Tres de cada cuatro españoles han respirado en 2021 un aire con más ozono del recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a pesar de que la contaminación por este gas nocivo ha caido en España un 37%, según el informe anual elaborado por Ecologistas en Acción, que analiza los datos recogidos en 480 estaciones oficiales de medición repartidas por todo el territorio español, entre el 1 de enero y el 31 de octubre.
Igual que ocurrió en 2020, este desplome tendría su principal explicación en la reducción de la movilidad derivada de la pandemia de COVID-19, que ha provocado una mejora de la calidad del aire sin precedentes. Sin embargo, el trabajo de la organización ecologista concluye que al menos el 73% de la población y el 84% del territorio han estado expuestos un año más a niveles insalubres de este contaminante.
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Durante 2021, los territorios más afectados por el ozono se reparten entre la Comunidad de Madrid, el interior de Cataluña y la Comunitat Valenciana, la ciudad de Cáceres y la zona industrial de Puente Nuevo, al norte de Córdoba. Pese a la mejora de la situación en los últimos dos años, dieciocho zonas de siete comunidades autónomas, con diez millones de habitantes, han seguido incumpliendo el objetivo legal en el trienio 2019-2021.
El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el valor recomendado por la OMS, de acuerdo al cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2021 a 34,6 millones de personas en España, así como a 423.000 kilómetros cuadrados.
El ozono sigue siendo el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio en España, y el más estrechamente ligado al cambio climático, por su relación con las altas temperaturas. Como en 2020, durante 2021 sus niveles se han reducido de forma importante, interrumpiendo la tendencia estacionaria o al alza de los últimos años, como consecuencia de la drástica disminución de las emisiones de sus contaminantes precursores en la industria y el transporte, por la crisis de la COVID–19.
Como aclara la organización ecologista, el trabajo se centra en el conocido como "ozono malo", el tropostérico, un contaminante para la superficie terrestre que no tiene nada que ver con el "ozono bueno", que filtra la radiación ultravioleta en capas superiores. El ozono troposférico no es emitido directamente por la acción humana, sino que es un proceso químico que se origina indirectamente por las emisiones que entran en contacto con la radiación solar, de ahí que se produzca principalmente en los meses más cálidos del año. Más que a las propias ciudades, afecta a sus periferias tanto urbanas como rurales.
Pérdidas humanas y costes elevados
En las conclusiones de su informe, Ecologistas en Acción pide que la contaminación por ozono se aborde "como un problema sanitario de primer orden", y destaca que causa cada año entre 1.500 y 1.800 muertes en el España, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Las personas más afectadas son niñas y niños, mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades cardiorrespiratorias crónicas.
El coste sanitario y laboral de la contaminación por ozono, prosigue, fue de 5.000 millones de euros en 2013, un 0,33 % del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales. Sólo los costes económicos de la menor producción de dos cultivos como trigo y tomate, por su exposición al ozono en España, se estimaron en 800 millones de euros en el año 2000, el 3,2 % del PIB agrícola.
Ecologistas en Acción considera que la información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema que suponen los altos niveles de ozono troposférico, y pone como ejemplo que "el índice de calidad del aire aprobado por el Gobierno califica como regulares niveles de ozono que pueden ser dañinos para la salud". Además, destaca que pocas ciudades cuentan con protocolos de actuación frente a las puntas de contaminación por ozono, y únicamente Valladolid aplica medidas de limitación del tráfico cuando se produce uno de estos episodios.
Los planes autonómicos de calidad del aire para reducir la contaminación por ozono son obligatorios, según la legislación y el Tribunal Supremo. Pero once comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco) "siguen sin aprobarlos", según reprocha la organización ecologista, que ha denunciado judicialmente la inactividad de los gobiernos de Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Navarra, con recursos vistos para sentencia.
Ecologistas en Acción pide al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que agilice el Plan Nacional de Ozono en elaboración, y que exija a las comunidades autónomas que cumplan con sus propias obligaciones en la materia.