El Gobierno ha propuesto a los agentes sociales un nuevo diseño de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), según han confirmado a TVE fuentes de la negociación con patronal y sindicatos sobre la reforma laboral
Plantean que haya tres tipos: uno por fuerza mayor, parecido al que ya existe y otros dos, para reciclar trabajadores, reestructurar empresas e, incluso, reconvertir sectores enteros. En este caso, deberá autorizarlo el Consejo de Ministros.
Los agentes sociales tienen el borrador con la propuesta desde hace unos días y, este miércoles, se abordará en la mesa de negociación, de acuerdo con las mismas fuentes.
Restructuración de empresas y reconversión de sectores
El documento desarrolla el 'Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del empleo' y describe tres modalidades de ERTE. Una de los nuevos tipos será de restructuración, con el objetivo de que los trabajadores puedan reciclarse y ser trasladados a otras empresas o sectores.
En ese caso, la empresa de origen del trabajador podrá transferir hasta un 50% de la cuantía del despido improcedente que correspondería al trabajador al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). De este modo, la empresa de destino no tendrá que asumir los costes del despido y la antigüedad si se rescinde el contrato. Además, se baraja incorporar desgravaciones en la Seguridad Social para las organizaciones que acojan.
Una segunda modalidad de ERTE servirá para sectores que deban reconvertirse por causas coyunturales. En estos casos, el Consejo de Ministros deberá aprobar el mecanismo.
Por fuerza mayor
Finalmente, el ERTE por fuerza mayor, parecido al que ya existe, servirá para las empresas que no puedan continuar con su actividad por situaciones excepcionales e imprevisibles como catástrofes naturales o como ha ocurrido con la pandemia de coronavirus. Se financiará por un fondo conjunto de patronal y sindicatos para cubrir los costes, incluidos los de formación, incorporados recientemente.
Los tres tipos de ERTE solo podrán aplicarse mientras tengan la autorización por parte del Gobierno, con un máximo de dos prórrogas, de seis meses cada una.
En todo caso, la solicitud por parte de las empresas deberá acompañarse con una justificación de sus pérdidas y su vinculación con las causas recogidas en la ley. Se exigirá también un plan de recolocación, formación y atención personalizada a los trabajadores afectados.
Puesto que se trata de un borrador en el marco de las negociaciones del Gobierno con patronal y sindicatos por la reforma laboral, esta propuesta está sujeta a modificaciones y nuevas medidas que puedan valorar el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Las cifras de trabajadores en ERTE asociados a la COVID-19 se situaron en octubre en su menor nivel desde el inicio de la pandemia: 239.230 personas. Supone un descenso de 48.512 personas con respecto al último día de septiembre si se mide por fecha de notificación y de 43.329 personas si se hace por fecha de alta. Desde mayo de 2020, cuando 3,6 millones de trabajadores estaban en ERTE, más del 94,7 % ya lo han abandonado.