El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros un Real Decreto-ley con la prórroga de parte de las medidas fiscales para abaratar la factura de la luz hasta el próximo 30 de abril, entre ellas, el tipo reducido de IVA en el 10 %, el Impuesto Especial a la Electricidad en el 0,5 % y los descuentos en el bono social; además se mantiene la suspensión temporal del Impuesto del 7 % a la generación eléctrica, en este caso hasta el 31 de marzo. Por otro lado, el Ejecutivo ha dado luz verde a nuevas medidas para favorecer el autoconsumo, en un momento en el que los precios de la luz en el mercado mayorista crecen sin freno.
Así lo ha señalado en la rueda posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ante la inminente finalización el 31 de diciembre del paquete de medidas fiscales puesto en marcha para contener los precios de la luz en el mercado mayorista -el conocido como pool-, que repercuten en la factura de casi 11 millones de consumidores y que ya se sitúan por encima de los 300 euros por megavatio hora (MWh), casi ocho veces por encima del coste del año anterior.
Sin ir más lejos, el pool volverá a batir este miércoles todos los récords al situarse en los 360,02 euros por megavatio hora (MWh). “Las previsiones no son particularmente halagüeñas y creemos que es fundamental el mantener las reducciones y la suspensión de algunas facturas impositivas de nuestra factura eléctrica”, explicó Ribera.
No obstante, la extensión de rebajas fiscales hasta el próximo 30 de abril no incluirá el recorte del 96 % de los cargos de la factura de los hogares, que tienen un peso en el recibo de alrededor del 30 %. Se trata de una medida que iba a ser sufragada por un recorte a las eléctricas de unos 2.600 millones de euros por los ingresos obtenidos por la subida del gas y que finalmente se redujo hasta los 600 millones. De esta forma, se ha generado un agujero en las cuentas públicas de unos 2.000 millones de euros, un déficit al que el Gobierno quiere poner coto con la vuelta de estos cargos en enero.
En este sentido, Ribera ha señalado que la intención del Ejecutivo es "mantener un nivel de reducción equivalente al actual, pero ponderado a lo largo del año, pudiendo así velar por el equilibrio del sistema". "La propuesta que se está manteniendo es una reducción del 30 % a lo largo de la anualidad, un pago de 7 euros por factura", ha dicho la ministra, si bien es una medida que "está todavía en tramitación y hasta que no haya sido culminada la tramitación, todo es provisional".
Se prorrogan parte de las medidas para abaratar la factura
De esta forma, se extiende durante cuatro meses (de enero a abril) la rebaja del 21 al 10 % en el IVA que grava la luz y del 5,1 al 0,5 % del Impuesto Especial a la Electricidad, mientras que los beneficiarios del bono social eléctrico mantendrán sus descuentos de entre el 60 % y 70 % -antes el 25 % y el 40 %, respectivamente- del consumo de su energía hasta el mismo periodo, el 30 de abril. Por otro lado, continúa la suspensión del impuesto del 7 % a la generación eléctrica hasta el 31 de marzo.
“Estas medidas muestran la determinación de un gobierno sensible que apoya a las familias, y tiene una implicación presupuestaria importante, con más de 2.000 millones de euros de apoyo a las familias”, ha añadido la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Además, el Gobierno también ha aprobado una medida adicional a todas estas rebajas destinada en exclusiva a los consumidores industriales de gas, introduciendo medidas de flexibilización para que puedan cambiar su tarifa o suspender sus contratos durante el primer trimestre del próximo año. Esta medida, que ya se utilizó durante el confinamiento, permitirá “aliviar” la factura de las empresas, según la vicepresidenta tercera.
Asimismo, el Ejecutivo ha dado luz verde a una serie de medidas para favorecer el despliegue del autoconsumo, cuya implantación se ha multiplicado por 2,5 veces desde la llegada de su Gobierno en 2018, según Ribera. Entre ellas, se simplificarán los trámites para poner una instalación fotovoltaica, donde las de menos de 100 kilovatios no tendrán obligación de presentar garantías económicas, y el autoconsumo compartido, que hasta ahora solo podía hacerse en baja tensión y se incluye también en alta.