Los colegios deberán tener operativo el próximo curso la figura de un coordinador de bienestar escolar y contra el acoso escolarque escuche a los menores y alerte de cualquier situación de 'bullying' o violencia, tal y como han acordado este lunes Gobierno y comunidades autónomas en la hoja de ruta de la aplicación de la ley de protección a la infancia.
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha presentado en la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este mediodía un documento con el calendario de implantación de medidas de la ley de protección a la infancia frente a la violencia (LOPIVI,) en vigor desde el pasado mes de junio.
Durante su intervención, la ministra, Ione Belarra, ha apelado al consenso entre las distintas administraciones públicas para implementar la ley: "Tenemos que trazar una hoja de ruta común, clara y coordinada para garantizar su cumplimiento".
Entre las medidas acordadas por las administraciones, ha destacado la importancia de poner en marcha el curso 2022-2023 la figura del coordinador de bienestar infantil en los centros educativos y del delegado de protección en las entidades deportivas y de ocio.
"Deben ser la pieza que se encargue de que se implementen los planes y protocolos en el ámbito educativo, en el ocio y el deporte, de escuchar a los menores y sus avisos sobre cualquier tipo de violencia, y comunicar las situaciones de riesgo", ha aseverado.
El documento respaldado por los gobiernos autonómicos, al que ha tenido acceso RTVE.es, establece la puesta en marcha en septiembre en todos los colegios del coordinador escolar y fija criterios comunes para la implementación de varias medidas previstas en la ley en los siguientes plazos:
Primer cuatrimestre de 2022: recomendaciones mínimas y mecanismos claros
El documento establece para el periodo entre enero y abril de 2022 una serie de recomendaciones mínimas para garantizar una atención integral de los menores víctimas de delitos violentos y, en todo caso, de delitos de naturaleza sexual, de trata o de violencia de género, para favorecer su recuperación a través de servicios especializados.
Se establece fijar mecanismos claros, confidenciales y accesibles de comunicación, de apoyo y denuncia para los niños, así como un catálogo de acciones para mejorar los recursos ante la violencia digital, así como que sean conocidos por las familias, profesionales, centros escolares, organizaciones deportivas y, en general, por la sociedad. .Esto incluirá el despliegue de líneas telefónicas gratuitas de ayuda, medios electrónicos o plataformas digitales, entre otros.
Por último, se desarrollarán protocolos comunes de actuación en colegios, deportes, Fuerzas de Seguridad, centros de menores, víctimas de violencia de género y trata de personas.
Entre mayo y agosto de 2022: formación especializada
Para el segundo cuatrimestre, el documento apuesta por los contenidos de la formación especializada de los profesionales y el análisis del desarrollo de las figuras de coordinador en colegios, deportes y ocio.
En junio de 2022, las comunidades deben presentar los programas de prevención y de erradicación de la violencia sobre los menores en ámbitos familiar, educativo, sanidad, servicios sociales y Fuerzas de Seguridad, entre otros, para incluirlos en la Estrategia nacional de Erradicación de la Violencia y trasladarla al Gobierno.
De septiembre a diciembre de 2022: coordinadores ya operativos
El documento prevé que, de septiembre a diciembre de 2022 ya estén operativos los coordinadores de los colegios y los delegados de protección de ocio y deporte. Se incluirán además las modificaciones para reforzar la especialización y composición de los equipos de intervención de los servicios sociales, así como los cambios para garantizar el acceso a la defensa y representación gratuita a las victimas.
Enero-marzo de 2023: registro sobre la violencia
Por último, el documento establece para el primer trimestre de 2023 un la puesta en marcha de un Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia (RUSSVI) con la información estadística de los servicios sociales de primaria y de la entidad de protección a la infancia.