El Consejo de Ministros ha dado 'luz verde' este viernes al anteproyecto de ley de empleo, que tiene como objetivo aumentar la inserción laboral de las personas en paro a través de, entre otras medidas, la conversión del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), una plataforma estatal donde se agruparán todas las ofertas de empleo del país en tiempo real y en la que las administraciones públicas y las empresas privadas deberán comunicar sus vacantes de puestos de trabajo.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ante la necesidad de "modernizar" este organismo, ya que existe -ha dicho- "consenso académico" en "una visión negativa de la política de empleo y de las políticas activas de nuestro país". "Se
trata de un ejercicio de transparencia que permitirá mejorar el acceso al empleo y, además, hacer un seguimiento efectivo de las necesidades del mercado de trabajo", ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
14 horas - El Gobierno da el primer paso para convertir el SEPE en un gran portal de empleo estatal - Escuchar ahora
A juicio de Díaz, una de las "enormes deficiencias" del mercado laboral en la actualidad es que "no hay un sistema único de ofertas del país", algo que pretende subsanarse con la creación de esta nueva Agencia Española del Empleo, que pretende modernizar el SEPE, digitalizarlo y así "ganar en rapidez y agilidad". "Los servicios públicos de empleo dejan de estar pensados solo para desempleados y están pensados para la sociedad en su conjunto", ha añadido.
De esta forma, el Ministerio de Trabajo obligará a las compañías privadas a comunicar a esa agencia las ofertas de empleo vacantes. "Con una simple visualización podremos conocer cuáles son las ofertas que se están propiciando en tiempo real en el conjunto del país", ha apuntado Díaz. Asimismo, esta iniciativa permitirá al Gobierno conocer qué buscan exactamente los empresarios, atendiendo a la descripción que hagan de los trabajadores que necesitan.
El anteproyecto se abre ahora a consulta pública, para posteriormente negociarse con los agentes sociales y con las comunidades autónomas, y finalmente pasar al Congreso, para acabar de perfilarlo y consensuarlo con una mayoría de partidos. La previsión es que la nueva ley de empleo entre en vigor a partir de la segunda mitad del 2022.
Tutores personalizados para los demandantes de empleo
La idea es que además de la inserción laboral de personas en desempleo, los servicios públicos sean un instrumento útil para las empresas y los trabajadores en activo que quieran cambiar de empleo o recualificar sus aptitudes para su futuro profesional, ha asegurado Díaz. Para ello se contempla la creación de la Oficina de Análisis del Empleo, que "propiciará un asesoramiento extenso a los actores de la política de empleo del país".
Así, con el fin de que se ofrezca una atención más personalizada, habrá una cartera básica de servicios en materia de orientación, formación, intermediación y asesoramiento para el empleo. "La Oficina de Análisis de Empleo está pensada para la sociedad española en su conjunto, no solo los desempleados. Las empresas se incorporan al sistema y van a ser también las que definan la mejora de las políticas de empleabilidad", ha dicho la vicepresidenta.
El compromiso de España con la Comisión Europea es tener 7.000 orientadores para atender a un millón de personas, una especie de "tutor" que prestará a las personas demandantes de empleo una atención individualizada en todo el itinerario formativo y profesional que se haya diseñado para mejorar su empleabilidad.
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Inteligencia Artificial para luchar contra la discriminación
Además, se dará más peso al análisis de datos y a la Inteligencia Artificial "para, con mucha rapidez, ser capaces de corregir las discriminaciones que se producen" en la carrera laboral, desde el acceso hasta la salida del mismo y ya sea por razones de edad, sexo o etnia. "Vamos a utilizar, como estamos haciendo ya con la Inspección de Trabajo, toda la inteligencia artificial para corregir las vicisitudes que se producen con mucha rapidez", ha recalcado Díaz.
Precisamente con este objetivo el Gobierno aprobó hace dos semanas el nuevo Plan de Inspección de Trabajo, que impulsará la tecnología más avanzada para el diseño de nuevas actuaciones inspectoras, a la vez que se refuerza la capacidad de actuación del organismo con dos nuevas unidades. En lo que llevamos de año, 50.191 empleos irregulares han sido dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y 280.565 contratos temporales irregulares, transformados en indefinidos.
Asimismo, la nueva Ley de Empleo amplía la lista de colectivos de atención prioritaria para las políticas de empleo en la que, además de jóvenes, parados de larga duración o mayores de 45 años, entre otros, añade a personas con capacidad intelectual límite, personas que sufren trastornos del espectro autista, migrantes, beneficiarias y beneficiarios de protección internacional, mujeres víctimas de violencia de género, personas que pertenecen a minorías étnicas o personas trabajadoras que provienen de sectores en reestructuración.