribió en su cuenta de Twitter.
Del riesgo del aumento de precios advierte también el portavoz del portal inmobiliario Idealista, Francisco Iñareta. Según explica, las ayudas directas ya han demostrado en ocasiones anteriores provocar un aumento generalizado de los precios del mercado del alquiler. Algo con lo que discrepan desde Fotocasa, pues valoran que "durante la pandemia, cada vez más propietarios están dispuestos a negociar y a renegociar hacia la baja el precio del alquiler", lo que podría facilitar la puesta en marcha de estas medidas.
Más vivienda pública
Por todo ello, los expertos consultados coinciden en reclamar que se amplíe el parque de vivienda “pública, social y asequible" para mejorar el acceso a la misma. También desde el Consejo de la Juventud piden “valentía” en materia de vivienda con medidas “con una visión a corto plazo", "regulando los precios del mercado del alquiler y movilizando las viviendas vacías para que entren en circulación arrendataria”.
Mientras que desde el sindicato de Comisiones Obreras (CC.OO.) defienden que la solución para abaratar el acceso a la vivienda pasa por regular el mercado del alquiler, limitando los precios máximos en las zonas tensionadas. Es precisamente una de las principales medidas de la futura ley de Vivienda, cuya aprobación se ha postergado como consecuencia del informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero que el Gobierno confía en que pueda iniciar su trámite parlamentario en febrero.