La escalada sin precedentes en la electricidad, y en menor medida del gas y el gasóleo para calefacción, ha disparado la inflación hasta niveles no vistos en 29 años. Hay que remontarse hasta 1992 para encontrar unas cifras similares a este mes de octubre, cuando los precios subieron un 5,4 % respecto al mismo mes de 2020, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Este incremento de la inflación ya está repercutiendo en los bolsillos de los consumidores, pues productos básicos en la cesta de la compra como el aceite o la fruta ya se han encarecido en lo que llevamos de año casi un 24 y un 10 %, respectivamente. También lo notan aquellos inquilinos que tienen su contrato de arrendamiento ligado al IPC, con subidas de unos 30 euros mensuales de media. Y, en 2022, les llegará el turno a los pensionistas.
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El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales, en el marco de la primera pata de la reforma de pensiones que se encuentra en estos momentos en tramitación en el Congreso y que se espera que esté aprobada antes de final de año, permitirá que las pensiones suban por ley, a partir del 1 de enero, en función de la inflación del año anterior. Así figura en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se ha comprometido públicamente el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Pero, ¿subirán en la misma medida que está creciendo el IPC en los últimos meses? No. La norma contempla que la fórmula de la revalorización tenga en cuenta el IPC medio de diciembre a noviembre del ejercicio anterior. De esta manera, habrá que esperar al dato del próximo mes para conocer a cuánto ascenderán estas cuantías, aunque los expertos ya prevén que el incremento será el mayor de la última década.
Las pensiones podrían subir unos 30 euros mensuales
Teniendo en cuenta que la inflación media de los últimos diez meses supera el 2 %, y con los precios disparados en octubre en el 5,4 %, el pronóstico de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) es que continúe esta senda alcista en la recta final de año y termine con una media en el entorno del 3 %. “Si el precio de la energía se estabiliza, es probable que a partir de la primavera que viene volvamos a sendas de inflación más razonables alrededor del 2 %”, apunta a RTVE.es el director de coyuntura de Funcas, Raymond Torres. De hecho, en 2022, el centro de análisis estima que el IPC se situará en niveles cercanos al 2,6 %.
No obstante, en un escenario tensionado, donde el precio del gas siga al alza y se prorrogue la subida de la electricidad hasta el final del primer trimestre de 2022, el Funcas prevé que la tasa de inflación podría ascender hasta el 5,5 % en diciembre, manteniéndose la media anual para este año y el que viene entre el 3 y el 3,1 %, respectivamente.
De cumplirse estas previsiones, los 8,9 millones de pensionistas comenzarán el año con una subida de unos 30 euros mensuales de media, teniendo en cuenta que la pensión media en octubre -jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares- se situaba en los 1.037,48 euros, según los datos del Ministerio de Seguridad Social. Así, la prestación media rozaría los 1.070 euros mensuales o, lo que es lo mismo, unos 420 euros más anuales -ya que las prestaciones contributivas se perciben en 14 pagas al año-, a los que habría que añadir la 'paguilla' que recibirán a comienzos de 2022 por la desviación de la inflación de este año.
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El aumento será mayor para los 6,1 millones de jubilados en España, cuya pensión media se situaba en octubre en los 1.193,81 euros. En caso de finalizar con una inflación media del 3 %, el incremento ascenderá hasta los 34 euros, lo que elevará la prestación hasta los 1.228 euros, 476 euros más al año. Mientras que los casi 2,4 millones de ciudadanos que reciben una pensión por viudedad, de 741,93 euros de media, ganarían uno 21 euros más al mes.
Por su parte, según los cambios aprobados por el Gobierno, las pensiones mínimas y no contributivas no se revalorizarán con la inflación y subirán en un porcentaje fijo del 3 % en 2022, independientemente del resultado del IPC a final de año. Esta medida afecta a un total de 2,2 millones de personas que cobran actualmente una pensión mínima, así como a los 446.000 beneficiarios de una prestación no contributiva –aquellos que no han podido cumplir los requisitos de cotización exigidos para las pensiones contributivas y que, de otra forma, se quedarían desprotegidas-. No obstante, todo dependerá de su aprobación final en el Congreso.
El mayor incremento en los últimos 12 años
Este incremento de las pensiones para el próximo año en el entorno del 3 % es el mayor de los últimos 12 años. Hay que remontarse al año 2009 para encontrar una revalorización similar en las pensiones contributivas, cuando subieron un 2,4 %. A partir de entonces, con la irrupción de la crisis financiera, la cuantía disminuyó notablemente: en 2010 se revalorizaron un 1 %, en 2011 se congelaron y entre 2014 y 2018 se implantó la fórmula del 0,25 % mientras la Seguridad Social estuviera en déficit.
No obstante, esta histórica subida para el próximo año tendrá irremediablemente su reflejo en las cuentas públicas. “La factura de las pensiones va a tener que ajustarse para tener en cuenta una inflación que posiblemente estará por encima del 3 % a final de año y esto impulsa, con el nuevo mecanismo de cálculo de pensiones, el gasto público. Esto es evidente que tiene un impacto inmediato”, señala Torres. Según los cálculos de Funcas, esta revalorización podría suponer un gasto adicional de más de 3.000 millones de euros que, sumado a la ‘paguilla’ compensatoria, podría superar los 5.000 millones de coste extra.
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Precisamente el gasto en pensiones ha obligado al Gobierno a aumentar la cuantía destinada en las cuentas públicas de 2022. De los 240.375 millones de euros presupuestados para financiar políticas públicas, sin contar con los fondos europeos, 171.165 millones estarán reservados a pagar las pensiones, el 37,3 % del gasto público. Se trata de la partida que más contribuye al crecimiento del Presupuesto, tras crecer en 7.868 millones. Sin ese incremento, el gasto presupuestario sería inferior al de 2021.
Escrivá garantiza que las pensiones subirán con el IPC
El ministro de Inclusión y Seguridad Social aseguraba esta semana, durante la sesión de control al Gobierno, que la revalorización de las pensiones de acuerdo IPC "está garantizada", ya que responde a una recomendación del Pacto de Toledo para mantener el poder adquisitivo y se hará "con un mecanismo absolutamente impoluto, indiscutible". "Aseguramos que sea la inflación media del año anterior y se va a aplicar indefinidamente. Eso quiere decir que en cualquier ventana el poder adquisitivo de las pensiones, su revalorización con el IPC, está garantizada", subrayó Escrivá.
Sin embargo, hay organismos como el Banco de España que no están de acuerdo con esta subida al considerar que pueden terminar "alimentando adicionalmente el actual proceso inflacionista". Así lo señaló el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso. A su juicio, "sigue siendo necesaria una revisión del sistema público de pensiones que garantice su sostenibilidad", un proceso que debe abordarse con "transparencia" para que los ciudadanos puedan "planificar convenientemente sus decisiones de trabajo y jubilación, y de consumo y ahorro".
Y apuntó que la traslación al Estado de parte de los gastos de la Seguridad Social sanea este subsector "a costa de aumentar las obligaciones financieras del Estado", por lo que tiene un impacto "nulo" en la sostenibilidad de las cuentas públicas. "El déficit estructural del sistema volverá a ampliarse en los próximos años", advirtió.
Precisamente la reforma de las pensiones es uno de los compromisos del Gobierno con la Comisión Europea para que lleguen los fondos europeos. Este miércoles se hacía público que Bruselas ha exigido a España que a finales del año que viene entre en vigor un ajuste para alargar el periodo de cómputo por el que calcula la pensión de jubilación. Sin embargo, el propio Escrivá desmentía tal información en RNE este jueves, tildando el asunto de "serpiente de verano que puso en marcha Pablo Iglesias" y asegurando que las pensiones no bajarán.