Las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos UGT y CC.OO. han ratificado este jueves la última propuesta del Gobierno sobre la reforma laboral, que será aprobada el próximo martes en el Consejo de Ministros después de nueve meses de intensas negociaciones con un único objetivo: acabar con la temporalidad en España, uno de los lastres de nuestro mercado laboral, tal como se había acordado con Bruselas para antes de final de año.
“Es un día histórico para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país”, ha señalado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya que a su juicio "es la primera reforma en la que los trabajadores ganan derechos". En declaraciones a los periodistas, Díaz ha agradecido a la patronal y a los sindicatos "las horas dedicadas" para alcanzar este acuerdo y ha recalcado que los agentes sociales "están a la altura de las circunstancias".
Tanto UGT como CC.OO. han respaldado este jueves por unanimidad la propuesta de reforma laboral llevada a sus órganos de dirección y a la que el comité de la CEOE y Cepyme ya había dado el visto bueno a primera hora de la mañana. De esta forma, con el beneplácito de los agentes sociales, la reforma laboral estará lista para ser aprobada el próximo martes, 28 de diciembre, en el penúltimo Consejo de Ministros del año, tal como ha confirmado la vicepresidenta.
"Cumplimos. Hoy avanzamos hacia un modelo de relaciones laborales del siglo XXI. Lo hacemos con la bandera del acuerdo y el diálogo", ha señalado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que en línea de la vicepresidenta segunda ha agradecido a la patronal y los sindicatos "su compromiso". "Queremos trabajos y sueldos dignos, que garanticen los derechos de todos y todas", ha reivindicado.
El Gobierno, la patronal y los sindicatos habían intensificado las negociaciones en las últimas semanas, que pasaron de celebrarse durante dos días a ser diarias y maratonianas. Las discusiones comenzaron en marzo y debían haber concluido el pasado 15 de noviembre. Sin embargo, los diferentes planteamientos en el seno del Gobierno primero, en torno a si el nuevo marco laboral debía ser una derogación -tal como planteaba Unidas Podemos de la mano de Yolanda Díaz- o una modificación -como señalaban las voces más ortodoxas del Ejecutivo, como Nadia Calviño-, y la falta de puntos en común con la patronal después, dieron al traste la negociación en varias ocasiones.
Preguntada sobre si finalmente se derogará la norma de Mariano Rajoy de 2012, Díaz ha dicho que en el texto "hacen mucho más que eso" y ha relatado algunos de los principales puntos del acuerdo, haciendo hincapié en la temporalidad, a la que a partir de ahora solo se podrá recurrir "cuando exista una causa real". "Se trata de un acuerdo muy equilibrado”, ha destacado en una entrevista en el Canal 24 Horas de TVE la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Exteriores, Nadia Calviño, pues “reduce la temporalidad, la precariedad y al mismo tiempo se preservan y refuerzan los instrumentos de flexibilidad y seguridad jurídica para que se impulse la creación de empleo y se reduzca la volatilidad del mercado de trabajo”.
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Objetivo final: acabar con la temporalidad
Precisamente, las tres partes coincidían desde un primer momento en que el objetivo último de la reforma tenía que ser atajar la temporalidad, uno de los grandes lastres de nuestro mercado laboral. Y es que no solo somos el país de la Unión Europea (UE) con mayor peso del trabajo eventual, sino que la mayoría de contratos temporales que se firman son de corta duración. Si atendemos a las últimas cifras registradas, uno de cada cuatro contratos en noviembre tenían una duración de menos de una semana.
Desde Europa también reclamaban a España que la reforma se abordara en el marco del diálogo social y, a ser posible, que el acuerdo fuese refrendado por las tres partes. Esta también ha sido la intención del Ejecutivo desde un primer momento, que instaba a repetir los acuerdos alcanzados entre Gobierno, patronal y sindicatos en lo peor de la crisis del coronavirus.
Finalmente, la reforma generaliza el uso del contrato indefinido y del fijo discontinuo para puestos de más de cinco meses al año. Mientras que los contratos por obra para trabajadores temporales únicamente se limitan a dos situaciones: para sustituir a empleados de baja y por picos de demanda. Su duración será, como máximo, de tres meses no encadenables. Asimismo, cuando las empresas necesiten ajustar plantilla, podrán utilizar el mecanismo RED -los nuevos Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE)- con el fin de evitar los despidos. Estos ajustes podrán ser cíclicos -para crisis económicas- o sectoriales -para cambios de modelo que necesiten recualificar a los empleados-.
Por otro lado, los sindicatos consiguen el equilibrio de fuerzas en la negociación colectiva con la prevalencia del convenio sectorial sobre los de empresa, para que estos últimos no puedan aprobar salarios más bajos; y recuperan la ultraactividad, lo que quiere decir que hasta que se acuerde un nuevo convenio sigue estando vigente el anterior. Mientras que los empresarios amarran el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que les permite modificar las condiciones de trabajo, por ejemplo turnos, horarios o salarios por razones económicas o productivas.
Por todo ello, y a falta de conocer los detalles, se prevé que sea una derogación light de la reforma laboral del Partido Popular del año 2012, en la que todas las partes han cedido en aras de conseguir un acuerdo tripartito.
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La CEOE apela a la responsabilidad
En un comunicado remitido a los medios tras el anuncio del acuerdo, la CEOE y Cepyme han asegurado que su visto bueno a la reforma es "un ejercicio de responsabilidad" que "aporta certezas de cara al exterior y favorece la confianza en España después de meses con mensajes muy perjudiciales para las empresas, los inversores y el futuro de nuestro país". En este sentido, las patronales han destacado que el texto "mantiene intactos los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas a las circunstancias, asegura la libertad de empresa y la seguridad jurídica y contribuye a la paz social".
Por otra parte, desde UGT han destacado que el acuerdo es "el primero en democracia en sumar derechos, no recortarlos" con tres objetivos fundamentales: la recuperación de la negociación colectiva, la lucha contra la temporalidad y avanzar en la estabilidad en el empleo. Mientras que para CC.OO. el pacto a tres supone derogar aspectos centrales de la reforma laboral del PP y que, "ahora sí, hace que ganemos derechos".