La farmacéutica Allergan ha acordado este jueves pagar 200 millones de dólares al estado de Nueva York por su responsabilidad en la crisis de los opioides y quedará fuera del macrojuicio impulsado por la Fiscalía del estado contra varias empresas fabricantes y distribuidoras.
Allergan, subsidiaria de AbbVie, queda así fuera de un proceso que aborda su tramo final en la Corte Suprema de Nueva York y en el que previamente han cerrado acuerdos millonarios otras acusadas como Johnson & Johnson, McKesson, Cardinal Health y Endo para librarse del juicio.
Como parte del pacto, Allergan, que se había comprometido a dejar de producir opioides, no podrá vender ni promover estos fármacos en el estado, entre otros vetos, y deberá hacer el pago total para mediados de 2022, indicó en un comunicado la fiscal general, Letitia James.
Además, tendrá que hacer que la información sobre los opioides y los productos relacionados sea más accesible para el público, incluidos los pacientes y proveedores de atención médica.
La Fiscalía ha recabado 1.700 millones en las negociaciones
Buena parte del montante será destinado a la lucha para reducir el uso de los opioides en Nueva York, según la Fiscalía General, que el pasado junio comenzó el juicio contra una veintena de empresas, entre farmacéuticas y cadenas de farmacias, de las que quedan solo Teva y su unidad Anda.
Desde que comenzó el juicio, la Fiscalía ha recabado 1.700 millones de dólares a través de las negociaciones con esas compañías a las que acusó por la crisis sanitaria, de acuerdo al comunicado.
"Nuestro juicio en curso se ha centrado en el papel que desempeñaron empresas como Allergan y sus predecesoras para ayudar a hacer crecer esta epidemia, beneficiándose mientras los estadounidenses sufrían", ha argumentado la fiscal.
James ha señalado que el acuerdo con Allergan mantiene a la firma fuera del negocio de los opioides durante la próxima década.
En marzo de 2019, la Fiscalía General presentó la demanda más extensa del país para responsabilizar a los diversos fabricantes y distribuidores por la epidemia de opioides, incluyendo a Purdue Pharma, la fabricante del fármaco altamente adictivo OxyContin, y a sus propietarios, la familia Sackler.
Purdue se acogió a la Ley de Quiebras y sus dueños lograron un acuerdo con el tribunal para pagar 4.500 millones de dólares en un periodo de nueve años y obtuvieron inmunidad legal de por vida, que varios estados han pedido que sea revocada.